Los representantes de los principales partidos políticos, a excepción del PP, se posicionaron contra el R.D 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del SNS, durante una mesa redonda en el XXII Congreso de la SEMG, que contó con la participación del presidente de la OMC quien duda de su legitimidad al entender que rompe con los compromisos con los ciudadanos españoles al sentar las bases para la transformación del SNS en un sistema de Seguridad Social
A Coruña, 1 de junio 2015 (medicosypacientes.com/S.P.)
Los representantes de los principales partidos políticos, a excepción del PP, se posicionaron contra el R.D 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del SNS, durante una mesa redonda en el XXII Congreso de la SEMG, que contó, además, con la participación del presidente de la OMC quien expresó sus dudas sobre la legitimidad de dicha norma al entender que “rompe los compromisos con los ciudadanos españoles al provocar la transformación del SNS en un sistema de Seguridad Social”.
A esta sesión de debate que, bajo el título “Los profesionales preguntan, los políticos responden”, se celebró el pasado sábado asistieron los representantes de los seis principales partidos del panorama político español: Jesús Aguirre, del Partido Popular; María del Puerto Gallego, del Partido Socialista; Gaspar Llamazares, de Izquierda Plural; Daniel Álvarez, de Ciudadanos; María José Vilchez, de Podemos; y Enrique Normand, de UPyD. Mientras, dieron voz a los profesionales los tres máximos dirigentes de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) de los últimos años, los Dres. Juan José Rodríguez Sendín; José Manuel Solla; y Benjamín Abarca.
Copago, aseguramiento, inmigración, salarios, carrera profesional fueron algunos de los conceptos que se han modificado a través de dicho R.D. y del que opinaron los intervinientes en esta mesa, al hilo de una cuestión planteada por el Dr. Rodríguez Sendín sobre este tema.
Si bien Jesús Aguirre lo calificó de “magnífico” y consideró que “ha servido para ir depurando algunos temas que había que ordenar, incluida la propia sostenibilidad del SNS”, la representante del PSOE, la Dra. Gallego, criticó que no se contara con ningún partido político para su puesta en vigor, habiendo interpuesto contra el mismo un decreto de inconstitucionalidad. No dudó en calificarlo como “una chapuza que ha empeorado el sistema sanitario al dotarlo de mayor desigualdad, menos equidad y lo peor es que ha dejado de ser universal”, según sus palabras.
Gaspar Llamazares, de Izquierda Plural, no le ve ningún futuro a esta normativa a la que considera “una tentativa germánica de convertir el modelo sanitario español en un sistema competitivo de seguros a imagen y semejanza del que se dispone en Alemania”. Tras su derogación, según su opinión, “habrá que dotarse de una serie de medidas positivas para poder reconstruir nuestro sistema nacional de salud que ha demostrado ser mucho más eficiente que otros modelos europeos”.
Enrique Normand, de UPyD, criticó el carácter que se le dío de “urgente”, para después abordar una serie de medidas que tendrían que haberse tratado de una manera más pausada. Asimismo, criticó el incumplimiento de su contenido por parte del PP, llamándole la atención, además, las 71 correcciones que fueron publicadas en el BOE días después de su puesta en vigor.
La más tajante en solicitar su anulación fue la representante de Podemos, María José Vilchez, al considerar que hay que “recuperar la universalidad que se intenta anular en dicho R.D.”, además de apostar por la homogeneización de la cartera de servicios de todas las CC.AA.
Coincidió con las posturas enfrentadas a esta normativa, el miembro de Ciudadanos Daniel Álvarez, quien se mostró contrario en aplicar una metodología como la que encierra el R.D. “para llevar a cabo modificaciones en leyes sanitarias de una manera inconexa y asistemática”. Además, defendió que no se vincule la asistencia sanitaria a la condición de asegurado, “puesto que -como dijo- dicha asistencia está contemplada como un derecho, y no se puede excluir a nadie de ella por razones de tipo económico”.
El Dr. Rodríguez Sendín, en su doble condición de presidente de la OMC y ex presidente de la SEMG remarcó la precariedad sin precedentes que afecta casi a un 30 por ciento de profesionales sanitarios, condiciones en las que como señaló, “resulta imposible hacer una buena medicina ni en la Primaria ni tampoco en el Hospital, resultando de todo ello malos comportamientos terapéuticos poniendo en riesgo la seguridad de los pacientes”.
