Contribuir a que médicos, enfermeros, farmacéuticos y pacientes tomen conciencia sobre importancia de la directiva 2011/24UE, que amplía los derechos de los pacientes a las prestaciones sanitarias en el marco europeo fue el objetivo de la primera mesa redonda de la jornada promovida por la OMC el pasado viernes en la sede del Parlamento Europeo en Madrid, moderada por el doctor Rodríguez Sendín
Madrid, 14 de octubre 2013 (medicosypacientes.com)
Contribuir a que médicos, enfermeros, farmacéuticos y pacientes tomen conciencia sobre importancia de la directiva 2011/24UE, que amplía los derechos de los pacientes a las prestaciones sanitarias en el marco europeo fue el objetivo de la primera mesa redonda de la jornada promovida por la OMC el pasado viernes en la sede del Parlamento Europeo en Madrid.
El análisis y debate sobre los aspectos que regula, cómo repercute en el sistema sanitario español, y analizar el contenido del futuro real decreto que permitirá la transposición de esta directiva a la normativa española fueron algunos de los principales aspectos puestos sobre la mesa, moderada por el presidente de la Organización Médica Colegial, el doctor Rodríguez Sendín, quien no dudó en afirmar que “Esta directiva da cohesión a una Europa que va más allá de mercados y mercaderes”. “Europa tarda en legislar -añadió- pero cuando pone en marcha su normativa, ésta se aplica y es definitiva”. Actuaron como ponentes en esta mesa María Irigoyen, eurodiputada y miembro de la Comisión de Mercado Interior (IMCO); Maravillas Izquierdo, subdirectora adjunta de Cartera Básica de Servicios del SNS; y John Rowan, miembro de la Comisión Europea, Polycy Officer de la Dirección General de Sanidad y Consumo de la UE (SANCO).
Maria Irigoyen destacó la importancia de armonizar los servicios sanitarios en Europa, y de proteger y regular los derechos de los pacientes. “Es importante hacer llegar a los ciudadanos cómo se está construyendo la Europa de los derechos y de las oportunidades”. La transposición de la directiva comunitaria llega tarde, a su juicio, dado que “se ha tenido que acomodar a la situación e interés de cada país, teniendo en cuenta su correspondiente sistema de salud con sus particularidades”, según indicó.
Recordó como la directiva 2011/24UE llegó al parlamento europeo en 2008, a partir de la necesidad de recoger el derecho de los ciudadanos a la asistencia sanitaria cuando se mueven por el espacio europeo. “Se trataba de buscar el equilibrio entre atención y derechos con la sostenibilidad de los sistemas públicos de salud y la necesaria planificación de recursos asistenciales, así como garantizar unos servicios básicos a los pacientes en sanidad transfronteriza”.
La eurodiputada Irigoyen repasó algunos de los principales puntos de la directiva: la armonización de principios comunes de todos los sistemas sanitarios con el fin de garantizar la calidad y seguridad de los servicios a los pacientes; el marco específico que iba a regular la asistencia sanitaria transfronteriza; el derecho de los pacientes a recibir asistencia en otros Estados Miembros y al reembolso de los costes por un importe máximo acorde al de la asistencia que hubieran recibido en su país; cooperación europea en materia sanitaria a través del reconocimiento de recetas emitidas por otro Estado miembro; participación de las redes sanitarias europeas; evaluación y recogida conjunta de datos referidos a tecnologías sanitarias o salud electrónica; y derecho a la movilidad y reembolso de los pacientes que decidan solicitar asistencia en un Estado miembro distinto al de su afiliación.
Durante su exposición, Irigoyen se detuvo en uno de los artículos de la directiva, en concreto el 14, sobre salud electrónica, tema sobre el cual ha sido ponente de un informe en el seno de la Comisión de Mercado Interior y Derechos del Consumidor, recogido en un Plan de Salud Electrónica 2014-2020, entre cuyos objetivos destacó: el mejor acceso a los servicios sanitarios; la garantía de una mayor igualdad entre los ciudadanos europeos; la necesidad de adoptar medidas eficaces en materia de reembolso; responsabilidad y protección de datos; mejorar la formación de los profesionales de la salud ante la diferencia de nivel y de posibilidades y de acceso a herramientas informáticas con las que cuentan en los Estados Miembros; impulso a las PIMES dedicadas al sector de la salud electrónica; y reconocimiento a la importancia de la dimensión humana que entraña esta Directiva.
La mejora del tratamiento de las enfermedades crónicas, reforzar la prevención y fomento de la salud; aumentar la sostenibilidad y eficacia de los sistemas sanitarios públicos europeos públicos, gracias a la innovación; conseguir una mayor interoperabilidad de los servicios de salud electrónica; apoyar la investigación para subsanar la falta de herramientas; y velar por una implantación más amplia de la e-salud, son puntos que se contemplan en el Plan 2014-2020 de Salud Electrónica en los que hizo hincapié la eurodiputada socialista.
