El vicepresidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), Dr. Tomás Cobo, participó ayer en un encuentro organizado en Madrid por el Comité Internacional de la Cruz Roja, Cruz Roja Española, Ministerio de Asuntos Exteriores y el CGCOM sobre violencia contra la atención a la salud, donde puso en valor la década de trabajo del Observatorio de Agresiones de la Organización Médica Colegial como herramienta fundamental para cuidar de los profesionales sanitarios y de la excelencia del sistema sanitario español
El Dr. Cobo participó en esta mesa junto a el Dr. Mir Lais Mustafa, director de emergencias del Ministerio de Salud Pública de Afganistán y Caroline Corrigan, directora nacional de ordenación profesional del NHS británico, en una mesa moderada por Maciej Polkowsky, Jefe de la iniciativa “Health Care in Danger” del Comité Internacional de Cruz Roja.
La mesa en la que participó el vicepresidente del CGCOM, que también es vicepresidente de la Unión de Médicos Especialistas (UEMS) se centró en la recogida de datos y estadísticas existentes en cada país al respecto de la violencia contra la atención a la salud, un espacio idóneo para hablar del Observatorio de Agresiones de la corporación española que el próximo año cumple una década.
El Dr. Cobo explicó que esta iniciativa se puso en marcha tras el asesinato en 2009 de la médica María Eugenia Moreno en Moratalla, una localidad de Murcia, quién fue asesinada en su consulta de trabajo. Desde ese momento la organización y los 52 Colegios de Médicos pusieron en marcha el Observatorio con el fin de conocer las cifras reales, proteger a los médicos y médicas, garantizar la calidad asistencial y trabajar en la prevención de este tipo de violencia.
En este sentido comentó que el CGCOM “desde el primer momento ofreció asesoramiento clínico y legal a través de documentos y servicios jurídicos y exigió a las Administraciones medidas para proteger a los profesionales y, por tanto, la mejor calidad asistencial del sistema español”.
El Dr. Cobo explicó las distintas acciones que el Observatorio puso en marcha con el fin de situar esta problemática en la agenda pública y política, entre las que destacó la creación de un Día Nacional Contra las Agresiones a Sanitarios para dar a conocer datos y avances, los acuerdos y encuentros mantenidos con los ministros de Justicia, Interior y Sanidad, El Defensor del Pueblo y, especialmente, con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
En este último punto resaltó dos grandes avances experimentados en la lucha contra la violencia a sanitarios: La reforma del Código penal y la creación de la figura del Interlocutor Policial Sanitario.
Respecto a la reforma legal subrayó que la entrada en vigor, el 1 de julio de 2015, de la reforma del Código Penal que contempla las agresiones a sanitarios que trabajan en el sector público como delito de atentado contra la autoridad, “ha sido uno de los logros más importante en la lucha contra este problema” y añadió que el Observatorio sigue trabajando para lograr que esta situación se traslade también al sector privado.
También señaló la puesta en marcha de la Instrucción 3/2017, de la Secretaría de Estado de Seguridad, sobre medidas policiales a adoptar frente a las agresiones a profesionales de la salud, que recoge la creación de la figura del Interlocutor Policial Sanitario, como punto de inflexión para garantizar una atención personalizada a los profesionales sanitarios que sufran violencia o amenazas, detectar puntos negros y asesorar para que se adopten las medidas adecuadas que reduzcan las agresiones.
El vicepresidente del CGCOM llamó la atención sobre las cerca de 4.000 agresiones recogidas por la corporación desde la creación de este Observatorio en 2010 y hasta 2018, unas cifras que calificó de alarmantes “pero que tan solo representan la punta del iceberg” – aseguró.
Finalmente, el Dr. Tomás Cobo abogó por continuar trabajando en línea marcada durante estos casi diez años, reclamó toda la implicación posible de las Administraciones para combatir esta violencia y demandó un Plan Nacional para hacer frente “a esta lacra de indudable repercusión social que afecta a la actividad sanitaria, a la relación de confianza entre médico-paciente y demás profesionales sanitarios, a la salud del personal agredido y a la calidad asistencial que reciben los propios pacientes” – concluyó.
