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Vocalía de Admón. Públicas pide colaboración a los Consejos de Médicos autonómicos en el traspaso de Sanidad Penitenciaria

La Vocalía Nacional de Administraciones Públicas de la OMC, a través de la Dra. Carmen Hoyos, solicitó a los Consejos Autonómicos de Colegios de Médicos, en el último Pleno de la OMC, su colaboración para que medien ante las Consejerías de Sanidad en el proceso de transferencia de la Sanidad Penitenciaria, actualmente dependiente del Ministerio del Interior, en la mayoría de las CC.AA. Ello que está generando, según la Dra. Hoyos, "una situación de incumplimiento legal  que está causando una grave discriminación a los profesionales que trabajan en este ámbito asistencial"

La coordinadora de Sanidad Penitenciaria de la OMC, Dra. Carmen Hoyos hizo una exposición en el último Pleno de la OMC sobre la situación en la que se encuentra este tipo de asistencia de cara a sus transferencias al ámbito sanitario, un proceso que se prolonga desde los inicios de la primera década del 2000. “La transferencia de la sanidad penitenciaria se empezó a trabajar en 2004 a partir de una serie de iniciativas políticas aunque, lamentó, sin ningún efecto”.

 
Actualmente, la Sanidad Penitenciaria depende del Ministerio del Interior, a través de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, pese a que la Ley de Cohesión y Calidad en su disposición adicional sexta ordena la integración de los servicios sanitarios de los centros penitenciarios en los correspondientes de las comunidades autónomas, un mandato ya contemplado en la Ley General de Sanidad en 1986.
 
Desde ese momento, asegura, “estamos ante una  situación de incumplimiento legal  que está causando una grave discriminación a los profesionales, afectando a unos 1.500 sanitarios (médicos, enfermeros, farmacéuticos y auxiliares de clínica) en todo el territorio nacional, excepto Cataluña y País Vasco. Se trata, a su juicio, de una situación que ha acarreado graves discriminaciones para la población privada de libertad y los profesionales encargados de su asistencia.
 
Como muestra de dicha situación, la también vocal de médicos de Admón. Públicas del Colegio de Médicos de Cáceres recordó haber tenido que llegar, incluso, al Tribunal Supremo “para dar por finalizado el uso de una guía farmacoterapéutica que teníamos impuesta desde el Ministerio del Interior, que debía ser empleada a la hora de realizar actividades clínicas diarias”.
 
Otro de los ejemplos a los que se refirió fue el relativo a la situación de la farmacia penitenciaria. Según datos de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH) se asegura que más del 50% de las farmacias de los centros penitenciarios son ilegales y están atendidas por médicos, enfermeros y resto de profesionales no cualificados para ello. 
 
Desde su punto de vista son los políticos los que “tienen que ponerse manos a la obra para llevar a cabo el cumplimiento de la ley de cohesión y calidad, aunque afirmó que existe voluntad unánime por parte de todos los grupos políticos para llevar a cabo dicho traspaso de competencias, como lo demuestra la aprobación el pasado año tanto en el Congreso como en el Senado, sendas mociones con la aprobación por parte de todos los Grupos Políticos.
 
Receptividad del Ministerio del Interior
 
Es por ello que se mostró convencida de que desde el Ministerio del Interior “no se pondría ninguna traba a la transferencia de la sanidad penitenciaria a las comunidades autónomas y así se han manifestado sus responsables”. De ahí que, su juicio, el principal trabajo ahora es centrarse en las CC.AA., que no tienen todavía realizada la transferencia, que son todas, a excepción de Cataluña y País Vasco, como afirmó. “Tanto el País Vasco como Cataluña tiene estas competencias transferidas desde hace años y se puede decir que ha sido un éxito tanto desde un punto de vista práctico como político con alto nivel de satisfacción por parte de todos los agentes intervinientes”.
 
Sin embargo, la Vocalía Nacional así como desde la Administración Central se están encontrando con serias dificultades para llegar hasta las comunidades autónomas”. De ahí, su insistencia de la colaboración de los responsables de los Consejos Autonómicos de Colegios de Médicos para poder acceder a las CC.AA. correspondientes “con el fin de poder trasladar a los consejeros todas nuestras inquietudes y posibles soluciones”.
 
En este sentido, puso el ejemplo de Andalucía, donde existe una estrecha colaboración con el Consejo de Médicos Andaluz. “Ha colaborado con nosotros –añadió- a nivel político con buenos resultados prueba de ello ha sido la creación de un grupo de trabajo entre la comunidad autónoma andaluza y el Ministerio del Interior”. Para la Dra. Hoyos, “ese es un ejemplo para seguir trabajando de la misma forma en otras comunidades autónomas”. Al respecto, pidió a los consejeros que “dejen de tener miedo a la sanidad penitenciaria”, seguramente, a su juicio, “por falta de acercamiento”.
 
