El presiente de la Asociación Española de Derecho Sanitario (AEDS) y presidente del Comité Organizador del XXI Congreso Nacional de Derecho Sanitario, Ricardo de Lorenzo, analiza en esta entrevista las principales novedades que en esta materia se van a abordar entre los días 16 y 18 de octubre. De Lorenzo defiende la importancia que ha cobrado el Derecho Sanitario en las últimas décadas aunque reconoce que todavía queda un largo camino por recorrer sobre todo en formación
Madrid, 10 de octubre 2014 (medicosypacientes.com)
-Tras 20 Congresos de la AEDS, ¿se percibe un mayor interés en el sector por el Derecho sanitario?¿cómo ha evolucionado la temática de esta actividad anual?
-Es bien sabido que la delimitación y autonomía del Derecho Sanitario ha vivido en España un importante proceso de desarrollo y consolidación durante los últimos veinticinco años, etapa ésta durante la cual ha adquirido los perfiles que hoy tiene y que lo sitúan en una posición central y emblemática dentro del conjunto de regulaciones jurídicas que ofrece el modelo de Estado Social hoy existente entre nosotros, de forma que, en la actualidad, puede afirmarse que el Derecho Sanitario supone una nueva cultura, diferente de lo que, hace algún tiempo, se conocía como «Legislación Sanitaria», «Medicina Legal» o «Derecho Médico», cultura ésta que ha configurado una de las más nuevas y pujantes ramas del ordenamiento jurídico.
En efecto, el Derecho Sanitario constituye, sin duda, una de las materias que mayor auge ha experimentado en las últimas décadas. Su ámbito es interdisciplinar y abarca tanto materias de carácter jurídico como ético, sanitario y económico, razón por la cual atrae asimismo el interés de profesionales provenientes de diferentes disciplinas y especialidades.
Su desarrollo es parejo a los propios avances científicos y tecnológicos que plantean, de forma ya constante, complejas interrogantes jurídicas y éticas compartidas mundialmente. E igualmente se corresponde con el innegable peso específico que las materias, cuestiones o problemas relacionados con la atención sanitaria y la salud pública representan en todos los órdenes, tanto desde la perspectiva del interés social por su calidad, en cuanto síntoma de progreso y desarrollo sociales, como desde la económica, o desde la profesional, atendido el elevado número de profesionales de extracción diversa que se encuentran implicados en aquéllas.
Por último, y desde otra perspectiva, el desarrollo del Derecho Sanitario en nuestro país se explica también por la preocupación creciente de los profesionales sanitarios, ante el incremento de la conflictividad en su relación con los pacientes, que desemboca en numerosas ocasiones en la vía judicial, ya sea civil, penal o administrativa, y que produce en aquéllos una notable sensación de inseguridad y la consiguiente tendencia hacia la práctica de lo que se ha venido denominando como «medicina defensiva».
-¿Qué balance hace del último año en materia de derecho sanitario? ¿Ha sido un periodo especialmente activo en esta materia?¿Cómo ha quedado reflejado en el programa del XXI Congreso de la AEDS?
-Este año ha sido un año en la vida de la Asociación especialmente activo, ya que por un lado en cumplimiento de lo que habíamos acordado en la Asamblea General de 27 de Junio de 2013, en la que se vio la necesidad de modificar nuestros estatutos para adaptarlos a las nuevas necesidades asociativas, aprobamos su modificación inscribiéndose en el registro Nacional de Asociaciones este año. Igualmente ha sido año electoral, en el que con una altísima participación de nuestros asociados se ha renovado la Junta Directiva en la mitad más uno de sus miembros, lo que pone de relieve, el dinamismo de la Asociación y la voluntad de plantearse nuevos proyectos, conservando su carácter de marco de encuentro para el debate del Derecho Sanitario y de la protección de la salud en relación con las normas jurídicas como parte del progreso social y político.
