La Organización Médica Colegial (OMC) en colaboración con las Sociedades Españolas de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES) y de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS) lanzan a partir de este lunes una encuesta para conocer la opinión de los médicos de urgencias hospitalarias sobre la repercusión del riesgo a ser demandados ante los tribunales
En España ejercen en los Servicios de Urgencia Hospitalarias cerca de 8.000 médicos, lo que representa aproximadamente el 10 por ciento del total de médicos de hospitales de nuestro país, y prestan asistencia, a unos 8 millones de personas que pasan, anualmente, por estos servicios, generándose unos 20 millones de consultas, según datos del Ministerio de Sanidad.
Los Servicios de Urgencias reúnen unas especiales características asistenciales pero también un alto riesgo legal que viene determinado por factores como los tiempos de espera que soporta el paciente hasta que recibe atención. Por otra parte, la información que se ofrece a los familiares del paciente que acude a urgencias también puede ser objeto de reclamaciones, a lo que se suma la falta de organización y de dotación de RR.HH. en estos servicios. Todos esos factores pueden elevar la presión legal sobre los profesionales, aunque no se puede constatar al cien por cien porque faltan estudios que reflejen fielmente la realidad de la situación en este ámbito asistencial.
Para conocer con mayor profundidad la situación, la OMC junto con SEMES y SESPAS han tomado la iniciativa de poner en marcha una encuesta con el objetivo de analizar la repercusión del riesgo de denuncia/demanda judicial en la práctica médica realizada en los servicios de urgencia hospitalarios.
La OMC ha sido la impulsora de la iniciativa y la que lleva el peso del proyecto, SESPAS (Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria) aporta una doble visión: la del riesgo que supone para la salud pública un ejercicio médico condicionado por el riesgo legal, y la de la repercusión del problema en las estructuras asistenciales sanitarias. Y SEMES (Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias) aporta el conocimiento directo del ámbito asistencial a estudiar.. El tiempo activo durante el que se va a mantener la encuesta será de tres semanas, a partir de este lunes, a cuyo link se podrá acceder a través de las redes sociales y de los soportes informáticos de los Colegios de Médicos.
«Los médicos tenemos la clara percepción de que la presión legal de los pacientes ha aumentado de forma importante en los últimos años. Sin embargo, es evidente la ausencia de datos objetivos sobre este asunto. La mayoría de los datos que recibimos los médicos sobre reclamaciones judiciales a colegas proceden, o de los medios de comunicación, o de comentarios que se producen en nuestros centros asistenciales», según explica, el Dr. Bernardo Perea, director de la Escuela de Medicina Legal y Forense, de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, entidad que también colabora en esta encuesta. «Aunque básicamente es una encuesta de opinión, también proporcionará datos sobre este aumento de la presión legal de los pacientes», añade.
Al hablar de presión legal, el Dr. Perea diferencia entre la directa, ejercida por los propios pacientes, básicamente por un comportamiento inapropiado o por amenazas de medidas legales ante cualquier inconveniente que crean sufrir. Y la presión legal indirecta, aquella ejercida por la propia estructura asistencial. «Los médicos que se ven envueltos en alguna reclamación por parte de un paciente (aunque sea en el Departamento de Atención al Paciente del propio hospital) tienen que dar múltiples explicaciones, con los inconvenientes y pérdida de tiempo que ello conlleva». Y si la reclamación es judicial, por ejemplo en la vía contencioso-administrativa» en la que a quien realmente se reclama es la propia administración sanitaria, será la propia estructura sanitaria la que presionara al médico para qué no vuelva a ocurrir un caso similar. Este experto considera que «realmente las estructuras administrativas sanitarias ayudan muy poco a los profesionales que tienen un problema en los tribunales». En otras situaciones, se puede entender como «presión» la sensación de amenaza que sienten los compañeros de un profesional que vive una situación de este tipo.
Con mucha frecuencia, añade este experto, «a la Escuela de Medicina Legal de la Universidad Complutense de Madrid se dirigen los abogados de los pacientes, de los médicos, o los propios tribunales de justicia, solicitando apoyo pericial. Se estudian muchos casos, y la conclusión, apoyada por nuestra propia casuística, es evidente: está aumentando progresivamente el número de reclamaciones legales interpuestas por los pacientes y motivadas por la asistencia sanitaria recibida».
Sin embargo, casi toda la información disponible, «escasa y posiblemente sesgada», se centra exclusivamente -a juicio del Dr. Perea, en los pacientes como víctimas de los errores cometidos por los profesionales sanitarios. «Muy pocos estudios se han interesado por la otra perspectiva del problema: qué piensan los médicos, por qué se producen los errores, cómo se sienten personalmente, y qué repercusiones tiene en su trabajo diario. Tener más información sobre estos aspectos es el objetivo exacto de esta encuesta».
Médicos de urgencias, colectivo diana para este tipo de estudios
Los médicos de urgencias hospitalarias, según el director de la Escuela de Medicina Legal y Forense de la Complutense, representan un colectivo «en cierta forma paradigmático». Por un lado, tiene un contacto directo con la angustia del paciente, sin filtrar por derivaciones previas. El paciente llega a urgencias angustiado y muy frecuentemente ignorante de lo que le ocurre. Y esa angustia es transmitida a los profesionales que primero tratan con ellos: el personal de urgencias hospitalarias.
Y por otro, tiene a su alcance medios diagnósticos y terapéuticos mucho más sofisticados que en los otros ámbitos de la atención de urgencias (los centros de salud o las unidades de asistencia a domicilio). Y utilizar estos sofisticados y gravosos medios diagnósticos y terapéuticos depende exclusivamente de su criterio. A juicio del Dr. Perea, es muy interesante investigar sobre los factores que influyen en este tipo de decisiones, entre los que pensamos que se encuentra el riesgo percibido de ser objeto de una reclamación judicial.
Incremento de la «Medicina Defensiva»
En todos los países del mundo donde ha aumentado el número de reclamaciones de pacientes contra profesionales sanitarios (que es la práctica totalidad del mundo occidental), la consecuencia es la misma, como argumenta el responsable de la Escuela de Medicina Legal y Forense de la Complutense: el aumento de la llamada «medicina defensiva». Ese tipo de prácticas consisten en la elección de alternativas diagnósticas o terapéuticas que, no siendo incorrectas, pueden no ser las más adecuadas para un caso concreto. «Esta ‘medicina defensiva’ no es admisible desde el punto de vista de la ética y deontología médicas», pero, además, -añade el Dr. Perea- «supone un empobrecimiento de la práctica profesional: implica trabajar pensando en el riesgo legal y no en el beneficio del paciente (y del sistema sanitario)».
En el caso concreto de los médicos de urgencias hospitalarias, -prosigue- «pensamos que esta ‘percepción de riesgo legal’ se traduce en la realización de pruebas diagnósticas que podrían ser «prescindibles» y en el alargamiento de los tiempos de estancia de los pacientes en las urgencias. «Los resultados de la encuesta nos dirán si tenemos o no razón en esta suposición», concluye el Dr. Perea.
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