El informe Olivenza 2014 es un documento de carácter general sobre la situación de las personas con discapacidad en España, realizado por el Observatorio Estatal de la Discapacidad (OED), tal como se estipula en la Ley General de los derechos de las personas con discapacidad
Madrid, 23 de diciembre de 2014 (medicosypacientes.com)
El informe Olivenza 2014 contiene una panorámica general sobre la población con discapacidad en España, realizada a partir de fuentes de información fundamentalmente legislativas y estadísticas. Dada su especial implicación con la Comunidad Autónoma de Extremadura, el informe aborda de manera específica, la situación de la población con discapacidad en esta región.
Tras una breve introducción, se ofrece un repaso detallado de los avances legislativos que han resultado relevantes para las personas con discapacidad en el entorno internacional, estatal y regional, abordando la aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el desarrollo de las estrategias europea y española para 2020, así como una serie de temas específicos relacionados con empleo, pensiones y dependencia.
El tercer capítulo contiene una propuesta metodológica completa para la medición de manera estable y sistemática del los niveles de inclusión social de las personas con discapacidad, en comparación con la población general. Para ello se detallan medidas relevantes para un mejor cálculo estadístico del fenómeno, y se aporta un sistema de indicadores de inclusión social de las personas con discapacidad basado en tres ejes: inclusión económica, derechos e integración social, que se desgranan en los capítulos cuatro, cinco, seis y siete.
En lo relativo al primer eje, el de la inclusión económica, la desventaja de la población con discapacidad se cuantifica en casi un 33% respecto a la población general, que se explica fundamentalmente por la enorme diferencia en cuanto a tasa de actividad laboral por un lado, y por una distancia también relevante en los niveles de pobreza.
En concreto, el riesgo de pobreza afecta al 32% de la población con discapacidad, casi 5 puntos por encima de la población general. Por su parte, la pobreza severa afecta a un 14,7% de la población con discapacidad, por un 9,6% en la población sin discapacidad.
Respecto a la población en situación laboral activa, el análisis de la ganancia bruta (salario) indica diferencias relevantes cercanas a los 2,500 euros anuales entre personas con y sin discapacidad, con diferencias muy acusadas en función de sexo y edad.
En relación a los derechos, y en concreto en la educación, las desventajas muestran ciertos signos de estancamiento, sobre todo en lo relevante a reducción de tasas de analfabetismo en la población con discapacidad. Las diferencias en el acceso a la educación superior son también muy acusadas: casi un 21% de la población sin discapacidad tiene estudios superiores, por un escaso 6,7% de la población con discapacidad.
Por su parte, el escenario de la integración social continúa siendo aquel en el que las distancias respecto a la población sin discapacidad son más amplias. En el informe Olivenza se detalla información sobre la escasez de relaciones sociales, oportunidades para la participación, por ejemplo en actividades de ocio. El 21,5% de la población con discapacidad reconoce que tiene muy pocos o ningún amigo y son mayoría (91%) los que encuentran dificultades por discapacidad para realizar actividades culturales, deportivas o recreativas.
El informe Olivenza desgrana información relevante sobre la extraordinaria discriminación que afecta a las mujeres con discapacidad, a la que dedica además un capítulo completo, el número ocho. Si bien los niveles de riesgo de pobreza no son muy diferentes entre varones y mujeres con discapacidad, sí lo son cuando se observa el umbral de pobreza severa, bajo el que las mujeres alcanzan un 15,7% de la población, lo que representa casi seis puntos porcentuales por encima de las personas sin discapacidad. Las mujeres reconocen disponer, en general, con menos recursos de apoyo que los varones para actividades de la vida diaria.
En la Comunidad Autónoma de Extremadura residen algunas más de 110.000 personas con discapacidad, cifra que crece hasta unas 160,000 si añadimos aquellas que tienen cualquier tipo de limitación por condicionantes de salud. De ellas, casi cien mil han sido reconocidas oficialmente por los servicios regionales de valoración de la discapacidad. Aproximadamente 6 de cada 10 personas con discapacidad en Extremadura son mujeres.
La inclusión de la población con discapacidad en la región presenta resultados relevantes, con diferencias evidentes respecto a la población española. Si bien encontramos más población general bajo los umbrales tanto de pobreza relativa como severa, las diferencias entre población con y sin discapacidad son menores.
Este patrón de diferencias amplias respecto a la población general española y más estrechas respecto a la población sin discapacidad de la región, se repite también en otros ámbitos como el de acceso a estudios, relaciones sociales o participación social. Las principales barreras para la inclusión social se encuentran para salir de casa, realizar actividades de ocio, transporte y acceso a edificios.
