La secretaria general de Sanidad y Consumo, Pilar Farjas, recordó ayer el mandato de la Constitución a los poderes públicos de garantizar la defensa de la seguridad, salud y legítimos intereses económicos de los consumidores, en un acto conmemorativo del 30 aniversario de la Ley de Defensa de Consumidores y Usuarios
Madrid, 25 de junio 2014 (medicosypacientes.com)
Las asociaciones de consumidores y usuarios son una pieza clave porque «si los consumidores no conocen sus derechos no podrán exigirlos. Y si no saben cómo y ante quién, tampoco la protección y defensa será efectiva». Así lo aseguró la secretaria general de Sanidad y Consumo, Pilar Farjas, en su intervención ayer ante el Consejo de Consumidores y Usuarios, en la inauguración de la Jornada Conmemorativa de los 30 años de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.
Farjas recordó el mandato de la Constitución a los poderes públicos, de garantizar la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo mediante procedimientos eficaces la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos. Por este motivo, y por el importante papel de las asociaciones de consumidores, el Gobierno, según se indicó, «ha mantenido en los últimos años el presupuesto en ayudas a estas entidades, para que puedan seguir trabajando por y para la defensa de los consumidores».
En este sentido, Farjas también resaltó que, en el último año, los consumidores han sido «auténticos protagonistas», por la aprobación de la Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Derechos de los Consumidores y Usuarios, que regula todas las transacciones a distancia, ampliando los derechos de los ciudadanos.
La norma, que se aprobó en Consejo de ministros el pasado mes de octubre, a propuesta de la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, y el 27 de marzo salió del Parlamento, entró en vigor el pasado 13 de junio. Adapta a la legislación española la Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los derechos de los consumidores. Su objetivo principal es reforzar la seguridad jurídica, tanto de estos como del empresario que formalizan transacciones a distancia, por lo que introduce medidas encaminadas a reducir la desigualdad de posiciones entre ambas partes, evitando situaciones de desprotección de los consumidores.
En la tramitación parlamentaria, además, se introdujeron importantes modificaciones y mejoras, encaminadas, por un lado, a eliminar el «spam» o «acoso» telefónico de los consumidores por parte de compañías que les hacen ofertas no deseadas, fruto del compromiso adquirido por la ministra. También se legitimó a los fiscales para representar a los consumidores en reclamaciones colectivas ante cláusulas abusivas y se acordó que la emisión de las facturas electrónicas requiere el consentimiento expreso de los consumidores quienes tienen en cualquier caso el derecho a la factura en papel sin coste adicional.
Por otro lado, la secretaria general se refirió al proceso de resolución extrajudicial de expedientes abiertos por la comercialización indebida de participaciones preferentes. El proceso se inició hace ahora un año y en n este tiempo, la Junta Arbitral Nacional de Consumo, adscrita al antiguo Instituto Nacional de Consumo y luego a la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN) dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, ha dictado 128.354 laudos, una media de casi 11.000 expedientes al mes. De este modo, ya se han resuelto el 94,4% de las solicitudes recibidas.