A la Junta se han incorporado un plantel de grandes y jóvenes especialistas en Derecho Sanitario como son: Iñigo de Miguel Beriaín, Doctor europeo en Derecho, y reconocido especialista en Bioética y Bioderecho; Raquel Murillo Solís, Abogada, MBA, Máster en Derecho Sanitario y Directora del Ramo de Responsabilidad Civil Profesional de A.M.A.;Ofelia De Lorenzo Aparici, Abogada Directora procesal del Bufete De Lorenzo Abogados, Máster en Derecho Sanitario y Profesora de la especialidad en la facultad de Medicina CEU San Pablo; Eduardo Javier Martín Serrano, Abogado, Presidente Asociación Andaluza Derecho Sanitario, especialista en Mediación en el ámbito sanitario; Francisco Corpas Arce, Director de los Servicios Jurídicos del Consejo de Colegios Oficiales de Enfermería de España; Juan Manuel Méjica García, Doctor en Derecho y Medicina, Del Cuerpo Superior de Letrados de la Administración de la Seguridad Social; Luís Calvo Sánchez Doctor en Derecho y Profesor Titular de Derecho Público y Angel de Benito Cordón Médico Forense y experto en Gestión Médica.
En materia de Derecho Sanitario, el mismo programa es el mejor exponente de la actividad en la materia.
-El Consejo General de Colegios Médicos tiene un peso específico en el marco de este Congreso ¿qué se espera de sus aportaciones?
-Efectivamente, desde la Asociación siempre hemos cuidado su presencia y participación en los debates que en el marco de nuestros Congresos se producen.
En esta edición estará presente en la mesa sobre el Registro de Profesionales. Registro que viene a cumplir un mandato legal con más de diez años de retraso. Se cubre, pues, un vacio que ha perjudicado sensiblemente la planificación de los recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud. Ahora habrá que implementar el contenido del Real Decreto y eso requiere la necesaria intervención y colaboración de los Colegios Profesionales y de sus respectivos Consejos Generales. En la mesa estará el Consejo de Enfermería, el de Farmacia junto al de Médicos y la Administración.
También tendrá presencia en la mesa de la Fundación Dental que moderará el Presidente del Consejo General de Dentistas, el Dr. Oscar Castro Reino, sobre información sanitaria frente a publicidad, analizando sus diferencias y su régimen jurídico. Comienza a ser habitual la proliferación de informaciones que podrían ser engañosas, favoreciendo intereses económicos de las empresas autores de estas informaciones, que en definitiva es publicidad encubierta que no sigue las recomendaciones de la OMS para este tipo de trabajos.
Y por último el Dr. Juanjo Rodríguez Sendín, presidirá la mesa de la Asociación Iberoamericana en la que junto a su Presidente Osvaldo Romo, tenemos representaciones de Portugal, Colombia, Chile, Argentina, Perú, México y Ecuador, y de la Asociación Mundial de Derecho Médico.
-¿Uno de los temas abordados es el del baremo de daños sanitarios? En qué se ha avanzado sobre un tema de especial relevancia como este?
-Se ha avanzado todo, puesto que tras año y medio de reuniones en el Consejo Asesor de Sanidad, de contenido jurídico, técnico y sanitario se ha terminado un borrador que ha sido elevado a la Ministra de Sanidad y presentado en las XVI Jornadas de la Función Consultiva, celebrada la pasada semana en el Consejo Consultivo de Andalucía, y a la que acudieron los representantes de toda España.
En esta XXI edición del Congreso, y en la mesa específica que tendremos sobre Baremo y valoración del daño sanitario igualmente se presentará y someteremos a valoración, participando varios miembro de la comisión de trabajo del mismo, junto al Vicepresidente del Consejo Asesor, quien analizará los criterios jurídicos que se han utilizado para su elaboración.
Este Baremo va a suponer un enorme avance pues el borrador se plantea con carácter complementario del Baremo de accidentes de tráfico de modo que se contemplen aquellas secuelas que nos están incluidas en el llamado Baremo de autos. Tendrá carácter orientativo para jueces y tribunales y para aquellas instituciones u órganos de la administración, que entiendan de esta materia y por supuesto para nada afectará a la normativa sobre responsabilidad, que, como es lógico se mantendrá vigente. Terminado este borrador del Consejo Asesor de Sanidad deberá pasar a trámite ante otros Ministerios que puedan tener competencia en esta materia.
Esta propuesta del Consejo Asesor de Sanidad, trata precisamente de solventar la falta de una tabla que evalúe el daño producido por una práctica médica, no se trata de unificar las indemnizaciones que deben darse en caso de negligencias médicas.
Lo que debe importar es el daño producido, no si es por una técnica mal utilizada o si ha habido una actuación poco cuidadosa; se trata de cifrar la indemnización, la motivación es otra cosa, lo importante es que se ha producido una lesión o daño a una persona que iba buscando salud y se ha encontrado con un problema sobrevenido, por ello la mesa pone el relación el Baremo con la seguridad de los pacientes.
