La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha anunciado que su ministerio trabaja en un Plan Integral de Atención a la Familia que incluirá ayudas para que las familias numerosas paguen menos por sus medicamentos
Madrid, 26 de junio de 2012 (medicosypacientes.com/E.P.)
La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha anunciado que su ministerio trabaja en un Plan Integral de Atención a la Familia que incluirá ayudas para que las familias numerosas paguen menos por sus medicamentos
La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad hizo este anuncio en el marco del Foro ‘Ideas+Diálogo en Sanidad’ organizado por Europa Press, en el que estuvo arropada por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y los ministros Luis de Guindos, Cristobal Montoro, Fátima Bánez y José Manuel Soria, además del presidente del Congreso, Jesús Posada, los presidentes autonómicos de Madrid, Esperanza Aguirre; Murcia, Ramón Luis Valcarcel; y Aragón, Luisa Fernanda Rudi, y la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, así como numerosos consejeros autonómicos de sanidad.
También han estado presentes representantes de los colegios profesionales de médicos, enfermeros y farmacia, entre ellos, el presidente de la OMC, Dr. Juan José Rodríguez Sendín; de sociedades científicas, del sector de la sanidad privada y de la industria.
En su intervención, Ana Mato destacó la importancia de la institución familiar que “ha sido –dijo- la primera y la última red de protección frente al paro y la exclusión social”, y, tras recordar que actualmente hay en España un millón de familias sin ingresos, anunció un Plan Integral de Atención a la Familia que incluirá ayudas para que las familias numerosas paguen menos por los medicamentos.
Lamentó que, en la modificación del copago farmacéutico que entra en vigor el próximo 1 de julio, no se haya podido establecer, «por motivos técnicos», ninguna categoría especial para las familias numerosas, ya que los nuevos baremos se han centrado en la renta y la edad y dijo que “las familias numerosas se merecen una excepción» y, por ello, “en el futuro buscaremos la manera para que las familias con más hijos tengan alguna posibilidad de pagar menos». En este sentido, avanzó que una opción podría ser que el pago fuera por unidad familiar y no por individuo, como hasta ahora.
Se refirió al copago farmacéutico, que entrará en vigor a partir del 1 de julio, según el cual, los trabajadores activos pasarán de pagar un 40 por ciento del precio de sus medicamentos a hasta un 50 ó 60 por ciento, en función de si sus ingresos son superiores a los 18.000 ó 100.000 euros anuales. Sobre las dudas expresadas al respecto de comunidades autónomas como Asturias, País Vasco y Catalunya sobre si el sistema está preparado para llevarlo a cabo, la ministra Ana Mato afirmó que está convencida que el sistema está preparado para ello, gracias a la puesta al día de la tarjeta sanitaria, con el cruce de datos de su ministerio y los de Hacienda y Empleo y Seguridad Social.
En cuanto a los pensionistas, que hasta ahora no pagaban nada y pasarán a pagar un 10 por ciento con un tope de 8 ó 18 euros en función de su renta, la ministra explicó que, en caso de que sobrepasen esta cuantía y haya que devolverles dinero, se hará «trimestral o semestralmente» y se ingresará en la misma cuenta bancaria en la que se les ingrese la pensión.
Precisamente y, gracias al cruce de datos de su departamento con los otros ministerios, Ana Mato dijo que, actualmente, hay unas 200.000 personas en España que no están pagando por sus medicinas porque utilizan la tarjeta de un pensionista para adquirirlos gratis en las oficinas de farmacia.
Explicó que, al poner al día la base de datos de los 45 millones de españoles, se ha descubierto que hay “800.000 personas que tenían tarjeta sanitaria como beneficiario dependiendo de un titular cuando tenían derecho a tener una tarjeta de titular» y que, de ellas, “200.000 personas no estaban pagando medicamentos porque tenían la tarjeta de un pensionista, cuando tenían rentas suficientes como para afrontar ese pago».
Agradeció el esfuerzo realizado por las comunidades autónomas para la puesta en marcha del copago farmacéutico y expresó su confianza en que ninguna vaya a «incumplir la ley». No obstante, reconoció que las comunidades tienen autonomía para buscar otra fórmula, siempre que cumplan los plazos establecidos por la ley.