Transposición de la Directiva
a la normativa española
A partir del próximo 25 de octubre entra en vigor la transposición de la directiva de Sanidad Transfronteriza, que supone una ampliación de los derechos de los pacientes, lo cual implica que deberán coexistir y coordinarse adecuadamente: Sistema Nacional de Salud (Modelo descentralizado); Reglamentos de Coordinación de Sistemas de Seguridad Social Europea; y Directiva Asistencia Sanitaria Transfronteriza.
La subdirectora adjunta de Cartera Básica de Servicios del SNS, Maravillas Izquierdo, partió de la peculiaridad de nuestro SNS, compuesto, a su vez de 17 sistemas sanitarios autonómicos, al que se suma el régimen de mutualidades. No obstante, desde su punto de vista, la transposición se convierte en “una oportunidad para incidir en mejorar y cohesionar todo nuestro SNS, mejorando lo que ya existía y garantizando la puesta en marcha de lo que no se tenía en nuestro sistema sanitario, como es, por ejemplo, la cultura de reembolso y facturación por otra parte, muy frecuente en otros países de la UE”.
“Hay muchos elementos que tienen que aglutinarse de una forma nueva para que la transposición se pueda realizar de una manera adecuada, y que afectan a tres pilares básicos: provisión de servicios; recursos humanos; y calidad y seguridad asistencial”. Para ello, según señaló, se han tenido que modificar hasta 15 normas sanitarias, en algunos aspectos. Asimismo, para dicha adaptación se está trabajando en tres nuevos reales decretos. Uno de ellos, a punto de entrar en vigor, establece las normas para garantizar la asistencia sanitaria transfronteriza, entre otras, garantiza el acceso a la información a través del punto de contacto; la continuidad en los tratamientos; derecho al reembolso; y cooperación entre los Estados Miembros.
Izquierdo se detuvo en explicar algunos aspectos clave como es el tema del reembolso de la asistencia prestada, insistiendo en “la importancia de que las tarifas sean transparentes y conocidas de antemano”.
También hizo alusión a prestaciones que precisan autorización previa para su reembolso, en concreto, aquellas explicitadas por la directiva, y las que requieren el uso de infraestructuras o equipos médicos sumamente especializados y costosos.
En conclusión, como resumió la doctora Maravillas Izquierdo, “la entrada en vigor de la Directiva requiere mayor cooperación entre Estados Miembros; mayor implicación del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; y mayor implicación de las CC.AA. en la gestión de los procedimientos. Además, supone una oportunidad para el proveedor sanitario tanto del ámbito privado como público”.
Por su parte, John Rowan, Policy Officer de la Dirección General de Sanidad y Consumo de la UE (SANCO), reconoció, en primer lugar todo el trabajo y esfuerzo que se ha hecho tanto desde el Parlamento Europeo como desde cada Estado miembro para la aplicación de esta directiva.
A continuación, habló de los principales retos que presenta el desarrollo de la directiva de Sanidad Transfronteriza. En materia de información planteó quién debe ejercer el papel de punto de contacto nacional de información al paciente, partiendo de que si bien en algunos países es una tarea clara del Gobierno central, en otros en los que la Sanidad está descentralizada, esta labor no está tan clara. Sobre este punto también aludió al trabajo coordinado que ha de existir entre dichos puntos de contacto nacional con el fin de que los ciudadanos reciban una información homogénea, coherente y de calidad.
Otro de los retos surge en relación al reembolso y autorización de tratamientos. Rowan recordó, al respecto, que si bien ya se dispone de los reglamentos de Seguridad Social, “al paciente lo que le interesan son sus derechos más que las instrucciones administrativa”. De ahí el interrogante de ¿cómo crear un precio que sea justo y no discriminatorio para el paciente? partiendo, por ejemplo, de que hay mutuas o compañías de seguros con un sistema de tarifas en función del régimen de Seguridad Social establecido en cada Estado Miembro.
La convergencia de carteras de servicios entre Estados Miembros se suma los retos a los que aludió Rowan, ya que, a su juicio, “el paciente tiene que saber a qué tratamientos puede acceder fuera de su Estado”.
En relación a otro de los agentes clave en la aplicación de esta directiva, como los profesionales sanitarios, también se plantean retos relativos a las necesidades de información de cómo aplicar esta directiva. Además, dijo, “hay muchos profesionales que ya han expresado su preocupación por el tema de la continuidad asistencial del paciente”. A ello suma “qué hacer cuando el paciente ya viene diagnosticado en su país de procedencia dadas las diferencias culturales importantes que se observan en relación a la práctica médica y dependiendo del país de origen de paciente”, indicó.
Cómo evaluar los retrasos injustificados en cuanto a los tratamientos y el conflicto que puede existir entre profesionales que no se pongan de acuerdo en cuanto a su consideración sobre “retraso injustificado”, es otra de las preocupaciones que emergen en estos momentos.
Rowan concluyó señalando, que gran parte del futuro de la aplicación de esta directiva radica en las decisiones que tomen los pacientes/ciudadanos en cuanto a la utilización de estos derechos y a las circunstancias en que hagan dicho uso. “Nosotros vigilaremos cuidadosamente, porque forma parte de nuestra tarea”, finalizó.
