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Secretario general OMC: «Quien ha hecho el Anteproyecto de Ley no se fía de los Colegios»

El secretario general de la OMC analiza en esta entrevista publicada en Diario Médico el contenido del borrador del anteproyecto de ley de Servicios y Colegios Profesionales al tiempo que hace referencia a algunas de las principales alegaciones presentadas por esta corporación al Ministerio de Economía


Madrid, 1 de octubre 2013 (medicosypacientes.com)

En esta entrevista del Dr. Serafín Romero publicada en «Diario Médico», en la edición de ayer lunes, la OMC recuerda que los colegios son corporaciones de derecho y tienen, por tanto, entidad jurídica para autotutelarse y para fijar sus propios criterios de buen gobierno y transparencia. La Comisión Permanente es proclive a extender la incompatibilidad a todos sus miembros, pero depende de la Asamblea.

La corporación ha remitido ya al Ministerio de Economía un prolijo y contundente documento de alegaciones al anteproyecto de Ley de Colegios. Su secretario general, Serafín Romero, no duda en calificar la propuesta ministerial de «excesivamente intervencionista», aunque confía en que el trámite de audiencia la cambie sustancialmente.

¿Qué valoración general hace del anteproyecto de Economía?

-La primera valoración, y ya se puede hablar del sentir de la Asamblea General, es que este anteproyecto viene a responder a la necesidad de actualizar la Ley de Colegios Profesionales de 1974, bastante regulada ya por la Ley Ómnibus, pero donde aún quedaban puntos en el aire. En segundo lugar, el anteproyecto acaba con un periodo de intranquilidad que arranca con la adaptación de la Ley de Servicios a España, una adaptación que, sólo en este país, incluyó la posibilidad de determinar qué colegiaciones eran obligatorias o no. Dicho esto, la impresión general es que esta norma es excesivamente intervencionista y, en algunos casos, entra hasta la cocina en funciones y competencias de las instituciones colegiales.

-Esa inquietud por el futuro de la colegiación de la que habla choca con el cerrado apoyo que los sucesivos Ministerios de Sanidad y el presidente del Gobierno han dado a la colegiación obligatoria ¿Tanta era la incertidumbre?

-La incertidumbre era tanta como real la amenaza de que no hubiera colegiación. Es verdad que el apoyo del Ministerio de Sanidad ha sido decidido, y parece que su mediación ha servido para paliar la propuesta inicial, pero Economía quería llevarse por delante cualquier colegiación obligatoria, porque entendía, creo que malentendía, que así se liberalizaba el mercado de las profesiones y se fomentaba la libre competencia. Así que le aseguro que hubo dudas hasta el minuto final.

Economía alega que el anteproyecto se traducirá en un crecimiento adicional del PIB de entre 0,5 y 1 punto anual gracias a la liberalización del mercado. ¿Parece difícil oponerse a ese argumento, no?

-Bueno, el proyecto abarca a muchas profesiones, pero, en el caso de los médicos, el impacto económico de liberalizar la colegiación sería muy bajo, por no decir prácticamente nulo: nosotros no tenemos establecidos visados, ni tasas, y cualquier propuesta o recomendación sobre honorarios es supervisada por Competencia. Muy al contrario, liberalizar la colegiación médica tendría un impacto económico negativo, al menos para el tejido laboral, ya que se perderían 900 puestos de trabajo fijos y casi 1.200 indirectos.

La función de tutela que se reserva la Administración es uno de los puntos más espinosos del anteproyecto. ¿Por qué levanta tantas ampollas?

-Porque parte de un error de concepto. Hay que distinguir entre funciones, delegaciones y encomiendas. Las primeras son las que reconocen a los colegios la propia Constitución e incluso leyes previas a ella, y que son la esencia misma de la institución colegial.Esas funciones ni pueden, ni deben estar tuteladas, porque se nos reconoce como corporación de derecho público con capacidad jurídica.

¿En suma, el colegio tiene entidad jurídica para autotutelarse?

-En las funciones inherentes a su naturaleza, sí. Otra cosa son las delegaciones, pero el problema es que éstas ni siquiera están bien definidas. ¿Son una delegación los registros profesionales? ¿Lo es la acreditación de la formación? En cualquier caso, ahí no hay ningún problema para fijar un margen de tutela. Igual que en las encomiendas, que incluyen aquellos estudios o análisis que la Administración nos encargue por entender que somos autoridad competente. Ahí puede haber dinero público que, obviamente, hay que tutelar.

Según el anteproyecto, la idea de fondo que late en ese tutelaje oficial es garantizar el buen gobierno de los colegios…

-Una cosa es crear un marco común con criterios de buen gobierno y otra, muy distinta, reglamentar entrando hasta la cocina. El Consejo General, los consejos autonómicos y los colegios tienen capacidad y criterio para fijar un dogma de buen gobierno y transparencia. La sensación es que quien ha dictado la ley no confía en los colegios.

La norma obliga también a los colegios a hacer una auditoría contable anual y a hacer accesibles los datos al público en general. En ese punto, la OMC también es muy reacia.

-Nosotros queremos tener paredes de cristal, pero paredes. Una cosa es la transparencia y otra dar más de lo que nos exige la ley como corporación de derecho. Entre otras cosas, porque no recibimos ni fondos públicos, ni subvenciones. Nos mantenemos con las cuotas y, de su uso, damos cumplida y escrupulosa cuenta a los colegiados.

¿Por qué es básico que el médico se colegie obligatoriamente donde ejerce?

