El Congreso de los Diputados ha aprobado por abrumadora mayoría la nueva Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global, que fija la obligatoriedad de destinar el 0,7% de la Renta Nacional Bruta (RNB) a Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) en el horizonte de 2030
Una amplia mayoría de diputados han avalado las enmiendas introducidas en la Cámara Alta, donde el texto final salió adelante con el voto favorable del PP –que se abstuvo en primera instancia en la Cámara Baja– y el voto en contra de Vox.
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha intervenido antes de la votación para agradecer el respaldo de «todos los grupos que creen en la cooperación» y han hecho que la nueva ley sea una realidad.
También ha tenido palabras de agradecimiento para las ONG, las comunidades autónomas, los entes locales y sobre todo los cooperantes, que dan lo mejor de sí mismos cada día e incluso se dejan su vida, citando el caso concreto de María Hernández, trabajadora de Médicos sin Fronteras (MSF) asesinada en Etipía en 2021.
Albares ha dejado claro que la cooperación «es una prioridad para el Gobierno» puesto que «solo mediante ella podemos hacer frente a los grandes desafíos globales», entre los que ha citado la pobreza, el hambre o la desigualdad.
La cooperación, ha insistido el ministro, «es política útil para millones de personas en el mundo, para los españoles porque quieren la solidaridad y para España porque nos sitúa ahí donde nos quieren ver los españoles, ofreciendo soluciones a las grandes crisis sociales».
La mayoría de los portavoces se han felicitado por el texto resultante de la tramitación parlamentaria y por el proceso participativo que ha llevado al mismo. La portavoz del PP, Pilar Gázquez, ha agradecido al ministro y en general al Gobierno el talante con el que se ha tramitado la ley, «que podría haber sido mejor pero es la que hemos consensuado».
El PP pide hacer la ley eficaz
«Ahora tenemos que hacerla lo más eficaz posible, especialmente en materia de cooperación financiera», ha añadido, recalcando que el PP es «un partido de Estado» y siempre se comporta como tal, por ello respalda la nueva norma. «El voto va por los cooperantes y por las personas que están ahí fuera y nos necesitan», ha rematado.
Desde Ciudadanos, su portavoz, Juan Ignacio López-Bas, han lamentado que el papel del sector privado haya quedado «reducido al mínimo» en la nueva ley, aunque con todo ha considerado que la norma «es buena, aunque no la mejor, pero es un paso importante».
Por su parte, la portavoz del PSOE, María Guijarro, se ha felicitado de que la nueva ley, gracias al amplio respaldo concitado, traerá consigo un «modelo de cooperación» fruto de «la colaboración y la participación activa del sector» y también ha puesto en valor la labor que llevan a cabo comunidades autónomas y entes locales y que se han convertido en una seña de identidad de la cooperación española.
La única voz discordante ha sido la de Vox, que ha vuelto a cuestionar el sentido de la ley. Su portavoz, Víctor Sánchez del Real, ha denunciado que «la cooperación para el consenso progre» lo que hace es «exportar deseos, miedos y traumas» y los problemas del primer mundo. «Esto es colonialismo ideológico», ha esgrimido, denunciando que «están exportando ideología en lugar de curar el hambre, la sed y el frío» y se está olvidando la ayuda humanitaria.
La principal novedad de la nueva ley, que tomará el relevo a la Ley de Cooperación Internacional de 1998, es que prevé destinar «al menos» el 0,7% de la RNB a Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) en el horizonte 2030, atendiendo así a una reivindicación del sector de larga data. El Gobierno se ha marcado como objetivo alcanzar el 0,5% para el final de la actual legislatura y la previsión en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) es que en 2023 se alcance el 0,34%.
Asimismo, prevé que se destine el 10% de la AOD a acción humanitaria, la sustitución del Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE) por un nuevo Fondo Español para el Desarrollo Sostenible (FEDES) y la elaboración de un nuevo Estatuto del Cooperante. Estas dos últimas cuestiones, al igual que la prevista reforma de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), tendrán que realizarse a posteriori.
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