Desde su punto de vista, son los aspectos legales del día a día, puesto que, como dijo, “en las prisiones no funciona nada sin la firma de un médico”, o el hecho de que haya profesionales que puedan aprovechar la oportunidad para cambiar su puesto de trabajo, lo que más genera intranquilidad a los propios consejeros junto a las connotaciones económicas de la transferencia.
 
En este sentido, aludió a un sondeo que se ha hecho en todos los centros penitenciarios para saber qué grado de interés existe entre los profesionales que se dedican a este tipo de asistencia por permanecer en la misma.  Los resultados de la encuesta, según comentó, “indican que no hay nada de qué preocuparse porque los facultativos que se encargan de las personas privadas de libertad no tiene ninguna intención de trasladarse a otros puestos de trabajo”. Ligado con lo anterior está el problema de las plantillas envejecidas, ante las que planea las jubilaciones dentro de este colectivo.
 
Hoja de Ruta
 
Es por ello que para avanzar en este objetivo, se ha elaborado una hoja de ruta junto a un serio estudio económico en colaboración con la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria (SESP) y el Sindicato Profesional de Sanidad Penitenciaria (SPSP) “que sirva para una actuación conjunta ante la posible transferencia”, según expuso ante el Pleno del CGCOM.
 
La propuesta incluida en la hoja de ruta es la de realizar la transferencia de la Sanidad Penitenciaria, por vía de real decreto al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) de forma transitoria. “A través del Consejo interterritorial de Sanidad se puede hacer una transferencia con todos los que intervenimos en el proceso para evitar que no haya discriminaciones entre unas comunidades y otras en función del signo político de cada una”, explicó.
 
Actualmente, la sanidad penitenciaria no transferida está encuadrada dentro del Ministerio del Interior en la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias de la que depende la planificación organización y dirección de las actividades tendentes al mantenimiento y mejora de la higiene y de la salud del medio penitenciario y en especial el establecimiento de sistemas de información sanitaria y de vigilancia epidemiológica de las enfermedades prevalentes en el medio penitenciario. De dicha secretaria también dependen programas de prevención tratamiento y rehabilitación de drogodependencias
 
La propuesta puesta sobre la mesa es la integración inmediata de la sanidad penitenciaria en el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria INGESA mediante la creación de una Dirección Territorial de Sanidad penitenciaria que asumiría de forma inmediata la estructura sanitaria y las competencias sanitarias de todos los centros penitenciarios con la sanidad no transferida a las comunidades autónomas. 
 
Como principales ventajas derivadas de la futura integración de los servicios sanitarios penitenciarios se destacan cuatro, fundamentalmente: 
 
1-Ofrece la posibilidad de crear y probar en el marco de la institución penitenciaria un área que facilite la coordinación sanitaria entre todos los centros penitenciarios situados en distintas comunidades autónomas así como definir un sistema de vigilancia epidemiológica y de coordinación para el seguimiento de las patologías más prevalentes en el medio penitenciario.
 
2- Permite adecuar el funcionamiento de los centros de salud que se generarán en cada centro penitenciario, a los estándares requeridos para un servicio de salud de una comunidad autónoma e integrar perfectamente su funcionamiento con la estructura penitenciaria.
 
3- La competencia en Sanidad penitenciaria quedaría integrada en las competencias del Ministerio de Sanidad, lo que permitiría una transferencia mediante acuerdo del Consejo Interterritorial del SNS de forma conjunta a todas las comunidades autónomas sin competencias en sanidad penitenciaria.
 
4-Un acuerdo de estas características supondría una transferencia con igualdad de condiciones para todas las comunidades autónomas con adecuada financiación y dotación de personal.
 
El nuevo Área de Sanidad Penitenciaria, según la hoja de ruta de estas Organizaciones, pivotaría sobre dos ejes. Por un lado, ordenación sanitaria que englobaría: asesoramiento a las direcciones de los centros penitenciarios en materia sanitaria; y traslados por motivos sanitarios o que precisan intervención sanitaria, gestión sanitaria de medidas de seguridad, informes a autoridades penitenciarias, y poder judicial. Además, se facilitaría el intercambio de información sanitario entre los distintos centros penitenciarios.
 
El otro eje, el de vigilancia epidemiológica, contempla: la vigilancia epidemiológica de los centros penitenciarios; la elaboración de las estadísticas anuales; información a las CC.AA; y el consenso con las CC.AA. de protocolos de seguimiento e intervención.
 
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