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La nueva atención al paciente europeo dentro de un espacio común

La UE se ha marcado el reto de lograr un espacio sanitario común donde los pacientes amplíen sus derechos para elegir el lugar dónde se les puede brindar la mejor asistencia sanitaria, siempre de acuerdo a la normativa vigente. Para ello, se ha dotado de la directiva 2011/24/UE de asistencia sanitaria transfronteriza en vigor desde el pasado mes de octubre y sobre la que «MedicosyPacientes» organizó, recientemente, un debate de expertos

 

Madrid, 7 de enero 2014 (medicosypacientes.com)

Del mismo modo que existe un mercado común en la Unión Europea, el reto ahora es lograr un espacio sanitario común donde los pacientes amplíen sus derechos para elegir el lugar dónde se les puede brindar la mejor asistencia sanitaria, siempre de acuerdo a la normativa vigente. Para ello, la UE se ha dotado de la directiva 2011/24/UE de asistencia sanitaria transfronteriza que regula, entre otros aspectos, los derechos de los pacientes que se trasladan a otro Estado miembro para ser atendidos. A esta directiva, aprobada en 2011, se le concedió un plazo de 30 meses para su entrada en vigor, fecha que se cumplió el pasado 25 de octubre y que supone su transposición a la legislación de cada Estado miembro de la UE.

Dicha normativa europea viene a garantizar un derecho reconocido, pero sobre el que no se había desarrollado ningún tipo de legislación. Además, viene a reforzar el papel de Organizaciones Médicas, como la Organización Médica Colegial (OMC), al regular cuestiones como la identificación del médico prescriptor en la continuidad del tratamiento en el reconocimiento de recetas en otro Estado miembro y la garantía de idoneidad profesional.

Todas estas cuestiones fueron abordadas por un panel de expertos en un debate promovido por el diario on-line de la OMC «MedicosyPacientes», y moderado por el doctor Juan Manuel Garrote, coordinador médico de comunicación de la OMC. Se contó, además, con la participación de la doctora Maravillas Izquierdo, subdirectora adjunta de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud; el doctor Jerónimo Fernández Torrente, vicesecretario de la OMC; y Rosa Sánchez de Vega, en representación de la Federación Española de Enfermedades Raras.

El doctor Garrote fue el encargado de introducir el tema, partiendo de que la Directiva de asistencia sanitaria transfronteriza va a permitir a los ciudadanos disponer en el futuro de un espacio común europeo de atención sanitaria, lo que, desde su punto de vista, hay que interpretar como «un logro social, al reconocer un conjunto de valores y principios compartidos, que intentan responder a las necesidades de la población. Se pretende garantizar valores esenciales como universalidad, acceso a la atención sanitaria de elevada calidad, equidad, y solidaridad».

Los participantes en el debate corroboraron las palabras del moderador a lo que añadieron, como en el caso de la subdirectora adjunta de Cartera de Servicios del SNS, Maravillas Izquierdo, que, en realidad, «la directiva no viene a solventar ningún tipo de problema sino a complementar los derechos que tenían los ciudadanos. Derechos plasmados en el marco de los reglamentos de coordinación de la Seguridad Social que suponen, básicamente, el soporte que teníamos los ciudadanos para la asistencia sanitaria transfronteriza».

Esos reglamentos, como explicó la doctora Izquierdo, «tienen una serie de condicione y de imposiciones, y la aplicación de la transposición de la directiva lo que hace es ampliar esos derechos». En definitiva, remarcó, «lo que busca es eliminar las fronteras con respecto a la asistencia sanitaria, puesto que, ahora, el ciudadano puede optar por la Sanidad transfronteriza sin que ello impida que también se pueda recurrir a los reglamentos de la Seguridad Social».

El doctor Fernández Torrente, vicesecretario de la OMC, destacó que con la directiva, «se pone en valor la salud y la universalidad y la equidad por encima de otros aspectos en el ámbito comunitario». De ahí que consideró que la responsabilidad de los profesionales, en este caso, «pasa por explicar en qué consisten estos derechos, sobre todo lo relacionado con el reembolso de gastos derivados de la atención sanitaria en otro Estado Miembro, este es, sin duda, uno de los retos para los profesionales médicos».

La representante de FEDER, Rosa Sánchez de Vega, vio positivo que se quiera regular la atención sanitaria en Europa porque, como dijo, «es a lo que se tiende, es decir, a eliminar fronteras, así como poder acudir a otro Estado Miembro a recibir tratamiento porque en tu país no exista ninguno, sobre todo en caso de Enfermedades Raras».

