La negociación del Acuerdo Transatlántico para el Comercio y la Inversión (TTIP en sus siglas en inglés) se encuentra en una fase bastante avanzada y se teme por las consecuencias que su aplicación pueden desencadenar en el ámbito sanitario. De ello habla en esta entrevista la eurodiputada socialista Inmaculada Rodríguez Piñero, que participa este viernes en la III Jornada Europea sobre retos de la profesión médica y de la Sanidad en la UE organizada por la OMC en la sede del Parlamento Europeo en Madrid
Inmaculada Rodríguez-Piñero es eurodiputada desde 2014 y pertenece al Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo. En esta entrevista se muestra convencida de las garantías por parte de los Gobiernos nacionales que preservan a la Salud respecto a este u otros tratados comerciales. En este sentido, se muestra convencida de que «la UE no negociará con la salud de los europeos»
-La irrupción del TTIP y la garantía de los derechos del inversor ¿supondrían anteponer, en materia de sanidad, los beneficios de las empresas inversoras frente a la calidad en la prestación de los servicios sanitario?
-No. Según los tratados fundacionales de la UE, son los Estados Miembros y, por tanto, las autoridades nacionales, quienes tienen las competencias para decidir el modo en que se financian, se organizan y se prestan los servicios públicos. Las reglas contenidas en los tratados comerciales, y por supuesto el TTIP no es una excepción, se adoptan en cumplimiento de la normativa de la UE y sus tratados.
Las directrices del Consejo a la Comisión Europea para la negociación del Acuerdo con los Estados Unidos recogen este principio y prohíben de manera expresa una merma en la calidad de nuestros servicios públicos. Asimismo, en sus regulares comparecencias ante el Parlamento Europeo, la Comisaria Cecilia Malmström y el negociador jefe de la Comisión Europea, José Ignacio García Bercero, garantizan firmemente el derecho de los gobiernos a establecer como se organizan, financian y prestan los servicios públicos, quedando expresamente excluida su privatización y salvaguardando, en todo momento, el derecho de los Estados a renacionalizar servicios públicos privatizados. En el mismo sentido, insiste la declaración conjunta emitida por la Comisaria Malmström y el Alto Representante de los Estados Unidos, Michel Froman.
Ni el TTIP, ni ningún otro acuerdo comercial puede interferir en esta competencia y poner en cuestión el derecho a la salud pública universal, a unos servicios médicos de calidad, al acceso a los medicamentos y a la capacidad de nuestros gobiernos para regular e impulsar políticas en favor de estos objetivos.
Asimismo, dicho Tratado no establecerá ningún derecho a expectativa de beneficios en materia de servicios sanitarios, de modo que ningún inversor podrá denunciar a un gobierno por modificar sus políticas sanitarias.
Todavía queda mucho por negociar. La UE ha hecho propuestas a los Estados Unidos en algunas materias, actualmente en negociación. Estamos estudiando las ofertas presentadas por la UE y esperamos conocer la propuesta norteamericana. Para poder conocer el alcance y la implicación de ambas, esperamos contar con la participación de todos los agentes y expertos interesados en su seguimiento y evaluación.
-La negociación del TTIP se encuentra en una fase bastante avanzada ¿qué consecuencias se prevén para los sistemas sanitarios europeos?
-El TTIP no tiene ninguna implicación en la regulación, configuración y sistema de prestación de los sistemas sanitarios europeos.
Todos los sistemas sanitarios nacionales son competencia de los Estados Miembros y se organizan y financian por las autoridades públicas, incluso si se gestionan por operadores privados.
Tal y como hemos reclamado desde el Grupo Socialdemócrata, los servicios sanitarios quedarán expresamente excluidos de la negociación del TTIP, que: a) No incluirá ningún compromiso en el área de licitación púbica de servicios sanitarios; y b) No impedirá, en ninguno de sus apartados, que los Gobiernos desarrollen e impulsen las políticas que deseen para regular la provisión de servicios públicos o público-privados de sanidad y ningún inversor podrá denunciar a un gobierno por modificar sus políticas sanitarias que afecten a su expectativa de beneficio.
Durante el proceso de negociación y una vez finalizado el texto, habrá que analizar si las reservas incluidas en el TTIP sellan o no este compromiso.
-Más que un mero tratado comercial, ¿podría representar un importante cambio en el modo de entender la organización político-jurídica y la soberanía de los Estados?
-Si por pérdida de soberanía se entiende que el TTIP puede suponer una limitación a la capacidad de legislar de la UE y de los Estados en beneficio de sus intereses y del interés general, la respuesta es rotundamente NO. Ahora bien, en todo tratado internacional los Estados sellan, por voluntad soberana, compromisos transnacionales que deben cumplir.
