La Asociación de Víctimas de la Talidomida en España (AVITE) ha acusado al Ministerio de Sanidad de "ocultar datos" y no ser "transparente" en la tramitación de las ayudas que deben percibir por ser víctimas del fármaco talidomida de Grünenthal, que provocó malformaciones en miles de personas a mediados del siglo pasado
“El Ministerio no cuenta ni informa de absolutamente nada a las víctimas, pese a formar parte con voz y voto de la Comisión Institucional de la Talidomida. No sabemos dónde estamos, que se está haciendo, cómo se desarrolla el proceso, no sabemos nada de nada. Solo silencio, evasivas, excusas, referencias a una deliberadamente mal interpretada confidencialidad”, critican a través de un comunicado.
Ante esta situación, han presentado una carta de solicitud formal de información al Ministerio de Sanidad, donde exigen que se les informe sobre la situación actual del proceso.
Además, han remitido misivas al Instituto de Salud Carlos III (responsable de diagnosticar a los afectados para recibir la ayuda) y la presidenta del Comité Científico-Técnico de la Talidomida, Encarnación Guillén.
“Desconocemos absolutamente la situación del proceso, y paradójicamente somos miembros de la Comisión Institucional para ‘supuestamente’ comprobar su transparencia y su eficacia, a la vez que para aportar las ideas que pudieran ser oportunas. No se informa a nadie, y todo se guisa y se cuece entre el Ministerio, el Instituto Carlos III y la presidenta del Comité Científico-Técnico, que atesoran los avances como si de secreto de Estado se tratara. Esta es la transparencia de nuestro Ministerio de Sanidad”, lamentan.
Por otra parte, aseguran que “ni tan siquiera” se han mantenido las conversaciones con Grünenthal, tal y como se le requirió al Gobierno en la Proposición No de Ley aprobada en el Congreso para implementar las ayudas a las víctimas. “Se han pasado 30 meses construyendo un castillo de fuegos artificiales para confundirnos en su cortina de humo. Nadie es capaz de entender como todo un Ministerio de Sanidad lleva 30 meses para diagnosticar a 560 ciudadanos de una patología”, valoran.
Mientras tanto, indican que su “gran caballo de batalla” es la no exención de la tributación fiscal de sus hipotéticas ayudas. “Ningún país del mundo hace tributar a sus víctimas por las compensaciones que percibe, ninguno. Pero España, el que llega con 69 años de retraso, ha decidido unilateralmente que sí. La talidomida en España aburre ya hasta a las propias víctimas. Gracias por conseguirlo, Gobierno de España”, zanjan.