El Dr. Antonio Ares, delegado territorial de Bahía de Cádiz del Colegio de Médicos gaditano, reflexiona en este artículo sobre la necesidad de volver a contruir el Sistema Nacional de Salud tras la crisis provocada por al COVID-19 que he puesto de manifiesto las carencias de un sistema que encesita financiación, reformas y una apuesta decidida por su recuperación
Aquella película de José Luis Garci fue estrenada en España en 1981. La acogida por parte de la crítica no es que fuera tibia, fue nefasta. Se titulaba “Volver a empezar”, y narraba la historia de un exiliado republicano que, tras la instauración de la democracia en España, regresa a su ciudad natal, donde se vuelve a encontrar con la mujer que fue el amor de su juventud. Como siempre, lo español triunfa fuera. La cinta fue seleccionada como candidata al premio Oscar a la Mejor Película Extranjera. Para sorpresa de los cinéfilos críticos y derrotistas obtuvo el Oscar, convirtiéndose en la primera película española que obtuvo tal galardón. Gracias a este reconocimiento internacional, se convirtió, a posteriori, en un éxito de taquilla al año siguiente en nuestro país
Ahora a nosotros nos toca a todos volver a empezar.
Los Organismos Internacionales más prestigiosos lo acreditaban, nuestro Sistema Público de Salud era de los mejores del mundo. Sociedades científicas de alto copete daban buena cuenta de ello. Nuestros políticos, oportunistas donde los haya, sacaban pecho. La ciudadanía se vanagloriaba de tener garantizada una sanidad de calidad, gratuita y al alcance de todos. Y no fue verdad del todo.
La pandemia ha venido a demostrar la fragilidad de este Sistema, otrora aplaudido por todos.
Nuestra Constitución recoge en su artículo 43 “el derecho a la protección de la salud, encomendando a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios”. En su artículo 41 “establece que los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad”.
En el año 1986 entró en vigor la Ley 14/1986 de 25 de abril, General de Sanidad. Después de casi 35 años ha permanecido como una de las normas de nuestro ordenamiento jurídico más inamovible. Al contrario de lo ocurrido con otras leyes que tienen que ver con el ámbito de otros pilares fundamentales del estado de bienestar, como son las múltiples Leyes de Educación y de la malograda y maltratada Ley de Dependencia. Esta Ley de Sanidad es de aplicación en todo el territorio nacional, y reconoce como titulares de los derechos a la protección de la salud y la atención sanitaria a todos los españoles y extranjeros en el territorio nacional, a los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea que tengan los derechos que resulten del desarrollo normativo europeo y de los tratados y convenios que se suscriban por el Estado español y les sean de aplicación, y a los nacionales de Estados no pertenecientes a la Unión Europea que tengan derechos que los reconozcan las leyes, los tratados y convenios suscritos”
Y después llegaron los desarrollos normativos de los diferentes Estatutos de Autonomía, recogidos en los artículos 146 y 147 de nuestra Constitución. Y el derecho a la salud empezó a depender de un simple código postal.
La Covid-19 ha venido a demostrar que la grandeza de nuestro Sistema Público de Salud dependía de la valía y entrega incuestionable de sus profesionales. Reconocidos por la comunidad científica internacional, y de la precariedad de sus condiciones laborales que los hacían altamente rentables en la relación calidad precio. España ocupa el puesto número 13 en cuanto a inversión en sanidad pública por habitante con 1626 €, frente a los 4409 € de Dinamarca, los 3913 € de Alemania y los 3677 € de los Países Bajos.
Y llegó la pandemia. Y se decretó el confinamiento, Y el miedo se instaló en nuestro horizonte como única línea de meta. Y se llegó a plantear que la grandeza de un Sistema Público de Salud estaba basada en el número de camas de UCI por cada mil habitantes, o que el número de respiradores de última generación era un indicador de la calidad de la salud pública de un país.
