La homologación de títulos de Medicina obtenidos fuera de España se ha convertido en uno de los grandes retos para el sistema sanitario. El incremento de solicitudes, la necesidad de garantizar las competencias clínicas de los profesionales y la falta de correspondencia entre médicos homologados y colegiados centraron el primer debate de la jornada del viernes en la Convención Médica, moderada por Rosa Arroyo, vicepresidenta primera de la corporación.
En el encuentro participaron Pedro Navarro, presidente del Colegio de Médicos de Málaga; Graciliano Estrada, presidente del Colegio de Médicos de Segovia; Antonio Compañ, presidente de la Conferencia Nacional de Decanos y Decanas de Facultades de Medicina, y Miguel Ángel Máñez, director general de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad.
Uno de los principales mensajes compartidos fue la necesidad de reforzar las garantías de homologación sin cerrar las puertas al talento internacional. Para ello, Pedro Navarro defendió que los médicos extracomunitarios acrediten sus competencias mediante una prueba ECOE (Evaluación Clínica Objetiva Estructurada), similar a la que realizan los estudiantes que terminan Medicina en España.
«No queremos poner barreras a que venga talento de fuera, sino que queremos que tengan las mismas garantías que en España», señaló Navarro. El presidente de los médicos malagueños alertó del crecimiento de las homologaciones y de sus posibles consecuencias sobre el acceso a la formación sanitaria especializada.
Según los datos expuestos durante la mesa, se ha pasado de unas 2.000 homologaciones en 2022 a más de 30.000 en 2025. Navarro advirtió de que no existe una trazabilidad suficiente para conocer cuántos de esos profesionales terminan colegiándose y ejerciendo en España.
El presidente del Colegio de Médicos de Málaga planteó tres elementos fundamentales para reforzar el procedimiento: acreditar el idioma, superar una evaluación de competencias clínicas y garantizar la participación de los colegios profesionales. «El colegio es el que habilita a que ese profesional trate a un paciente. Tenemos que ser los garantes de un ejercicio profesional de calidad», afirmó.
Más participación y trazabilidad
Graciliano Estrada coincidió en la importancia de reforzar el papel de los colegios de médicos. Recordó que su intervención en el procedimiento de homologación está reconocida legalmente mediante informes preceptivos, aunque no vinculantes.
El presidente del Colegio de Médicos de Segovia explicó que el procedimiento exige acreditar el título, la habilitación para ejercer en el país de origen, el programa formativo, la competencia idiomática y, en determinados casos, la experiencia profesional asistencial.
Estrada defendió una mayor colaboración entre administraciones y corporaciones profesionales para conocer qué sucede con los títulos una vez homologados. «Una de las propuestas siempre ha sido que se pudiera conectar a los que se homologan con los que se colegian», apuntó.
También pidió que el sistema avance hacia una homologación que tenga en cuenta las competencias reales y no únicamente la documentación académica. A su juicio, la colaboración institucional es fundamental para evitar desequilibrios y garantizar la seguridad de los pacientes.
Un modelo basado en competencias
Por su parte, Antonio Compañ destacó las particularidades del grado de Medicina en España, estructurado en seis años y 360 créditos ECTS, con una importante carga de formación práctica y clínica.
El presidente de los decanos señaló que existen diferencias relevantes con algunos sistemas extracomunitarios, especialmente en la duración y organización de las prácticas clínicas y en el acceso a la especialización. «Las facultades enseñaban conocimientos y ahora los llevan todos en el móvil. Lo que hace falta es el espíritu crítico para poder analizarlos», explicó. En su opinión, la formación médica debe potenciar competencias como el juicio clínico, la ética, la comunicación y la capacidad para desenvolverse ante la incertidumbre.
Asimismo, alertó del crecimiento del número de facultades de Medicina en España, actualmente alrededor de 60, y reclamó una planificación que tenga en cuenta los recursos docentes y asistenciales disponibles.
Sanidad trabaja en un nuevo real decreto
Miguel Ángel Máñez calificó la homologación como un reto que requiere planificación y garantías. El director general de Ordenación Profesional explicó que el Ministerio de Sanidad trabaja en un nuevo real decreto para reforzar el reconocimiento de títulos de especialistas extracomunitarios, incorporando evaluaciones y periodos de prácticas supervisadas.
Máñez defendió que los profesionales que vayan a ejercer como especialistas en España deben conocer el funcionamiento del sistema sanitario y acreditar las competencias necesarias. «No por castigar a las personas, sino para garantizar una calidad mínima del servicio de salud», explicó sobre la necesidad de reforzar los controles.
El responsable ministerial también expresó su preocupación por el aumento de médicos que trabajan sin especialidad, una situación que, a su juicio, puede terminar deteriorando el modelo MIR. «El gran riesgo que tenemos es que cada vez es más fácil trabajar sin especialidad en España y eso está degradando el modelo MIR», advirtió.
En este sentido, pidió trabajar con las comunidades autónomas y los centros sanitarios para desincentivar estas contrataciones y favorecer que los médicos accedan a la formación especializada.
Planificar las necesidades de especialistas
La mesa concluyó con una reflexión compartida sobre la necesidad de mejorar la planificación de los recursos humanos del Sistema Nacional de Salud. Los participantes advirtieron de que el aumento de médicos titulados no resuelve por sí solo los problemas de cobertura, especialmente en Medicina de Familia y en determinadas zonas geográficas.
Navarro insistió en que España necesita especialistas y no únicamente aumentar el número de médicos disponibles. «En España hay médicos, pero hay que formar especialistas», resumió.
La OMC defendió avanzar hacia un modelo de homologación que combine agilidad administrativa, evaluación de competencias, conocimiento del idioma y participación colegial. El objetivo, coincidieron los participantes, es facilitar la llegada de profesionales cualificados sin comprometer la seguridad de los pacientes ni el futuro del modelo de formación sanitaria especializada.
