La Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso de los Diputados aprobó este jueves por unanimidad una proposición no de ley presentada por Ciudadanos sobre la protección de las personas afectadas por la talidomida, que contempla crear una unidad de diagnóstico, reabrir el registro de afectados y que éstos tengan indemnizaciones en 2018
Esta proposición, que ha contado con el apoyo de todas las fuerzas políticas, ya había salido adelante por unanimidad en la anterior legislatura y, la intención de este nuevo debate sobre el texto es compensar la “desidia en la gestión del caso” de los últimos años. Así lo ha explicado el portavoz de la formación naranja en el órgano, Francisco Igea, quien ha culpabilizado a toda la comunidad política de la falta de confianza que sienten los afectados por este caso.
La totalidad de los partidos presentes en la Cámara Baja han reconocido durante el debate, el trabajo realizado por las asociaciones de víctimas de este caso y se han disculpado, también, por la “falta de respuesta” por parte de los representantes políticos y los “retrasos a la hora de tomar medidas”.
La diputada de Unidos Podemos, María Asunción de la Concha, ha hecho en la sesión un recuento de las 50 iniciativas que se habían tratado en el Congreso sobre el tema y que, según denuncia, “no fueron a ningún lado”. “Las personas que tuvieron que trabajar en ella, la energía que se gastó, el tiempo que se tardó en estas 50 medidas para nada, debería hacernos replantear cómo se trabaja y a dónde vamos”, ha denunciado.
En el debate, también ha sido unánime la actitud de los portavoces hacia la farmacéutica Grünenthal que, en palabras de la portavoz del PP, María José García Pelayo, debe “pagar su actitud ruin”. “Hay que ir a por Grünenthal, y Europa, que está trabajando en ello, tiene mucho que decir”, ha declarado.
Medidas que ya se aprobaron en abril
Los puntos votados, que ya se incluían en el documento que apoyaron el pasado mes de abril, pide también reabrir “con urgencia” el registro de pacientes afectados por la talidomida, que en el año 2018 se hayan indemnizado a todos los pacientes, de acuerdo a una tabla de valoración de discapacidad y sugiere la necesidad de crear una unidad de diagnóstico de daños por talidomida, en colaboración con las comunidades autónomas, a través del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).
Del mismo modo, la iniciativa insta a facilitar en lo posible los tratamientos rehabilitadores y ortoprotésicos, así como eliminar el copago en otras prestaciones originadas por sus lesiones, mediante las modificaciones legales oportunas; analizar las exenciones fiscales y tributarias sobre las eventuales percepciones dinerarias, prestaciones y/o indemnizaciones percibidas por las víctimas; y abrir un periodo de negociación con la compañía Grünenthal para que asuma y contribuya económicamente a la reparación del daño causado.
