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En España se declara menos del 0,2% de los cánceres laborales

En España sólo se declara entre el 0,1 y el 0,2% de los cánceres laborales estimados, lo que evidencia que esta patología continúa siendo una asignatura pendiente de las políticas de salud laboral, según se desprende de un manifiesto difundido por los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadores (UGT), con motivo de la celebración este domingo del Día internacional de la Salud y la Seguridad en el Trabajo. Ambas organizaciones coinciden en la necesidad de medidas que acabe con el deterioro de condiciones de trabajo asociadas al incremento de los daños a la salud

«En España dos personas, diariamente, no vuelven a su hogar por el solo hecho de intentar ganarse la vida. Debemos recordar que los trabajadores y las trabajadoras tenemos, entre otros derechos laborales, el derecho a la integridad física. Además, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) reconoce expresamente nuestro derecho a una protección eficaz en esta materia», según se expresa en el manifiesto de CCOO y UGT.

 
El mercado de trabajo se ha precarizado durante los años de crisis, una situación que, según estas organizaciones sigue instalada estructuralmente en la actualidad. La reforma laboral de 2012 reforzó el poder unilateral de los empresarios, dotándoles de herramientas para hacer prevalecer sus intereses sobre los de la clase trabajadora, aumentar sus beneficios empresariales a costa de empeorar las condiciones laborales, menoscabando así la seguridad y salud de los trabajadores y trabajadoras. 
 
La inseguridad laboral asociada a las relaciones laborales temporales y parciales no deseadas que monopolizan las nuevas contrataciones, así como los ínfimos salarios que perciben están obligando a los trabajadores y trabajadoras a elegir entre salario o salud, entre derechos o empleo. «La precariedad laboral ha hecho que aumente el número de trabajadores pobres, que se ven obligados a aceptar trabajos en condiciones inseguras y que ponen en serio riesgo su salud», indican.
 
En su documento, ambos sindicatos lamentan la inexistencia de un subregistro de las enfermedades de origen laboral. Este hecho es preocupante, porque lo que no se registra no se previene y lo que no se previene termina dañando la salud de las personas trabajadoras. «La exposición continuada en los centros de trabajo a sustancias peligrosas o a cargas de trabajo físicas o mentales excesivas provocan enfermedades que invalidan, producen sufrimiento y en numerosas ocasiones hasta la muerte», recuerdan.
 
El cáncer de origen laboral continúa siendo una asignatura pendiente de las políticas de salud en el trabajo. En España sólo se declara entre el 0,1 y el 0,2% de los cánceres laborales estimados. En 2018 sólo se declararon 28 enfermedades profesionales relacionadas con agentes carcinógenos (más de la mitad estuvieron relacionadas con el amianto). Si se reconocieran todos los casos que se producen, el cáncer sería la primera causa de mortalidad profesional en España.
 
Demandas en materia de salud laboral
 
Ambas organizaciones incluyen en su manifiesto una serie de reivindicaciones:
 
-Una prevención real en la empresa que garantice una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.
-Respeto a los derechos de consulta, participación y representación en todo aquello que pudiera tener consecuencias para nuestras condiciones de trabajo y nuestra salud. 
-Que las Administraciones Públicas competentes en materia laboral desarrollen las funciones que la LPRL les asigna en la promoción de la prevención, asesoramiento técnico, vigilancia y control del cumplimiento normativo.
-Una Inspección de Trabajo y Seguridad Social con recursos suficientes para cumplir eficazmente con la función de vigilancia y control de la normativa sobre prevención de riesgos laborales. 
-Reforzar el Instituto de la Seguridad y Salud en el Trabajo para que pueda realizar el necesario análisis y estudio de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, así como la promoción y mejora de las mismas.
-Que el nuevo Gobierno y Parlamento que surjan de las elecciones generales del 28 de abril deroguen las reformas laborales y avancen en un nuevo marco legal que combata la precariedad laboral y acabe con el deterioro de condiciones de trabajo asociadas al incremento de los daños a la salud.
 
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