El contrato de Seguro es un contrato de los llamados de «adhesión», cuyas condiciones en lo más substancial vienen redactadas por el asegurador, sin que el asegurado pueda elegir más que entre asegurarse o no, y aceptar uno u otro de los tipos de seguro que aquel tenga fijados. Y esta construcción jurídica se sigue manteniendo hasta la fecha, conservando en la actualidad pleno vigor, si bien dicho contrato de adhesión ha sido interpretado por la doctrina jurisprudencial de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo con la finalidad de buscar la máxima protección de la parte más débil, y, en suma, del consumidor en general.
Desde esta perspectiva, el contrato de seguro de responsabilidad previsto en la LOPS, no puede ser ajeno al intervencionismo del Estado, y por ello es muy importante este borrador del Ministerio de Sanidad, y de su Consejo Asesor por aportar y recomendar soluciones, para fijar las indemnizaciones que puedan corresponder por daños sobrevenidos de la actividad sanitaria.
-¿Preocupa desde el punto de vista jurídico la situación en torno a la equidad en el acceso a las prestaciones sanitarias, que va a ser revisada en el transcurso de este Congreso?
-La crisis económica y las dificultades presupuestarias han conducido a la aprobación de medidas en el ámbito autonómico que, de facto, crean dificultades (a veces insalvables) para el acceso a medicamentos y otras prestaciones. La llamada reevaluación de medicamentos por parte de Comités y Comisiones de las CCAA bordean, si es que no sobrepasan, las competencias autonómicas y ponen en cuestión decisiones previas de la Agencia del Medicamento y de la Dirección General de Cartera Básica de Servicios y Farmacia. Así lo ha reconocido recientemente una sentencia en Castilla y León.
-¿Considera adecuado el nivel formativo en esta materia por parte de los futuros médicos?
-En absoluto. Queda un larguísimo camino por recorrer. Ni el Derecho Sanitario, ni la Ética son asignaturas de la Licenciatura de Medicina, son asignaturas de postgrado y como tales, sin expresa obligación a ser estudiadas. Sí, en cambio, he de reconocer que el Derecho Sanitario ha ocupado su espacio completando este haciéndose lentamente un hueco. De hecho, el Derecho Sanitario nació para completar la esfera formativa de un médico que, como vemos, ha de poseer. Hoy, el Médico, se va formando por medio de cursos, Jornadas, etc., o por el periodismo especializado que le informa de leyes, sentencias, etc…
La falta de información no es tanto un problema legal como un problema de cambio de las relaciones sanitarias: del paternalismo tradicional a la participación en la toma de decisiones sanitarias. Y el aprendizaje de esta nueva relación exige cambios de mentalidad en los profesionales que no se consiguen solo «a golpe de ley», sino mediante la implantación de medidas educativas, formativas y de participación de los profesionales.
Creo que las Facultades de Medicina deberían tomar este testigo, y también de los Colegios, que es una más de las funciones por desarrollar de los Colegios Profesionales, y asimismo por las propias Asociaciones Científicas. Cualquier acto médico de la vida profesional resulta de una importancia decisiva: informar, lograr su consentimiento para una actuación, etc. Y todo va unido, nada es banal. Por ello, es muy importante asumirlo para evitar vulnerar los derechos que todo paciente tiene. De tal modo, estas carencias de las que hablábamos antes, convierten en ocasiones lo que deberían ser procesos dialógicos en procesos administrativos.
-Para finalizar, ¿qué retos se ha marcado la AEDS con este XXI Congreso?
-En estos momentos como podrá imaginar está el cerrar con éxito esta vigésima primera edición del Congreso. También que en Noviembre se resuelva y haga público nuestra segunda edición del Premio Nacional de Derecho Sanitario, y desde luego conseguir a largo plazo la continuidad de nuestra labor asociativa, a través del relevo generacional que ya se ha producido en estas pasadas elecciones, para que se siga entendiendo que la Salud no es solo Medicina y alcanzarla como objetivo no es solo un Derecho, y por eso es necesario que esté compuesto por profesionales Sanitarios aunque sea de Derecho y por Juristas aunque sea Sanitario.
Se adjunta Programa XXI Congreso de Derecho Sanitario.
