Este martes 27 de abril el Colegio de Médicos de Badajoz ha acogido la Asamblea General Extraordinaria de Médicos de Atención Primaria de Badajoz, convocada por las vocalías de Atención Primaria Urbana y Atención Primaria Rural de la corporación colegial
Motivada por las deficiencias de gestión de la continuidad asistencial en el Área de Salud de Badajoz, los médicos de este nivel asistencial han reiterado en esta asamblea el derecho que tienen los pacientes a ser atendidos por las especialidades, sin que exista ninguna motivación administrativa o protocolaria que lo impida. En el transcurso de 2021, 8.326 pacientes del Área de Salud de Badajoz fueron rechazados en el segundo nivel asistencial tras pasar por la Atención Primaria, como así se ha puesto de manifiesto en la Asamblea.
El moderador de esta convocatoria, el Dr. Juan José Torres, vocal de Atención Primaria Urbana del Colegio de Médicos de Badajoz, ha recordado a los presentes que con estas reivindicaciones los médicos están poniendo la atención en el paciente, quienes a su juicio están viendo cómo sus derechos, garantizados por ley, están siendo vulnerados. Al mismo tiempo, el Dr. Torres ha dejado claro que no se trata de un enfrentamiento con los compañeros de la atención especializada, sino de hacer primar los derechos de los pacientes.
Durante la asamblea, la Dra. Ana Moreno, médico en el Centro de Salud de San Roque de Badajoz, el Dr. Daniel Domínguez, médico en el Centro de Salud de Santa Marta, y la Dra. Paloma Guillén, médico en del Centro de Salud de Oliva de la Frontera y vocal de Atención Primaria Rural del Colegio de Médicos de Badajoz, han realizado un recordatorio de los antecedentes y acciones que se han venido realizado desde el pasado verano. Entre ellas, han expuesto a los compañeros que han acudido a la convocatoria que la propia defensora del paciente ha instado al Servicio Extremeño de Salud a corregir esta deficiencia. Entre los diferentes aspectos que se ha analizado se encuentra el deterioro del servicio asistencial que se ofrece al paciente en el sistema público, mientras este rechazo beneficia a la sanidad privada, a la que acude el ciudadano tras ver rechazada la solicitud de ser atendido por el especialista.
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