Por otro lado, Ana Mato ha defendido la desfinanciación de determinados grupos de medicamentos, siempre que se trate de aquellos con escaso valor terapéutico, que sirvan para síntomas menores y cuyo precio sea bajo.
Precisó que el objetivo de todas estas medidas es «disuadir de la compra de medicamentos que no son necesarios» y, tras señalar que «todos tenemos en casa un botiquín de medicamentos, y muchos acaban en la basura», recordó que anualmente se desechan 3.700 toneladas de medicamentos en el punto SIGRE.
La ministra de Sanidad defendió las medidas incorporadas en el Real Decreto-Ley de reformas sanitarias con el que inicialmente se pretendían ahorrar 7.000 millones de euros y ha asegurado que, con estas modificaciones de las médicas, al final se va a conseguir un ahorro de 400 a 500 millones más de los previsto, gracias al esfuerzo realizado por las comunidades.
Ana Mato ha defendido también la apuesta del Gobierno para subsanar el pago a proveedores y acabar con la deuda del Sistema Nacional de Salud (SNS), que actualmente asciende a unos 16.000 millones de euros y afecta entre otros a la industria farmacéutica, a quien ha pedido que sigan apostando por la innovación y el desarrollo de nuevos medicamentos.
Precisamente, ha señalado que, sin duda, el mayor problema era la deuda sanitaria de 16.000 millones de euros, que en los últimos dos se ha disparado un 173% y ha destacado el caso de alguna Comunidad Autónoma, que tenía 750.000 facturas sanitarias sin abonar. “Con esta deuda –afirmó- se ha puesto en riesgo de forma irresponsable el suministro de medicamentos”. Por ello, dijo que, de los 35.000 millones de euros del Plan de Pago a Proveedores, un total de 12.110 se han destinado a la Sanidad.
Durante su intervención, Ana Mato ha afirmado que la crisis ha acelerado las “debilidades del modelo de bienestar europeo” y ha señalado que en Europa y en España, “tenemos claro que queremos conservar este gran instrumento de solidaridad, no sólo en tiempos de bonanza, sino también en tiempos de crisis”.
Señalar que del modelo de bienestar “debemos ocuparnos todos, asumiendo responsabilidades individuales” porque contar con una buena sanidad pública, una educación pública, unas pensiones o un seguro por desempleo “requiere que los ciudadanos entendamos que los servicios y prestaciones tienen un coste que no podemos ignorar”.
Dijo que los “buenos gobiernos europeos” han planteado reformas porque “lo peor para la sociedad del bienestar y para afrontar la crisis es la pasividad” y, ante la cuestión de “recortes o reformas”, Ana Mato, se pronunció a favor de lo segundo porque “los recortes son simples parches y una mala terapia del que no se ha ocupado de las reformas”, mientras que las reformas, en cambio, “buscan resolver los problemas presentes y salvaguardar el bienestar futuro”.
La ministra reconoció que “las reformas significan sacrificios”, pero ha recordado que el Gobierno “insiste en que sean equitativos” y que “bajo ningún concepto se le puede pedir el mismo esfuerzo a una persona que está en el paro o que percibe una pensión mínima que a una persona que tiene empleo o percibe rentas altas”.
La ministra explicado cómo se gestó la reforma sanitaria, bajo tres principios: la cohesión, la igualdad en el acceso a las prestaciones y la eficacia de los servicios de salud y su coordinación con los servicios sociales. Éstos son los principios que han estado en el origen del Pacto por la Sanidad y los Servicios Sociales, propuestos a las Comunidades Autónomas.
Habló del primer acuerdo por la Sanidad, materializado en el Real Decreto Ley 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y aseguró que la norma “consolida el principio de universalidad” sin cambiar el modelo, sino garantizando su mantenimiento y, a su vez, “protege a los más desfavorecidos”.
Entre las principales medidas, Mato ha destacado la “cartera común de servicios básicos para todas las autonomías, manteniendo el compromiso electoral de una asistencia sanitaria gratuita, sin copago”. Asimismo, ha recordado que, por primera vez, los parados de larga duración no pagarán nada por los medicamentos” ha hecho referencia a la puesta en marcha de la Red de Agencias de Evaluación de Tecnologías, el freno al turismo sanitario, que costaba 1.000 millones al año y la tarjeta única interoperable son algunas de las novedades destacadas.
