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El presidente del Colegio de Médicos de Valladolid insiste en la denuncia como medida para frenar las agresiones a los sanitarios

 

Antonio Otero, presidente del Colegio de Médicos de Valladolid, recomienda a todos los sanitarios que sufran alguna agresión durante el ejercicio de su profesión que presenten la correspondiente denuncia como medida para «frenar la espiral de vejaciones» que los profesionales sanitarios sufren a diario

Valladolid, 3 de junio de 2013 (medicosypacientes.com)

El presidente del Colegio de Médicos de Valladolid insiste en la denuncia como medida para frenar las agresiones a los sanitarios y afirma que «no se pueden dejar pasar estos casos, lamentablemente cada vez más frecuentes».  Defiende que «la denuncia es la única forma de frenarlos y evitar que algún día pueda producirse un caso más grave».

El doctor Otero hizo estas declaraciones, recientemente, a raíz de la condena, del Juzgado de lo Penal número 1 de Valladolid, a un año de prisión a un septuagenario, cuya identidad responde a las iniciales I.H.P, por unos hechos ocurridos en noviembre del pasado 2011.

Mientras un traumatólogo del Hospital Clínico Universitario pasaba consulta, el condenado interrumpió en la misma entre voces y amenazas, exigiendo al médico el reembolso de un billete de autobús. Según el agresor, se había visto obligado a comprar el billete por culpa del profesional médico, quien no le había permitido hacer una resonancia magnética, prescrita hacía un mes y medio, por no comunicarle al radiólogo el uso de marcapasos hasta el momento de la prueba.

Los hechos apuntan a que el traumatólogo pidió a su apaciente que abandonase la consulta y ante la negativa de este fue él mismo quien intentó dejar la estancia, momento en el que I.H.P asió su bata y le empujó contra una de las paredes del despacho, acción que repitió, entre insultos y amenazas, fuera de la consulta ante la mirada de varias personas que habían acudido ese día al hospital.

El agresor fue finalmente condenado a un año de prisión por un delito de atentado, además de imponérsele una multa de 200 euros por cada una de las faltas de amenaza.

El Ministerio Fiscal y la acusación particular solicitaban inicialmente un año y diez meses y dos años de prisión, respectivamente, conforme a los artículos 550 y 551 del Código Penal, que tipifican como atentado a la autoridad las agresiones sufridas por el personal sanitario, por lo que la sentencia condenatoria podría haber sido superior, pero al llegar el día del juicio se aceptó la petición de rebaja de las penas solicitada por I.H.P. debido a su avanzada edad.

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