Punto nacional de información

No obstante, para Sánchez de Vega hay aspectos que todavía quedan por aclarar. Uno de ellos es el Punto de información que se va a establecer en todos los Estados. «Es de gran interés para saber dónde se puede acudir y tener información sobre especialistas que, en nuestro caso, conocen la enfermedad concreta, el tratamiento, y que informen sobre los procesos burocráticos pertinentes para poder acudir al sitio necesario», señaló.

Precisamente, de los principales derechos que amplía la directiva es el derecho a la información, según explicó la doctora Izquierdo. «El ciudadano tiene que estar informado dónde se prestan esos servicios y prestaciones, y quiénes prestan esos servicios y prestaciones». Y en ese sentido, insistió, «se va a dar un cambio cualitativo muy importante a través del punto nacional de contacto, que tendrá que proveer información a los puntos de información de las Comunidades Autónomas.

A partir de ahí, añadió «la directiva va a aportar la posibilidad de aunar herramientas de cohesión, de interoperabilidad, de continuidad de los tratamientos. Puede ser que en algunos países europeos esto sea muy habitual, mientras en otros no hemos tenido tanta práctica en aspectos como facturación, cobro, tarifas, etc.»

En principio, ese punto de información es bien visto tanto por los profesionales como por los pacientes. «Son el eje fundamental sobre el que pivota muchos de los aspectos que contempla esta Directiva. Esto se fundamenta también en actuaciones ligadas a la seguridad y a la calidad para lo cual también son muy importantes los registros de profesionales», indicó el doctor Fernández Torrente.

La representante de los pacientes lo encuentra positivo si de lo que se trata es de  acumular información dispersa que «muchas veces es realmente difícil encontrar», según recordó Sánchez de Vega, es por ello que, desde su punto de vista, «lo primero de lo que debe informar es en dónde están los expertos en estas patologías poco frecuentes, y esa información todavía no está disponible». De ahí, la duda que puso sobre la mesa duda, ¿cómo se va a recopilar dicha información?

Desde el Punto Nacional de Contacto que estará alojado en la web del Ministerio de Sanidad se habilitará un Departamento u Oficina de Atención e Información al ciudadano, y «desde ahí se brindará información a los puntos autonómicos, que serán a su vez los que proporcionen información a este respecto», tal como explicó la subdirectora adjunta de Cartera de Servicios.

Autoridad competente

De cualquier forma para poder obtener la información en el grado máximo se necesita la colaboración activa de todos los actores que puedan participar, tal como quedó patente en el debate. La máxima autoridad de Gobierno en la UE que es la Comisión Europea tiene muy claro disponer de unos organismos de enlace y por ello reconoce esos puntos nacionales de contacto,  nutridos con información con ayuda de colaboradores: Comunidades, Ministerios, Organizaciones Profesionales, etc.

Efectivamente, como incidió el doctor Fernández Torrente, «los gobiernos y las Administraciones necesitan colaboradores necesarios y de confianza que realmente garanticen aquellos aspectos complementarios que se han citado y que a la profesión médica nos preocupa como es todo lo que tiene que ver con los registros, certificaciones o habilitaciones de idoneidad, sindicación segura de su habilitación, los aspectos sancionadores y disciplinarios, muy importantes, etc. Mantenemos una colaboración directa y fluida pero percibimos que no hemos terminado de consolidar».

Por ello, el representante de la OMC aseguró hacérsele muy difícil «entender que no se aproveche la oportunidad política para lo que venimos denominando como autoridad compartida».

«En España, -añadió- la Organización Médica Colegial viene reclamando desde hace tiempo que este papel se concrete definitivamente, que no exista ningún tipo de reticencia para remarcar que la autoridad tiene que ser necesariamente compartida, es sin duda una función imprescindible».

En este sentido, como recordó el representante de la OMC, «el Sistema de Información del Mercado Interior (IMI) ya contempla niveles de intervención, es decir, que la autoridad en los aspectos de tipo profesional de habilitación, de regulación, de la receta segura, certificación digital, en muchos de estos aspectos ya somos autoridad competente reconocida por el Ministerio de Industria, en unos casos, en otros por el Ministerio de Hacienda».

Precios y reembolso

Para Maravillas Izquierdo, uno de los aspectos de interés de la directiva 2011/24/UE es que el ciudadano puede acudir donde considere y aunque el paciente tenga que adelantar los gastos, se le reembolsará siempre de acuerdo a la cartera de servicios existente en el país de origen.

