La Dra. Carmen Hoyos solicita más apoyo para los médicos que trabajan en los centros penitenciarios

Estas jornadas fueron organizadas por el Consejo General de la Abogacía Española y la Comisión de Derecho Penitenciario del Colegio de la Abogacía de Barcelona. Tuvieron como objetivo analizar los 40 años de la Ley Orgánica General Penitenciaria (LOPG), entre otros temas. 

 

Para la Dra. Carmen Hoyos asistir a este encuentro “fue una oportunidad muy importante para trasladar a los abogados a nivel nacional la problemática que está sufriendo la sanidad penitenciaria en todas las prisiones dependientes de la Administración General del Estado”.  Una competencia que no está transferida a las Comunidades Autónomas salvo en País Vasco (2011) y Cataluña (2010) que si están igualadas e integradas en el Sistema Nacional de Salud de esas Comunidades. “Esto no ocurre en el resto de las prisiones del Estado”, dijo. 

 

Durante su intervención, denunció “el incumplimiento de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud del año 2003 que ordenó que la asistencia sanitaria en los centros penitenciarios tenía que estar integrada en el SNS de las Comunidades Autónomas en un plazo de 18 meses. Ya han pasado 16 años y estamos ante una inequidad absoluta para las personas privadas de libertad y para los profesionales sanitarios encargados de su asistencia”. 

 

EL incumplimiento legal afecta también a la Ley Orgánica General Penitenciaria del año 1979 y en el que se especifica que en todos los centros penitenciarios tiene que haber al menos un médico. Algo que, tal y como explicó la Dra. Hoyos, “no ocurre a día de hoy donde en muchas prisiones se han quedado sin asistencia médica durante meses, lo que supone una pérdida de garantías para los ciudadanos, dadas las connotaciones asistenciales que incluye la asistencia médica en el momento de que un ciudadano ingresa en prisión y su seguimiento”. 

 

Asimismo, insistió en la falta de aspirantes a la cobertura de plazas de interinos o funcionarios del Estado del Ministerio de Interior en la sanidad penitenciaria, “algo que no ocurre en ningún otro ámbito de la función pública”. 

 

Puso como ejemplo que en el año 2017 hubo uno convocatoria de 72 plazas de médicos interinos y solo se cubrieron 24; en 2018 se convocaron 15 plazas de médicos interinos y se cubrieron 2, y que en el año 2019 se convocaron 35 plazas para el Cuerpo Facultativos de Sanidad Penitenciaria y solo ha habido 7 personas admitidas, de las cuales solo 4 han completado el proceso selectivo. 

 

Es por ello que resaltó el trabajo llevado a cabo desde la OMC ante todas las instancias del arco político en el Congreso de los Diputados, Senado y todos los Parlamentos Autonómicos, traducido en la aprobación por unanimidad o mayoría de proposiciones no de ley que instan al Gobierno a que materialice la integración de la Sanidad Penitenciaria en las Consejerías de Sanidad de las CCAA. También contamos con el apoyo de Consejos Generales de profesiones sanitarias, asociaciones de pacientes, sociedades científicas y sindicatos”, dijo. 

 

Para la Dra. Hoyos se ha hecho un “trabajo profundo y esperamos un Gobierno consolidado que priorice la necesidad de que se cumpla la Ley de Cohesión y se iguale en derechos sanitarios a la población penitenciaria y a sus profesionales”. 

 

“Necesitamos el apoyo de todos los presidentes de los Colegios de Médicos y de los Consejos Autonómicos de Colegios de Médicos  del país para que los médicos que están trabajando en centros penitenciarios no sufran las discriminaciones y condiciones de salud laboral insoportables que aguantan por la falta de efectivos”, indicó la experta para después añadir “es inconcebible que en un país con un SNS como el nuestro todavía queden estas islas y estos ámbitos asistenciales tan lamentables”.