En una entrevista concedida a la revista “Noticias Médicas”, el presidente de la OMC, el doctor Juan José Rodríguez Sendín, repasa las principales características del acuerdo firmado con el Ministerio de Sanidad el pasado mes de julio, así como la postura de la corporación ante el anteproyecto de ley de Servicios y Colegios profesionales
Madrid, 16 de octubre 2013 (medicosypacientes.com)
En una entrevista concedida a la revista “Noticias Médicas”, el presidente de la OMC, el doctor Juan José Rodríguez Sendín repasa, entre otras cuestiones, las principales características del acuerdo firmado con el Ministerio de Sanidad el pasado mes de julio, así como la postura de la corporación ante el anteproyecto de ley de Servicios y Colegios profesionales. Estas son algunas de las respuestas que el doctor Rodríguez Sendín ofrece a las preguntas formuladas por este medio.
-A finales de julio, el Foro de la Profesión Médica firmaba con el Ministerio ese Pacto por la Sostenibilidad y la Calidad del SNS, en el que también estaba representada la profesión enfermera…
-Conviene matizar que no es un pacto sino un acuerdo por el que invitamos a que se haga un pacto. Nosotros no podemos pactar porque no somos un grupo político. En ese acuerdo decimos qué elementos consideramos que deberían formar parte de ese pacto que deben hacer las fuerzas políticas y que debe tener su trascripción en leyes.
-¿Que contenidos destacaría del acuerdo?
-Hay tres partes. La primera serían esas recomendaciones que, de acuerdo con el Ministerio, creemos que deberían ser trasladadas a ese pacto del que hablamos.
Aquí se admite la necesidad de que haya un pacto entre los grupos políticos para definir el SNS y evitar que el que llegue rompa lo hecho por el anterior, y el siguiente lo de este, y así sucesivamente. Otra de las cuestiones que se incluyen en esta primera parte es que las condiciones profesionales (retribuciones, vacaciones…) que regula el Estado, no las Comunidades Autónomas, no van a sufrir más recortes. Evidentemente, esto es así en el contexto actual; si hubiera un cataclismo, entonces, ya veríamos… Existe, por tanto, el compromiso del Gobierno de que no va a haber más recortes en el sector sanitario de aquellas cuestiones que él regula.
En segundo lugar, hemos analizado cuál sería la senda por la que debería seguir el modelo de ejercicio profesional, el modelo retributivo y el de trabajo, el de gestión clínica que llamamos. Y aquí hemos insistido otra vez en que no hay mejor modelo que el nuestro en ningún lugar del mundo; un modelo que tiene un excelente coste, con unos resultados buenos y un nivel alto de satisfacción de la población. En este sentido, formulamos algo que en lo que venimos insistiendo desde hace veinte años y es que debemos hacer un esfuerzo por mejorar la microgestión, esto es, intentar que el profesional, último responsable de aplicar las decisiones clínicas, tenga también responsabilidades en las consecuencias económicas derivadas de sus decisiones.
En tercer lugar, nos encontramos con una especie de amalgama de muchas cosas, cuestiones que forman parte del acuerdo que hemos firmado con el Gobierno tanto en gestión clínica como en cambios que se tienen que producir. Aquí se incluye, por ejemplo, nuestro compromiso para poner en marcha la troncalidad, una cuestión muy importante para la profesión y que no puede demorarse más. Es posible que se cometan errores, pero no pasa nada, hay que acometer los cambios y estar dispuesto a asumir los errores para poder modificarlos.
Otra de las cuestiones que incorporamos es la creación definitiva, ya en condiciones expresas, del registro de profesionales sanitarios.
La gran ventaja del acuerdo es no dar la razón a ninguna de las partes. Nosotros nos mantenemos en las posiciones que teníamos, no hemos variado nada. Lo que sucede es que existe la otra parte, que es el Gobierno, y con él, que tiene una posición totalmente diferente a la que nosotros desearíamos, hay que ponerse de acuerdo para intentar tener un espacio común y evitar sufrimientos a todo lo que rodea.
-Uno de los reproches de la OMC al Ministerio ha sido la ruptura de la universalidad del SNS al limitar la atención a los inmigrantes ilegales y de la que acaba de cumplirse un año. ¿Se dice algo de esto en el acuerdo?
-La universalidad, como la entendíamos antes, se ha roto con el RD 16/2012. Ahora, evidentemente, habrá que definir cómo atendemos a la gente que vive en España, pero que no es española ni tiene regularizada su situación.
Entendemos que lo que se ha hecho no era lo adecuado y, en ese acuerdo, aunque no hemos puesto todo lo que hubiéramos querido, hemos llegado a una posición intermedia. Tras el RD, lo que teníamos era que se atendía gratuitamente a los menores de 18 años, a las mujeres embarazadas y las urgencias. Ahora, se añaden dos situaciones más: los problemas relacionados con la salud pública, donde entran desde procesos infectocontagiosos, vacunaciones y, por supuesto, salud mental, porque entendemos que cualquiera de estos tres grandes ámbitos, y alguno más, puede suponer, en el caso de que no se controle ni se atienda, problemas para terceros; y, en segundo lugar, procesos de alto riesgo, lo que no tiene nada que ver con la urgencia
-¿Cual es la postura de la OMC ante el Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales?
-Como todos los proyectos legislativos y más si caen en manos del Ministerio de Economía y Competitividad, son controvertidos. En primer lugar, este cambio se necesitaba, porque nuestra ley procede del año 1957 y es necesario adaptarla a los cambios de nuestra realidad y a los que imponen obligatoriamente desde Europa.
Necesitábamos unas normas claras, que no sean interpretables porque hemos estado 10 años con una interpretación parcial y sesgada por algunas Comunidades Autónomas. El anteproyecto recoge aspectos que consideremos positivos como la ratificación de la colegiación obligatoria, el reconocimiento como autoridad competente, la acreditación de profesionales y su reconocimiento como autoridad de certificación, así como el Código Deontológico único, los criterios de transparencia y buen gobierno, y la defensa de los pacientes.
Pero, como era de esperar, hay dos o tres aspectos que confiamos sean revisables: lo relacionado con la territorialidad de la colegiación, el excesivo control por parte de la Administración de las funciones inherentes a los Colegios y su excesivo intervencionismo, que pone en riesgo la independencia de las corporaciones y, junto a ello, las incompatibilidades de los cargos directivos.
Respecto a las incompatibilidades, la profesión no ve bien las excesivas exigencias a las incompatibilidades absolutas que creo que son excesivamente altas. Consideramos que sería más aconsejable poner una serie de condiciones y requisitos para que haya declaración obligatoria de conflictos de intereses y mayor transparencia, pero la regulación la debe de hacer la propia profesión, no la tiene que imponer absolutamente el gobierno de la nación.
(La entrevsta íntegra de “Noticias Médicas” se puede consultar en el PDF adjunto)