-Porque dejar al libre albedrío del médico donde debe colegiarse va en contra de la función básica que tenemos los colegios: controlar, ordenar y regular. De hecho, nosotros tenemos esta situación muy bien regulado, de forma que si el médico trabaja exclusivamente en el ámbito público debe colegiarse donde ejerce;si compagina lo público y lo privado, entendemos que lo público prima, y sólo si ejerce únicamente en el sector privado podría decidir dónde le interesa más colegiarse.

La incertidumbre sobre el futuro de la colegiación médica se mantuvo hasta el final, porque la idea inicial de Economía era llevarse por delante cualquier colegiación obligatoria»

-El prolijo régimen de incompatibilidades que fija el anteproyecto no le gusta a la OMC. ¿Qué alternativa plantean?

-De entrada, en esta casa nunca se ha hablado de incompatibilidades -esa palabra no aparece recogida en estatutos- sino de motivos de cese. Dicho esto, y si vamos a hablar de incompatibilidades, la idea básica es que seamos nosotros los que las fijemos, y lo hagamos en los nuevos estatutos del Consejo General, que aún están pendientes de aprobación. El principio de fondo sería el de «definición de conflicto de intereses», de forma que cuando yo me presente ponga encima de la mesa todo mi bagaje y sea el colegiado el que decida. Que rechacemos el planteamiento que hace el anteproyecto no quiere decir que hayamos zanjado el debate de las incompatibilidades; al contrario, está pendiente, y su resultado se reflejará en los estatutos del Consejo.

¿No se corre el riesgo de fijar entonces un régimen de incompatibilidades a la carta, es decir que cada directiva las establezca en función de sus intereses?

-No, porque esto se enmarca dentro de ese gran debate pendiente de los estatutos del Consejo. Esos estatutos tendrán una parte esencial, común para todos, y que no podemos cerrar hasta que no se apruebe la nueva Ley de Colegios, porque correríamos el riesgo de aprobar una norma contraria a la ley. Lo que está claro es que no vamos a dejar que cada colegio haga lo que quiera, porque habrá una norma común, aprobada por la Asamblea, que será de obligado cumplimiento para todos los cargos directivos. Y ya le adelanto que la idea de la Comisión Permanente es que la incompatibilidad afecte precisamente a toda la Permanente. Otra cosa es lo que se decida en la Asamblea General.

«La dedicación exclusiva
no es viable en nuestro caso»

La propuesta del Ministerio de Economía también es muy tajante en lo que se refiere a las retribuciones de los directivos colegiales, que sólo recibirán un sueldo si se dedican en exclusiva al cargo. El secretario general de la OMC argumenta que, en el caso de los médicos, esto choca directamente con la realidad laboral de la profesión. «Nadie que esté en ejercicio se va a dedicar en exclusiva a su responsabilidad colegial, porque no va a perder años de antigüedad y garantías de continuidad en su plaza. Otra cosa es que se le reconozca que es cargo público y se le conceda una excedencia con reserva de puesto y antigüedad, como pasa con algunos colegas que están ahí [señala al edificio del Congreso de los Diputados, situado frente a la sede de la OMC] y en el Senado.


Dietas estipuladas

En cualquier caso,Romero deja claro que la regulación propuesta no afectaría a los colegios de médicos, «porque en los estatutos ya establecemos claramente que el cargo colegial no es remunerado. Sólo hay una figura, la del secretario general, para la que se contempla una retribución específica, por razón de su cargo y funciones, e incluso eso depende de cada colegio». Para el resto de los cargos, la única compensación prevista son las dietas (de manutención, alojamiento y/o desplazamiento), «y eso para que ejercer el cargo no suponga una merma económica. Además, esas dietas se aprueban en Asamblea y se publican cada año en el BOE».

No a un órgano sancionador 
al margen del colegio

De aprobarse en los términos actuales, el ejercicio de las funciones y sanciones disciplinarias -una potestad que hoy tienen las juntas directivas colegiales- pasaría a depender de un órgano sancionador «imparcial» formado por facultativos «no ejercientes», un miembro no colegiado, y un representante de la Administración con voz, pero sin voto. Junto con la tutela, el ámbito territorial y las incompatibilidades de cargos, éste es uno de los puntos más polémicos, «porque atenta directamente contra un aspecto fundamental de la independencia colegial». Según el secretario general, «si tiene que haber un órgano sancionador al margen de las directivas -y eso es algo que también habría que dilucidar-, tiene que conformarse en el ámbito de los colegios. Es posible que haya que incorporar a personal no sanitario, sobre todo del ámbito jurídico -y de hecho, este debate se ha suscitado en la Asamblea-, e incluso a no ejercientes. Lo que no tiene sentido es que el grueso de ese órgano sean precisamente médicos que no estén en ejercicio ¿Por qué van a juzgar ellos con más criterio que los ejercientes?». Y, desde luego, la presencia de la Administración, aunque sea testimonial, «nos lleva directamente a la hilaridad, porque no entendemos qué pinta allí un representante oficial sin voto. Parece otro ejemplo más de ese afán de excesivo control».

Deontológica

 

El debate entronca directamente con la mayor independencia de las comisiones deontológicas que también proclama el anteproyecto. Aunque Romero admite que muchas comisiones llevan tiempo pidiendo que se tengan más en cuenta sus dictámenes e informes, añade que «su independencia nunca se ha cuestionado». Otra cosa, según él, es que todas sus declaraciones sean vinculantes, «ya que estatutariamente son un órgano asesor. La Deontológica formula una propuesta, el debate decisorio se sustancia en la Asamblea, y el órgano ejecutor es la directiva. Ése es el reglamento».

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