También quiso destacar la “profunda discordancia existente entre lo que los políticos dicen, a lo que se han comprometido en los últimos años y a lo que después se hace” y que culmina, a su juicio, en el R.D. 16/2012 que aunque pudiera cumplir con la legalidad, se muestra muy escéptico de su legitimidad, “al romperse con los compromisos que la Sanidad entera tenía con los ciudadanos españoles. El pueblo español no ha votado a nadie para que desmonte el sistema sanitario o lo transforme en un sistema de Seguridad Social.
Por otra parte, Rodríguez Sendín celebró el actual mapa político resultante tras las elecciones del pasado 24 de mayo, fruto de la decisión de los ciudadanos “porque -según dijo- será la única manera de que se les pueda exija cumplir con las obligaciones y compromisos, establecidos públicamente en materia sanitaria durante los próximos cuatro años”.
Durante el debate se abordaron, además, otros aspectos sobre los que cada uno de los participantes aportó sus opiniones y propuestas en materias tales como el pacto sanitario; el R.D. 16/2012; la situación de la Atención Primaria; gestión clínica; gerencia única; tasa de reposición en RR.HH.; formación e investigación en el primer nivel asistencial; exclusividad; sustituciones de personal; recuperación de la capacidad adquisitiva de los médicos; el modelo MUFACE; el acceso del médico de A.P. a pruebas complementarias; la ampliación de la cartera de servicios; la gestión de la agenda de los profesionales; y la interoperabilidad de la receta electrónica e historia clínica, entre otros.
El representante del Partido Popular, Jesús Aguirre, propuso sumar recursos en beneficio de la Atención Primaria y de los pacientes. Se mostró optimista sobre la mejora del panorama de la A.P. en los próximos años así como su actividad y competencias.
La socialista María del Puerto Gallego incidió en “los graves recortes” que se han hecho “con la excusa de la crisis que han provocado un empeoramiento de la Sanidad con principal incidencia en la Atención Primaria. De ahí que urgió la firma del Pacto por la Sanidad bajo una serie de requisitos como no mantener la política de recortes que se ha venido dando hasta ahora, que se dote al SNS de una financiación adecuada que alcance el 7 por ciento del PIB, además de derogar de una forma drástica el R.D 16/2012 y reconocer, de una vez por todas, a la Sanidad como un derecho para la ciudadanía, convirtiéndola en uno de los principales objetivos para los políticos
Gaspar Llamazares destacó el compromiso adquirido por parte de los profesionales en la Atención Primaria y en el conjunto del Sistema Nacional de Salud. Pidió más protagonismo del primer nivel asistencial como eje del sistema así como dotarlo de una financiación adecuada.
Enrique Normand, de UPyD apostó por una profunda revisión del sistema sanitario fundamentalmente para aumentar la cohesión, introducir una cultura de transparencia y de evaluación de resultados; y despolitizar la gestión sanitaria y enfocarla a las necesidades reales de los pacientes e incrementar sustancialmente la participación de los profesionales.
Por parte de Podemos, María José Vilchez puso sobre la mesa los problemas que desde su partido se observan en el ámbito de la Atención Primaria, entre ellos, alta demanda asistencial y colapso en las consultas con difícil control en el abordaje, falta de autonomía de gestión de áreas, sobre todo, por problemas de comunicación entre las mismas. Lamentó que prime la fascinación tecnológica, así como la burocratización, nula flexibilización de tareas lo que merma la capacidad resolutiva de los profesionales. Además de la escasa solvencia del sistema público.
Finalmente, desde Ciudadanos Daniel Álvarez, apostó por el sistema público y de calidad, eficaz y equitativo, sin diferencias territoriales, sostenible y que se sustente en la participación de los profesionales, mayor acercamiento entre políticos, gestores y personal sanitario. Asimismo, instó al reconocimiento de la participación de los pacientes.
Con respecto a la Atención Primaria reconoció que debe tener un papel clave dado que su éxito depende de la confianza y la cercanía con los ciudadanos y de la profesionalidad de su personal.
Además, abogó por un incremento de recursos para el conjunto del sistema y específicamente en el ámbito de la A.P.