De nuevo se volvió a primar que las bondades de un Sistema Sanitario están relacionadas con las tecnologías punta y con el número de camas de hospitales de tercer nivel. Qué la Atención Primaria era sólo del día a día y de una asistencia simple y barata que carecía de importancia. Y llegaron los aplausos, y a nuestros dirigentes se les llenó la boca con promesas basadas en el discurso de que habían aprendido la lección. Qué nunca más volvería a suceder. Qué jamás un virus ridículo y traicionero los iba a coger desprevenidos. Qué no escatimarían en recursos de todo tipo para garantizar una atención basada en los principios de proteger, promover y restaurar la salud de la población. Qué el dinero que llegase de Europa se invertiría en las necesidades de la población. Qué nunca más harían falta hospitales de campaña, que los profesionales sanitarios tendrían los medios de protección adecuados a su alcance, y que el reconocimiento que la sociedad les había otorgado sería compensado con creces.
Y se empezaron a crear comisiones interministeriales e interterritoriales, y los comités de expertos empezaron a proponer alternativas que cayeron en saco roto. Y algunos recordaron que la Ley General de Salud Pública Española de 2011 aún está por desarrollar. Qué sus principios de equidad, pertenencia, precaución, evaluación, transparencia, integralidad y seguridad están vacíos de contenido. Qué los derechos de información, participación, igualdad y respeto a la dignidad han quedado cercenados en pro de mostrar la crudeza de la realidad que estamos viviendo.
Y acabó el confinamiento, y nos creímos que todo había sido una pesadilla. Y la alegría contenida se instauró en nuestra forma diaria de vivir. Parecía que la cosa estaba bajo control. Y le dimos las llaves de nuestra seguridad al turismo y al ocio. Y con las ganas contendidas, de meses de contención y retiro, nos empezamos a conformar con unas cañas y reuniones familiares. Y la cosa se torció. Y se nos presentó la segunda oleada de la Covid-19. Nos volvimos a situar como nos gusta, a la cabeza de contagios en toda Europa. Las muertes se triplicaban, crecían los brotes y los contagios diarios se desmadraban. Los ingresos hospitalarios se multiplicaban por diez, y a los profesionales sanitarios se les helaron las carnes, volvieron a temblar de impotencia.
Nuestras autoridades sanitarias aún seguían hablando del “sexo de los ángeles”. Y no habían previsto que esto podía ocurrir, y no tenían alternativas dignas de ser consideradas como tales. Aún teníamos la tarea por hacer. Habíamos perdido cuatro meses en diatribas de política de poco calado. Nos enfrentábamos a una segunda realidad que podía ser más cruel por la mala experiencia acumulada. Y delante se nos presentaba un otoño mucho más que gris.
La crisis desatada por la Covid-19 ha puesto al descubierto las debilidades de nuestro Sistema Sanitario. Ahora se ponen de manifiesto los resultados de los recortes en inversiones y de la caída alarmante de la financiación pública de la sanidad.
Expertos en salud pública y en epidemiología, sociedades científicas, organizaciones sanitarias, asociaciones de pacientes se han dirigido a los miembros de la Comisión de Reconstrucción del Congreso proponiéndole recomendaciones para reforzar nuestro Sistema Nacional de Salud. Algunas de ellas pasan por incrementar y garantizar el presupuesto en Sanidad Publica, acercándolo a la media europea (alrededor de 2.600 € por habitante y año), reforzar la Atención Primaria como eje del sistema sanitario público, aumentar las infraestructuras hospitalarias, mejorar la capacidad de respuesta del sistema ante futuras pandemias, asegurar la coordinación y cooperación de los efectivos y recursos entre las diferentes Comunidades Autónomas, fortalecer a investigación en salud, y establecer alianzas firmes y reales entre los servicios sanitarios y los servicios sociales.
Sólo así conseguiremos volver a la senda de una sanidad pública de calidad, universal, gartuita y accesible.
Lo que está ocurriendo en las Residencias de Mayores es otra película. ¡Ojalá no sea la cinta de Alfred Hitchcock “Con la muerte en los talones.
