El Senado aprobó ayer en el pleno y por unanimidad (251 votos a favor) una moción presentada por Unidos Podemos con el fin de transferir las competencias en materia de Sanidad Penitenciaria a las comunidades autónomas
La iniciativa fue defendida por la senadora Maribel Mora con el fin de dar respuesta tanto a los problemas sanitarios que padece la población reclusa en España como los aspectos laborales relacionados con los profesionales sanitarios que se ocupan de dichos pacientes.
En la moción aprobada se exige que se cumpla la legislación vigente llevando a cabo la transferencia con su correspondiente traspaso presupuestario. Como se recuerda en el texto presentado por Unidos Podemos, dicha transferencia fue contemplada hace ya más de una década y que en la práctica sigue sin aplicarse. «Ese es el tiempo que lleva en vigor la Disposición Adicional Sexta de la Ley 16/2003, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, que preveía un plazo de 18 meses para la transferencia a las comunidades autónomas de los servicios sanitarios dependientes de Instituciones Penitenciarias, para completar así su plena integración en los diferentes servicios autonómicos de salud», según se indica.
Esta transferencia efectiva de competencias -se añade- debería haberse completado antes del 30 de noviembre de 2004. Sin embargo, tan solo en País Vasco y Cataluña han tramitado esta transferencia de competencias. La realidad en el resto de territorios del Estado es bien distinta y se regula, a pesar de las leyes aprobadas, en base a una serie de convenios firmados entre las diferentes autonomías e Instituciones Penitenciarias de cuya aplicación sólo se observan numerosas deficiencias y que en la actualidad no están en vigor.
Según datos de Unimos Podemos, en la actualidad hay más de 60.000 personas cumpliendo condena en las diferentes prisiones del Estado, muchas de las cuales gozan de muy mala salud. Se estima que un 40% padece trastornos mentales y no recibe un tratamiento integral acorde a sus necesidades. La tuberculosis es otra de las enfermedades frecuentes en las prisiones y la hepatitis presenta unas tasas de incidencia en torno al 25% . De la misma forma, mientras que la tasa de infectados por VIH se sitúa en el mundo occidental entre el 1,5 y el 3%, más del 10% de la población reclusa padece esta grave enfermedad.
Al respecto, la senadora de Podemos, Mora, denunció que actualmente existe un «complejo entramado burocrático para que los reclusos reciban el tratamiento sanitario que necesitan, hasta el punto de que algunos tardan hasta un año y medio en tener tan solo un diagnóstico para sus patologías, cuando una persona libre lo recibe en tan solo cuestión de semanas.
Olvido y precariedad
De forma similar se expresaban tan solo hace unos días médicos y organizaciones de derechos humanos tras acudir a la Oficina del Defensor del Pueblo para solicitar su mediación ante esta situación que va agrabándose ante la cada vez mayor falta de recursos. Así, la Dra. Carmen Hoyos, coordinadora de Sanidad penitenciaria de la OMC, lamentó que se esté olvidando a los enfermos presos como pacientes, insistiendo en que la Ley General de Sanidad ya establecía en 1986 que la Sanidad penitenciaria estuviera incluida en el Sistema Nacional de Salud.
Esta experta en Sanidad penitenciaria también se refirió a la situación de precariedad de los médicos que trabajan en las cárceles, que, como señaló, “ha sido muchas veces denunciada, pero casi siempre desoída”. Al respecto, lamentó que durante muchos años se haya estado cobrando la hora de guardia a un euro, y pese a que partir de 2006, se subió a seis euros, todavía se está muy lejos de alcanzar lo que, por ejemplo, percibe un médico de A.P. en torno a los 26 euros”.
Advertía, además, del problema del envejecimiento de las plantillas y su próxima jubilación, sin que se vea una clara intención de reposición de personal, lo cual apunta a una posible externalización de este tipo de asistencia.
Ahora, y tras la decisión unánime del Senado, la Dra. Hoyos mostró su satisfacción, ya que, como remarcó, «la aprobación o no de esta moción presentada por el Grupo Unidos Podemos es de vital importancia en el impulso político-administrativo para llevar a cabo el proceso transferencial y los grupos políticos tenían que ser conocedores de la traducción que sus votaciones tendrían en la realidad sanitaria de las prisiones españolas».
«Ha habido discrepancias entre los senadores,siendo la principal la económica pero todos por igual han puesto de manifiesto que una persona privada de libertad en nuestro país no puede ser discriminada sanitariamente y todos debemos velar por ese derecho», según manifestó.
La coordinadora de Sanidad Penitenciaria de la OMC insistió sobre la situación de los profesionales sanitarios del medio penitenciario. «Llevamos todos esos años padeciendo graves discriminaciones salariales, formativas, dificultades éticas en nuestra práctica asistencial, investigadora, docente etc. Ello ha sido referido en la tribuna de oradores y reconocido con un emotivo aplauso dirigido a la tribuna de invitados donde nos situábamos y que desde aquí agradezco», concluyó.
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