sábado, abril 27, 2024

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Los recortes en Servicios Sociales han dejado a 8 millones de personas en riesgo de exclusión social

La Organización Médica Colegial (OMC) ha acogido la presentación de los resultados del Índice de Desarrollo de los Servicios Sociales 2015 (DEC), un informe, realizado por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, que otorga a España un “suspenso” con una media 4,54 puntos sobre diez, al sistema de servicios sociales que debido a sus recortes ha dejado en riesgo de exclusión a 8 millones de personas. Por ello, los expertos abogan por la creación de un Pacto de Estado  que garantice una Ley de Servicios Sociales, igualdad entre comunidades autónomas y recuperar los niveles de inversión social de 2009

El informe, elaborado con datos oficiales de 2014, mide la situación del sistema de servicios sociales en todos los territorios del Estado analizando tres dimensiones: los derechos reconocidos, el esfuerzo económico público y la cobertura real de prestaciones y servicios.

 
Dicho estudio fue presentado por José Manuel Ramírez Navarro,  presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales; Gustavo A. García Herrero, coordinador del Índice DEC 2015; y Luis Barriga Martín, responsable del análisis económico del Índice DEC 2015.
 
El Presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales solicitó la necesidad de hablar “de la gente”, al igual que se habla de “política y economía”. “Tenemos que lograr poner en la agenda pública la situación de los 8 millones de personas que sufren los recortes de la protección social, ya que si esto no se hace, el tránsito de la pobreza a la exclusión social será ineludible y será dificultoso mantener una cohesión social donde la dignidad de estas personas y su bienestar estén garantizados”, señaló.
 
Según pone de manifiesto este informe los servicios sociales se han deteriorado en los últimos cuatro años debido a los recortes “ en el momento que más se necesitan», siendo la puntuación media del conjunto de territorios del Estado de 4,54 puntos sobre 10. “Justo cuando la crisis ha hecho que las personas vulnerables necesiten más de la red de protección de servicios sociales, estas partidas sociales han sufrido un recorte acumulado de 2.200 millones por parte de la Administración General de Estado”, explicó Ramírez Navarro quien puntualizó que las comunidades autónomas han recortado más de 5.000 millones de euros en este periodo y los ayuntamientos y las entidades locales más de 1.000 millones de euros.
 
Ante este panorama –explicó- también se da una “gran disparidad” y una “enorme brecha” entre los territorios que se originan por las “grandes diferencias” en el gasto en materia de servicios sociales que realizan las administraciones públicas territoriales (comunidades autónomas y entidades locales). 
 
De forma que, según se pone de manifiesto en el documento el País Vasco invierte 611 € por habitante en 2014 en servicios sociales, frente a los 204 de la C. de Valencia, es decir, tres veces más. Cantabria, Extremadura y La Rioja invierten entre 388 y 389 € por habitante en 2014, casi el doble que la C. Valenciana o Murcia, con 204 y 225 € por habitante respectivamente.
 
Asimismo, el Índice refleja otros problemas en el sistema como son «derechos de papel», derechos reconocidos legalmente pero no aplicados en la práctica,  y la “cobertura sin garantías”, Comunidades en las que una oferta más o menos potente de prestaciones y servicios, no está garantizada por un cuerpo normativo.
 
El «abandono estatal y el ahogamiento financiero» de estos servicios son otros temas se especifican en el documento. Los Servicios Sociales en España son una competencia autonómica con una afortunada gran implicación de las Administraciones Locales y sometida al abandono de la Administración General del Estado, incluso en los aspectos en los que ha existido una regulación estatal como es el caso de la Atención a las personas en situación de Dependencia.
 
El gasto en servicios sociales en el conjunto del Estado supone unos 15.000 millones de euros de los cuales la Administración Central aporta tan solo el 13%. El 87% restante es aportado por las comunidades autónomas y por las entidades locales (61,4% y 25,6% respectivamente).
 
Por su parte, Gustavo A. García Herrero, coordinador del Índice DEC 2015 habló de otro asunto que les preocupa “el protagonismo local” algo que consideró determinante para ser coste-eficientes. «Un año más se confirma el protagonismo de las entidades locales para la eficacia y eficiencia del sistema», ya que según dijo el Índice muestra que en aquellas regiones más descentralizadas los servicios sociales sacan mejor nota. Por el contrario, las comunidades autónomas «antiguas» que creen que los servicios sociales «son cosa de los pobres» y de la «beneficencia» reflejan «un desprecio absoluto» a este ámbito.
 
De esta forma, Luis Barriga Martín, responsable del análisis económico del Índice DEC 2015, explicó que Comunidades como Castilla-La Mancha ha empeorado este año una puntuación del 4,9 sobre 10 debido a los recortes en las políticas sociales que solo destina 1 euro de cada 3. A ella le acompañan Aragón y Cataluña que ha pasado de ser referencia a “suspender». Por su parte, Valencia suspende con 1,01 puntos, y Murcia, Canarias y Galicia superan los dos puntos de calificación.
 
En cuanto a la perspectiva de tendencia positiva de este año se encuentran –según dijo- País Vasco que ha sacado un 8,05 y que es calificada como «excelente» en Servicios Sociales; Castilla y León, Navarra y Asturias.
 
Aunque Luis Barriga Martín señaló que en próximas ediciones del índice se podría seguir viendo «el efecto del recorte» y que por este motivo “España no aprueba” porque aunque se hayan paralizado los recortes no se aprecia «de inmediato» porque aún se ha recuperado el gasto destinado a estas partidas.
 
Recordó que el presupuesto de servicios sociales apenas alcanza el 1,5% del PIB en 2014, lo que supone 14.000 millones de euros.
 
Por ello, José Manuel Ramírez, presidente de la asociación, recalcó que el Informe que presentan plantea una serie de recomendaciones que van desde garantizar la igualdad entre comunidades autónomas, recuperar los niveles de inversión social de 2009, incorporar el derecho a los servicios sociales en la Constitución hasta la creación de un pacto para garantizar una Ley de Servicios Sociales, anular y modificar la reforma local que acaba de entrar en vigor, que puede provocar «una sangría» que dejaría «sin protección» a muchos ciudadanos, realizar  un Pacto de Estado en materia de Dependencia y una Ley Estatal de Garantía de Rentas e información oficial transparente.
 
Los resultados del Índice DEC-2015 están recogidos en un informe ejecutivo  general y uno particular por cada una de las 17 Comunidades Autónomas, que incluye una valoración de los resultados, el detalle de cada indicador, su evolución en los últimos años y las recomendaciones para la mejora de sus servicios sociales. 
 
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