El Congreso de los Diputados rechazó el pasado miércoles una iniciativa de Unidos Podemos pactada con Esquerra (ERC) que pedía someter a referéndum la aprobación del Acuerdo Económico y Comercial Global con Canadá (CETA) firmado por representantes de la Unión Europea y Canadá el pasado domingo. En concreto, PP, PSOE y Ciudadanos se opusieron a la proposición no de ley presentada por Unidos Podemos a principios de octubre, que contempla solicitar al Gobierno que no autorizase esta firma, rechazar su aplicación provisional y solicitar el pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la UE por las posibles incompatibilidades
En concreto, PP, PSOE y Ciudadanos rechazaron la proposición no de ley (PNL) presentada por Unidos Podemos a principios de octubre, que contempla solicitar al Gobierno que no autorizase esta firma, rechazar su aplicación provisional y solicitar el pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la UE por las posibles incompatibilidades
En su debate, el portavoz de Asuntos Exteriores de Unidos Podemos, Pablo Bustunduy, rechazó que se trate de un tratado comercial, pues prevé la creación de órganos con capacidades legislativas que, como dijo, “limitará la soberanía nacional”, y abre la puerta a cambios legislativos “sin control ni participación democrática”. Bustunduy se refería a los tribunales de arbitraje a los que, según indicó, podrán recurrir las multinacionales ante medidas como subidas del salario mínimo o desprivatizaciones por considerarlas “obstáculos innecesarios al comercio”. Una enmienda presentada por Esquerra y añadida a la PNL añadía en la proposición no de ley el referéndum previo a cualquier intento de ratificación del CETA.
Tanto el Partido Popular como Ciudadanos fueron especialmente críticos con la postura de Podemos, rechazando que haya existido opacidad durante las negociaciones, ni que exista un déficit democrático en ellas. En concreto, Guillermo Mariscal, del PP, defendió que el tratado con Canadá “no supone una disminución de la soberanía nacional, sino que aumenta la soberanía de cada persona sobre sus propias acciones”.
El PSOE, a través de Soraya Rodríguez, argumentó que a pesar de que no compartir ciertas cuestiones del tratado -como las listas negativas en los sectores privatizables, el régimen de incompatibilidades o la protección de inversiones-, se defendió el acuerdo ante el desarrollo de Canadá. “Tenemos importantes preocupaciones al respecto, pero queremos trabajar para mejorarlo, no obstaculizarlo”, según sus palabras.
En este sentido, expuso que, gracias al papel jugado por los socialistas europeos, “se han excluido de las posibles privatizaciones una serie de servicios, y que los tribunales que incluye el CETA no son privados, sino que garantizarán el derecho a regular por parte de todas las administraciones y el nombramiento de los jueces –uno por parte de la UE y otro por Canadá– en los litigios se hará “de manera clara y transparente”.
Por su parte, Fernando Maura, de Ciudadanos, cifró en 500 millones de euros lo que, a su juicio, “supondrá la reducción de tasas y aranceles para las empresas españolas cada año, que tendrán acceso a un mercado en Canadá de 30.000 millones, según las estimaciones realizadas por su grupo parlamentario en la Eurocámara”.
El Tratado CETA fue firmado por el primer ministro Justin Trudeau, junto con Donald Tusk, el presidente del Consejo Europeo, y Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, firmado CETA durante la cumbre de líderes de la Unión Europea y Canadá, celebrada el pasado 30 de octubre. Tras la cumbre, los líderes emitieron una declaración conjunta que describe los compromisos y las áreas prioritarias de Canadá y la UE en los próximos años. La declaración se centró en los valores e intereses comunes como la paz, la democracia, la prosperidad, la protección de los derechos humanos, estado de derecho, el medio ambiente, la inclusión y la diversidad cultural.
Tras la jornada del pasado 30 de octubre, el Gobierno de Canadá llevará a la Cámara de los Comunes la legislación de aplicación CETA, mientras en la UE, el Parlamento Europeo votará sobre la ratificación del CETA, a lo que seguirá su ratificación por los parlamentos nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea.
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