Otro aspecto importante, destacó Izquierdo, «va a ser el de los precios públicos, que son con los que se facturarán esa atención sanitaria y, por tanto, tienen que ser conocidos y asequibles para el usuario».

La representante del Ministerio de Sanidad reconoció, no obstante, que «el sistema sanitario español actual tiene 17 tipos de precios públicos. Un ciudadano de otro país que decida venir a Andalucía a hacerse una intervención se va a encontrar un precio distinto que si acude a Navarra». Es por ello, como remarcó, que para esta directiva  es importantísimo evitar la discriminación en función de la nacionalidad, es decir, el ciudadano sueco que va a Andalucía tiene que pagar exactamente lo mismo que el ciudadano andaluz o en navarro, en su caso».

Al respecto, aseguró que desde el Ministerio de Sanidad se está trabajando para intentar establecer unas líneas básicas para que todos los procedimientos que se lleven a cabo por parte de las CC.AA. tengan unas bases comunes, ya sea en facturación, reembolso, etc.».

Rosa Sánchez, de FEDER, puso sobre la mesa una de las preocupaciones que rondan a este colectivo de enfermos: «hay muchos tratamientos de enfermedades raras que no están incluidos en la cartera de servicios, ante lo cual nos surge la duda de si tenemos que acogernos al reglamento de la Seguridad Social con una preautorización, lo cual nos aboca a un retraso a la hora de recibir tratamiento; o bien podríamos acogernos a la directiva que van a cubrir esos servicios siempre que estén en la cartera. ¿Pero qué haremos si no los encontramos en la cartera de servicios?».

Ante estas dudas mostradas por la representante  de los pacientes, Izquierdo respondió que «La cartera de servicios que tenemos en nuestro país es, lamentablemente, una cartera poco conocida pero es muy avanzada en relación a otros países de Europa.

Si bien es cierto lo que apunta Rosa Sánchez en el sentido de que todavía no se han identificado todos los servicios y unidades de referencia para la cohesión del SNS, conviene recordar que ya disponemos de más de 170 centros de referencia para la cobertura de enfermedades. En 2014 queremos hacer un esfuerzo para intentar definir todas aquellas patologías para las que el SNS considera necesita servicios y unidades de referencia».

Prescripción y reconocimiento de recetas

Otra de las cuestiones planteadas por el moderador, el doctor Garrote, fue la referente a la prescripción de medicamentos. Si bien, como recordó, hay una provisión de productos sanitarios, probablemente sufragado por el país de origen, ¿qué ocurre cuando se está recetando o prescribiendo algo que es reconocido pero que no existe en el país de origen? ¿Cómo se va a reconocer las recetas de otros países?, tal como planteó. «En el caso de España -añadió- la receta privada, por ejemplo, todavía se puede seguir haciendo en una servilleta, si llega el caso, hasta que la Ley no se empiece a cumplir,…»

A la doctora Izquierdo no cree que se llegue a tal extremo, puesto que, como dijo «ya estamos en casi más del 70 por ciento de receta electrónica», indicó.

Con respecto al reconocimiento de recetas en otros Estados miembros, avanzó que «habrá un mínimo de datos de obligado cumplimiento en toda la directiva, en todo el marco de la directiva, para las prescripciones al igual que para las historias clínicas, que tienen que ver con facilitar al máximo la continuidad del tratamiento. Tiene que identificarse la prescripción por principio activo y si se hace por marca porque sea necesario, se tiene que justificar a través de un breve informe pero conciso y claro, tiene que identificar al prescriptor y tiene que identificar al paciente.

En nuestro caso, nuestra norma tiene algún criterio más que los mínimos que exige la directiva, por ejemplo, identifica codificadamente al prescriptor, al igual que al paciente, aunque habrá algunos datos sobre éste que habrán de desvelarse, como la dirección postal escrita en la receta del centro donde se le atendió para que los profesionales en caso de duda puedan contactar.

El doctor Fernández Torrente destacó la importancia de la prescripción para médicos, odontólogos y podólogos en España, tras el Real Decreto 1718/2010 sobre receta médica y órdenes de dispensación, de obligado cumplimiento a partir de enero de 2013. «A partir de ahí, disponemos de una plataforma con un código de verificación electrónica logarítmico, absolutamente seguro, con un sistema de combinación numérico, con un periodo de validez. También recordar que estamos homologados no sólo para el formato papel sino también para el formato electrónico, en definitiva, ofrecemos el servicio correspondiente a la Administración para que nos utilice como autoridad competente y necesaria en el ámbito del desarrollo de todos estos aspectos, en beneficio de los pacientes, pero también como garantía del que trata con la salud de los ciudadanos».