La cooperación regulatoria tampoco significa, en ningún caso, pérdida de soberanía. Para suprimir barreras técnicas al comercio, sólo justificadas por su carácter proteccionista, se pretende converger en cooperación regulatoria manteniendo o mejorando los estándares de protección europeos, mediante la supresión de trámites y requisitos duplicados que perjudican fundamentalmente a las PYMES, evitando la duplicación de inspecciones, coordinando diferentes normas de etiquetado y permitiendo el reconocimiento mutuo de las certificaciones de las Agencias competentes.
Es cierto que el TTIP pretende ser más que un tratado de Libre Comercio porque su objetivo no es solo facilitar los intercambios comerciales, sino mejorar la regulación de la globalización mediante el establecimiento de unos adecuados estándares de protección que sirvan de referencia en el comercio mundial, incorporando un capítulo de desarrollo sostenible que fije compromisos vinculantes en materia de derechos laborales, sociales y medioambientales, que podamos defender juntos a escala internacional.
Por eso, los socialistas defendemos un TTIP ambicioso en materia de sostenibilidad, que sirva para fijar un modelo alejado del dumping de precios, social, laboral y medioambiental que otras potencias defienden y practican cada vez con más intensidad.
En el nuevo escenario mundial, cada vez más desplazado hacia China y el Pacífico, la importancia del TTIP no es meramente económica, sino fundamentalmente geoestratégica. No deseamos un TTIP corto de vista, sino un Acuerdo ambicioso que mire al futuro de la Unión Europea, que refuerce nuestro liderazgo y nuestro papel, ya bastante mermado, como actor internacional.
-Dicho tratado ¿podría abrir la puerta a una progresiva privatización de la sanidad y poner en riesgo la salud de los ciudadanos?
-La decisión sobre el modo en que se prestan los servicios públicos de sanidad y los niveles de protección en materia de salud humana, animal, medioambiental, permanece en la UE y los estados Miembros, con o sin TTIP.
Entre otros aspectos, la Comisión Europea ha aclarado públicamente, que nada en el TTIP podrá impedir que un gobierno renacionalice servicios públicos que se hayan privatizado. Y que allá donde los gobiernos hayan decidido implantar sistemas mixtos, con servicios públicos y público-privados, el objetivo será asegurar la transparencia y la justicia en el acceso a la prestación de los mismos.
Con los servicios de salud, la UE no negociará. El modo en que se proveen y gestionan los servicios de sanidad queda en manos de los Estados y sus autoridades públicas.
Desgraciadamente, hemos visto cómo en España han sido las Comunidades Autónomas gobernadas por el Partido Popular durante mucho tiempo, como Madrid y Valencia, quienes han procedido a privatizar la sanidad pública anteponiendo los beneficios privados de las empresas concertadas a la prestación del servicio público de la sanidad universal, a la vez que el gobierno de Mariano Rajoy introducía el copago farmacéutico. Decisiones adoptadas que nada tienen que ver con la negociación de un tratado comercial.
Los socialistas europeos siempre nos hemos opuesto y seguiremos oponiéndonos de manera tajante a la liberalización de los servicios públicos esenciales, como la sanidad, la educación o el suministro de agua, a través de acuerdos comerciales. Así lo exigimos y conseguimos que quedara reflejado en la Resolución del Parlamento Europeo del 8 de julio de 2015, en la que se establecen las directrices que deben tener en cuenta los negociadores si quieren contar con la aprobación del Parlamento.
-En la II Jornada Europea «30 años de España en la Unión Europea: Repercusiones en la profesión médica y retos de futuro», organizada por el CGCOM, el pasado mes de septiembre, se denunció el desconocimiento reinante sobre los contenidos de este Tratado ¿ha variado la situación después de casi un año?
-No cabe duda que la falta de transparencia inicial ha sido un grave error que ha incidido en crear un estado de opinión adverso sobre el TTIP.
Los socialistas siempre hemos defendido la transparencia en todo el proceso de negociación y nuestra presión, junto a la ejercida por la sociedad civil ha dado sus frutos. A día de hoy puede decirse que el TTIP es el tratado comercial más transparente que ha negociado nunca la UE. Todas las propuestas se publican en la Web de la Comisión Europea.
Aun así, la transparencia nunca es ni será suficiente, salvaguardando los intereses estratégicos de la negociación. Los socialistas exigimos que todos los documentos consolidados por ambas partes estén disponibles para poder debatir con un mayor conocimiento de causa y que sean traducidos a todas las lenguas oficiales europeas.
El Gobierno de España también debería comprometerse con la transparencia y propiciar el debate en el Congreso. En noviembre de 2014, el Grupo Parlamentario Socialista presentó en las Cortes Generales una iniciativa en la que exigíamos al Gobierno que informara sobre el avance de las negociaciones después de cada Ronda, pero la mayoría absoluta del PP lo impidió.
