La Asociación Española de Atención Primaria (AEPap) se ha adherido al comunicado emitido por la Asociación Andaluza de Pediatría de Atención Primaria (Andapap) en el que se defiende la protección del interés del menor por encima de cualquier otra consideración en el caso del tratamiento mediático al juicio a la pediatra del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla que comunicó una sospecha de posibles malos tratos tras atender a una menor
Como explicó la presidenta de Andapap, la Dra. Nuria Martínez Moral, “un diario andaluz ha publicado una noticia en la que se relata el caso de una pediatra que, en el ejercicio de su labor profesional, detectó una posible situación de maltrato infantil, en la tipología de abuso sexual infantil, y siguiendo el Protocolo de Actuación frente al maltrato infantil implantado en Andalucía, lo comunicó a las autoridades competentes”.
Al igual que la Asociación Andaluza, la AEPap desaprueba el trato periodístico en la publicación de esta noticia, que no ha respetado el anonimato y que desacredita a la profesional acusándola en el titular de “inventar” un abuso. El maltrato infantil es difícil de detectar y se encuentra infravalorado en nuestro país. Noticias como estas contribuyen a mantener esta situación, por lo que “hacemos un llamamiento a la responsabilidad de los medios de comunicación”, señaló la Dra. Narcisa Palomino Urda (vicepresidenta de AEPap y responsable del Grupo Familia y Menores de Andapap).
Desde la AEPap se asegura que la pediatra no denunció a nadie sino que “comunicó una sospecha, como es su deber profesional y legal y no hay pediatra en su situación que no hubiera hecho lo mismo”. En este sentido, la asociación recuerda que los pediatras “no son en ningún caso los encargados de condenar a nadie, pero sí de activar las medidas pertinentes para informar a las autoridades competentes de que un menor puede estar en riesgo. Es a dichas autoridades a quien les compete investigar si hubo o no maltrato”.
Para la AEPap, “la lucha frente a la violencia contra la infancia y la adolescencia debe ser una prioridad en las políticas de protección a las personas menores de edad. Siempre se debe regir por el interés superior del menor. Esto solo es posible si se coordinan las distintas instituciones implicadas” (Salud, Educación, Justicia, Servicios Sociales y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado).
En el ámbito sanitario, recuerdan ambas sociedades científicas, tanto a nivel andaluz como estatal, que “los profesionales que desarrollamos nuestro trabajo en contacto con menores, tenemos la obligación de poner en conocimiento de la autoridad competente cualquier situación de sospecha o de certeza, si la hubiera, de maltrato infantil”.
Por tanto, como garantes de los derechos de las personas menores de edad, el primer paso ante la existencia de una posible situación de este tipo, es sospecharla y posteriormente notificarla transmitiendo la información de la que disponemos. Corresponde a otras
instancias la investigación y resolución de los hechos, pudiendo comprobarse o no que haya existido dicho maltrato. La sospecha no siempre va seguida de certeza. En una sociedad que está tan poco concienciada ante esta realidad, se está poniendo en cuestión, por tanto, la herramienta que posibilita la atención al maltrato en las personas menores de edad.
Por este motivo, y sin querer caer en el corporativismo, la AEPap coincide con la asociación andaluza en que la noticia pone en tela de juicio la profesionalidad de los pediatras que abordan un tema tan delicado como los abuso sexuales a menores; y lo que es peor, pone en peligro a los menores en situación de maltrato.
Asimismo, la AEPap ha querido hacer, a través de este comunicado, un llamamiento a los medios de comunicación y a la sociedad en su conjunto para seguir alerta y anteponer el interés superior del menor a cualquier otro tipo de valoraciones, cuando sospechemos que sus derechos puedan estar siendo vulnerados. Y en el caso concreto de la pediatra sevillana recuerdan que únicamente actuó conforme a los protocolos establecidos en Andalucía.
Como señaló la Dra. Palomino, algunas estadísticas señalan que hasta uno de cada cinco menores de 18 años ha sufrido algún tipo de violencia sexual, de forma aislada o reiterada. En el 95% de estos casos, el agresor es un varón que pertenece al entorno cercano del niño hasta en el 75-80% de las ocasiones (padre biológico, pareja de la madre, abuelos, hermanos, tíos, conocidos de la familia, entrenadores o monitores). Según datos de Save the Children, en el caso de las niñas el abuso suele producirse a edades más tempranas, entre los 7-9 años y la ejercen fundamentalmente personas del entorno familiar; mientras que en el caso de los niños, la edad media suele estar en torno a los 11-12 años y el agresor suele ser en mayor medida un conocido con autoridad (profesor, entrenador…). En ese mismo estudio, se afirma que en torno a un 70% de los casos que entran en el sistema legal nunca llega a juicio oral.
“Los pediatras son los agentes sociales que pueden detectar y conocer de primera mano los problemas a los que se enfrentan los menores desde los primeros días de vida hasta la adolescencia y dar la voz de alarma, activando los mecanismos oportunos establecidos para ello. Y eso es un compromiso con los menores, su integridad, sus familias y con la sociedad”, concluyó la Dra. Martínez Moral.
Se adjunta en PDF comunicado de la Asociación Andaluza de Pediatría de A.P.
