¿Podían haber prevenido (los gobiernos) la variante ómicron del SARS-CoV-2, y las que vendrán?

 

Sin embargo, no hemos sido capaces, esta vez, de afrontar el problema todos juntos, con espíritu de universalidad. Es cierto que ha habido avances importantes en los enfoques de bloques regionales, como EE.UU., la Unión Europea (UE) o la Unión Africana. Pero hemos fallado a la hora de lograr una respuesta global. Así, mientras en los países ricos hemos podido vacunar a toda la población con dos y tres dosis de vacunas frente a la COVID, en los países pobres, como Chad, República Democrática del Congo, Burkina Faso, Mali, Camerún, Madagascar, Níger, Tanzania o Sudán del Sur, se ha podido vacunar a menos del 5% de la población. A principios de febrero tenía vacunación completa el 54% de la población mundial. Y eso quiere decir que el 46% no la tenía, y el virus sigue circulando (más de 2 millones de personas contagiadas diariamente en el mundo, a 19/2/22) y sigue mutando. Y, por eso, aparecen nuevas variantes que podrían escapar a la protección de las vacunas y producir efectos más graves sobre la salud. Esta desigualdad en el acceso a las vacunas es una vulneración lacerante del derecho humano a la salud que podría haberse evitado, y que debería prevenirse para lo que queda de pandemia y para las pandemias que, de seguro, vendrán. Conseguir que las tecnologías frente a los problemas de salud globales, incluyendo medicamentos antivirales y vacunas, sean accesibles a todas las personas en todo el mundo de forma equitativa es una exigencia de justicia para los más desfavorecidos, pero también es una necesidad para todos nosotros, si queremos garantizar, o al menos mejorar, la seguridad frente a nuevas pandemias. Como repite el Director General de la Organización Mundial de la Salud (OMS): nadie estará a salvo hasta que no estemos todos a salvo.

 

 

Decía que algunas cosas se han hecho bien. Por ejemplo: la UE y los diferentes países europeos crearon fondos para hacer frente a la COVID y financiaron proyectos de investigación con dinero público para acelerar el descubrimiento de vacunas (la UE más de 2.700 millones €). Lo mismo hicieron los EE.UU. y también otras regiones del mundo. Además, la UE realizó compras anticipadas de varias vacunas que estaban en investigación, aportando otros 3.000 millones € para las fases finales de los estudios, y para el desarrollo de los productos (maquinaria, materias primas, instalaciones, tecnología de producto). Las mismas compras anticipadas se hicieron en EE.UU. y algunos otros países. De esta forma, la financiación pública masiva permitió acelerar el descubrimiento de vacunas razonablemente eficaces. La UE también avanzó en la distribución equitativa de vacunas dentro de la Unión, al hacer compra conjunta para los 27 países y distribuir las dosis que iban entregando las empresas en función de la población, y priorizando la vacunación a los grupos más vulnerables (personal sanitario, personas mayores, sectores poblacionales de más riesgo, etc.). Son pasos positivos, pero que se quedaron en ámbitos regionales y no se generalizaron al conjunto del planeta. Y este ha sido un grave e inexcusable error.

 

Al haber financiado con dinero público la investigación y desarrollo de las vacunas, y al tratarse de una situación de pandemia, la UE y los EE.UU. deberían haber retenido los derechos de propiedad intelectual, considerando las vacunas un bien público, y evitando así los monopolios de las empresas fabricantes. Si una empresa hubiera hecho alguna inversión adicional con fondos propios, se le podría haber compensado desde el fondo común. De esta forma, se podría haber hecho transferencia de la tecnología a todas las plantas acreditadas en el mundo, y se hubieran fabricado el doble de vacunas por día, con lo que podía estar vacunada ya el 100% de la población mundial. Además, sin el abuso de posición dominante de los monopolios, los precios habrían sido cercanos al coste de fabricación, alrededor de un euro, en vez de 15 o 20 euros por dosis. Es decir: con menos dinero del que hemos gastado en la UE se podía haber vacunado a todo el mundo. Con este enfoque, la distribución de las vacunas habría podido hacerse de forma equitativa conforme se iban fabricando (a través de la OMS u otro organismo multilateral), de igual manera que se ha hecho en el ámbito de la UE. Sí, los gobiernos podían haber prevenido de esta forma la aparición de la variante ómicron y de las que vendrán. Para evitar el clamor de que en pandemia se suspendieran las patentes y exclusividades, la industria farmacéutica, y grandes empresarios como Bill Gates, promovieron el mecanismo COVAX para que los países donaran fondos con los que se pudieran comprar vacunas y otras tecnologías que se distribuirían en todos los países. Se prometían 2.000 millones de dosis en 2021. Eso sí, no se tocaban derechos de propiedad intelectual, con lo que los precios eran los que decían las empresas, y eran éstas las que decidían cuánto producían y a quién vendían. Tras más de año y medio de programación y ejecución, de los 2.000 millones de dosis de vacunas que contemplaba el programa, no llegan al 50% las administradas a la población, mientras en EE.UU. y la UE se tiran a la basura por caducidad. En el marco de la Conferencia de Seguridad de Munich (18-20/2/22), Bill Gates, preguntado acerca de si en julio de 2022 se alcanzaría el objetivo de la OMS de vacunar al 70% de la población mundial, respondió: “no, es demasiado tarde… hay muchas enfermedades… los países deberán poder fijar sus prioridades…”. Sin embargo, es precisamente el poder de los monopolios lo que no deja a los países fijar sus prioridades y poder vacunar a sus poblaciones.

 

¿Es posible llevar a cabo la transferencia de tecnología y la concesión de licencias no exclusivas, sin monopolio? Desde luego que sí. Un ejemplo simbólico de esta forma de actuar ha sido la cesión de un test diagnóstico para la COVID, investigado y desarrollado con dinero público en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), y que España ha cedido a la OMS, a través de la COVID-Technology Access Pool (C-TAP), y a la Medicines Patent Pool, para que pueda fabricarse en todo el mundo, con licencia abierta, no exclusiva, y a precio cercano al coste. Nuestro país podría hacer lo mismo con las vacunas y otras tecnologías COVID que están en desarrollo. En el mismo sentido, el gobierno debería seguir insistiendo en el Consejo Europeo y en la Comisión Europea para que se suspendan las patentes y monopolios en medicamentos y se promueva una respuesta global a las pandemias.

 

El ejemplo citado del CSIC muestra que es posible un enfoque solidario e inteligente. Que sea posible no quiere decir que sea fácil, porque hay enormes intereses en contra. Con el actual modelo las empresas farmacéuticas han ganado ya con las vacunas COVID más de 60.000 millones € de beneficios netos (después de intereses e impuestos) abusivos (muy por encima de los costes de fabricación e I+D). Y eso es mucho dinero. Como diría Don Quijote: “con la iglesia hemos topado, Sancho”. Y para hacer frente a ese enorme poder de la industria farmacéutica y de los fondos de inversión que la respaldan es preciso construir una gobernanza mundial reforzada y efectiva. Nos va la vida en ello.