Una decena de senadores “populares” ha constituido un grupo de trabajo en la Cámara Alta para escuchar las inquietudes y demandas que despierta la futura Ley de Servicios Profesionales, que establece la colegiación voluntaria para ciertos colectivos, según informaron fuentes parlamentarias
Madrid, 18 de diciembre de 2013 (medicosypacientes.com/EP)
Los parlamentarios del Partido Popular constituyeron este equipo el pasado octubre y, desde entonces, se han reunido con varios de los colectivos a los que afecta de lleno la nueva norma.
El propósito es trasladar sus ideas al Ministerio de Economía y Competitividad, departamento que lleva el peso del anteproyecto con la interlocución de otros órganos del Ejecutivo al afectar a sectores tan diversos como los médicos, los farmacéuticos, los abogados o los arquitectos.
Por esta razón, los senadores del grupo que sustenta al Gobierno llevan tres meses manteniendo encuentros con abogados, procuradores, actuarios, arquitectos, terapeutas ocupacionales o decoradores.
Rechazo a cambios en la colegiación
La tónica general de sus reivindicaciones se refiere a mantener la colegiación obligatoria en la demarcación actual. Coinciden así en su rechazo a circunscribirla al ámbito autonómico o provincial, según los casos, o a eliminar la obligatoriedad.
Los distintos profesionales defienden que la colegiación supone una garantía para un ejercicio de calidad y el control deontológico de su actividad. Además otros trabajadores, como los procuradores, critican que se elimine la incompatibilidad para ejercer la procura o la abogacía o se suprima el arancel fijo.
El Ministerio dirigido por Luis de Guindos trabaja en la futura Ley de Servicios y Colegios Profesionales, que sigue recomendaciones de liberalización procedentes de la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional y la OCDE.
El anteproyecto, aprobado el pasado 2 de agosto en el Consejo de Ministros y sujeto a cambios, limita la colegiación obligatoria a profesiones sanitarias, jurídicas y a las técnicas que exijan visado, al tiempo que desarrolla principios de transparencia y buen gobierno en dichos colegios.
Además, establece el libre acceso y ejercicio de los servicios profesionales, ya que las restricciones de acceso sólo podrán ser exigidas por ley. El Gobierno pretende así optimizar la calidad de los servicios y reforzar la protección de consumidores y usuarios.