En el debate tampoco se pasaron por alto los aspectos deontológicos. Así, como planteó el doctor Garrote, dentro de los distintos espacios europeos  los códigos deontológicos de las distintas profesiones, no son exactamente iguales, lo cual puede generar algún conflicto. Porque, ¿qué ocurrirá cuando algo salga mal en el tratamiento? ¿quién se responsabilizará?

En este sentido, como explicó la representante del Ministerio de Sanidad, «la garantía de la reparación de daños es una parte importante. Cada país tiene que asumir sus normas, sus leyes, su normativa en función de reparaciones. Será la legislación del país de acogida del paciente la que le tenga que cubrir en caso de incidente».

Europa lo que ha hecho, en este sentido, es obligar a que todos los países expliquen y expliciten aquellos derechos a las reclamaciones. Los procedimientos de reclamaciones y reparaciones de daños tienen que estar en todas las Administraciones que tengan autoridad para poder llevar a cabo la atención sanitaria, independientemente del país.

En el caso de España, como país, ¿de quién tiene que preocuparse?, pues de la atención que se brinde a los ciudadanos extranjeros que vengan de otros Estados miembros, y para ello tienen en cada centro que brinde atención, tener la disposición de los procedimientos de reparación de daños, así como en los puntos de información autonómicos.

Para concluir, se sacó a colación por parte del moderador, que España es un país puntero en donación de órganos. Esto puede significar que en una lista de espera, ciudadanos europeos quisieran apuntarse a esta lista porque posiblemente pudieran encontrar la posibilidad de poder acceder a un órgano que necesitan con mayor premura que en su país de origen. ¿Esto es viable?

Precisamente,  como respondió la doctora Izquierdo, «la Directiva excluye, expresamente, dos tipos de actuaciones: los trasplantes de órganos de donante fallecido, y los tratamientos de larga duración, entendiendo por ello tratamientos socio-sanitarios que tengan que ver con pacientes que necesiten ayuda para las actividades de la vida diaria. Tal como está la directiva en estos momentos, recogería la posibilidad de trasplante de donante vivo, en eso en principio estimamos que no habría problema».

Conclusiones

-FEDER (Rosa Sánchez de Vega): «La Directiva es un paso adelante y es patente el esfuerzo de coordinación que se está realizando. Me alivia saber que es flexible para ir adaptándose a las necesidades de cada momento o para problemas que no se han previsto. Nosotros como colectivo con enfermedades poco frecuentes vemos, no obstante, que no responde a algunas necesidades que precisamos, sobre todo a la hora de acudir a centros de referencia determinados. Es muy importante su regulación para este colectivo. Alguna salida habrá que encontrar para que nosotros, al igual que otros ciudadanos europeos, estemos cubiertos por el sistema sanitario».

-OMC (Dr. Jerónimo Fernández Torrente): «Esta directiva tiene unos objetivos básicos y unos objetivos finales muy concretos que tienen que ver con la calidad y seguridad de todos estos ámbitos a los que nos hemos referido. Una cosa son los derechos y sus garantías y visión de la salud como un derecho esencial, los conceptos de asistencia en el ámbito europeo como garantía ciudadana y como estado de bienestar, y otra cosa es que esos instrumentos sean equiparables a las circunstancias: interoperabilidad, seguridad de los pacientes, profesionales identificados en registros adecuados, colaboración entre las Administraciones y corporaciones y asociaciones».

«Nuestra corporación está a la altura de las circunstancias, hemos trabajado mucho en todos estos aspectos y lo que pedimos es que las corporaciones profesionales sean equiparadas a otras fuentes de información consolidadas en la Unión Europea».

-MINISTERIO DE SANIDAD (Dra. Maravillas Izquierdo). «A lo mejor es un poco arriesgado pero he de decir que no puede haber de todo en todos los sitios, cosa que se ha intentado hacer hasta ahora».

«Tenemos que procurar una racionalización de las prestaciones y un uso adecuado de los recursos, es una obligación como ciudadanos, como trabajadores, como profesionales y como instituciones. Europa, en ese sentido, está haciendo una apuesta muy importante. La directiva, insisto, tiene que ensamblar diferentes sistemas de diferentes países».

«La aplicación de la Directiva está empezando ahora por lo que todos los países nos estamos enfrentando a algo nuevo. Habrá que irla modificando, mejorando, en función de lo que comprendamos como necesidades».

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