El trabajo no ha terminado y seguimos reclamando avances en este sentido.
-¿Considera que el TTIP podría acabar con las regulaciones europeas en materia de Salud Pública?
-La regulación de los servicios públicos de sanidad queda excluida del acuerdo y en cuestiones como el acceso a medicamentos, donde aún queda ver cómo quedará la letra del Acuerdo, los socialistas estamos muy vigilantes para que la Comisión cumpla su compromiso de defender los actuales niveles de acceso y protección alcanzados en la UE.
En materia de cooperación regulatoria en las áreas farmacéutica, de dispositivos médicos, químicos o cosméticas, donde las regulaciones son diversas, los negociadores han puesto sobre la mesa su intención de intercambiar información y mejores prácticas a través de un organismo de cooperación regulatoria que ayude a identificar las barreras que sean innecesarias, por no aportar ningún refuerzo adicional en materia de protección y seguridad, pero que suponen un incremento en los costes que repercuten en los precios finales al consumidor, además de requerir dobles pruebas o ensayos, con sus implicaciones éticas, para un mismo objetivo.
Se habla de que la cooperación regulatoria se ha pensado para favorecer a las grandes multinacionales, pero en realidad quienes más se ven afectadas por costes y procedimientos administrativos adicionales para la certificación de los productos, son sobre todo las PYMES, que no tienen tal capacidad para hacerles frente.
Como exigimos los socialistas, el organismo de cooperación que se propone en el TTIP, en primer lugar, deberá ser transparente y contar con la adecuada participación de los agentes del sector en el que se desarrolle la cooperación. Y, en ningún caso, tendrá capacidad para regular, sino únicamente realizar sugerencias en aquellos casos en que se identifiquen niveles de protección similares aunque garantizados por normas y procedimientos diferentes.
Los procedimientos legislativos de la UE y de sus Estados miembros no se verán en ningún caso alterados por el TTIP.
-¿El TTIP puede jugar, a su juicio, un papel en contra de la universalidad de los servicios públicos?
-El artículo 43 de la Constitución Española establece que compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios.
La potestad y capacidad de decidir el modo en que se prestan los servicios públicos reside en las autoridades públicas de los Estados miembros. Y esto no se verá alterado por el TTIP, ni por cualquier otro tratado comercial.
Serán por tanto los gobiernos que salgan elegidos de las urnas en nuestros países y regiones, quienes decidan, en los márgenes de la legislación nacional, el nivel de acceso de la ciudadanía, la calidad con la que se prestan los servicios públicos y la forma en que se gestionan.
-¿El resto de tratados que están emergiendo entre diversos países pueden incrementar, asimismo, riesgos para la Sanidad europea?
-La Unión Europea defiende a escala internacional los más altos niveles de protección de la salud, también en materia de propiedad intelectual cuando exigimos un equilibrio adecuado entre la necesidad de fomentar la investigación y el acceso universal a medicamentos de calidad asequibles, promoviendo las flexibilidades que precisan los países menos avanzados para garantizar que sus ciudadanos tengan las mismas oportunidades que el resto.
Ningún acuerdo comercial con terceros países puede alterar nuestra legislación. Lo que sí esperamos es que los tratados internacionales de comercio sean cada vez más ambiciosos a la hora de vincular el comercio a objetivos de obligado cumplimiento en materia social, laboral, medioambiental, de derechos humanos, responsabilidad social de las empresas, defendiendo y promoviendo los más altos estándares de protección a escala internacional.
Y aquí es, precisamente, donde radica la mayor importancia del TTIP, que esperamos presente un referente que nos permita defender y promover nuestro modelo de protección en la esfera mundial.
El inmovilismo no conduce a ningún puerto. Solo creando una adecuada red de alianzas con nuestros socios internacionales seremos suficientemente fuertes para tratar de exportar los niveles de protección más elevados al resto del mundo.
En definitiva, una futura asociación privilegiada de comercio e inversiones con los EE.UU sería una oportunidad para el conjunto de la UE y para consolidar su posición en el tablero internacional, aunque no estará exenta de retos.
Con el TTIP, España puede dejar de tener una posición geográfica marginal en el seno de la UE para situarse en el centro geográfico de la mayor Zona de Libre Comercio del mundo.
Los socialistas controlaremos y supervisaremos todo el proceso de negociación para conocer la letra pequeña de lo que se acuerde y velar por el cumplimiento de nuestras pretensiones. No apoyaremos un Acuerdo que no asuma nuestras principales reivindicaciones y que pueda suponer un riesgo para los estándares de protección europeos, para la privatización de los servicios públicos, que no incorpore el nuevo sistema del Tribunal Público de Inversiones en sustitución del sistema actual de arbitraje y que pueda limitar el derecho de los Estados a regular. Estamos a favor de la negociación pero no apoyaremos cualquier Acuerdo.
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