La 71ª Asamblea General de la Asociación Médica Mundial (AMM), Córdoba 2020, marcada por la COVID-19, y en la que el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) ejerció de anfitrión con motivo de su centenario, abordó distintas líneas de acción entre los que destacan varias lideradas por la corporación como el Grupo de Trabajo sobre la Relación Médico-Paciente en la que pretende establecer la estrategia para preservar la relación médico-paciente, o la solicitud de que la profesión médica sea declarada profesión de riesgo
En esta cita la AMM aprobó la Declaración de Córdoba, un documento en el que instan a todos los agentes implicados en la relación médico-paciente, (gobiernos y autoridades de salud, asociaciones médicas, médicos y pacientes) a defender, proteger y fortalecer esta relación médico-paciente, en base a una atención de alta calidad, como un patrimonio científico, sanitario, cultural y social.
Esta declaración, iniciativa de España, Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), y de Portugal, la Ordem dos Medicos (ODM) y que recibe el nombre de la ciudad anfitriona, manifiesta la importancia esencial de la relación médico y paciente en la historia y en el contexto presente y futuro de la Medicina, reiterando su Declaración de Ginebra, el Código Internacional de Ética Médica y la Declaración de Lisboa sobre los Derechos del Paciente.
Para el presidente del CGCOM, Dr. Serafín Romero, esta declaración “supone un enorme apoyo a este proyecto que inició la profesión médica española para que la relación médico-paciente sea considerada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO porque” – añade -“se está produciendo una quiebra en la relación médico-paciente, que tiene mucho que ver con la empatía y con el lenguaje no verbal, hay que evitar la pérdida de la humanización y tratar de que esta relación perdure, a pesar de los avances tecnológicos, que vienen a ayudar, no a sustituir”.
El texto aprobado por los miembros constituyentes de la AMM hace una serie de recomendaciones en la Declaración de Córdoba, en la que reafirman que la autonomía profesional y la independencia clínica son componentes esenciales de la atención médica de alta calidad y profesionalismo médico, que protegen el derecho de los pacientes a recibir la atención médica que necesitan.
Solicitud a los Gobiernos para que la profesión médica sea declarada profesión de riesgo
También se aprobó una resolución urgente por la que demanda a los gobiernos de todo el mundo reconocer que la infección por SARS CoV-2 sea considerada como una enfermedad profesional y que la profesión médica sea declarada “profesión en riesgo”. Asimismo, solicita que la atención a los profesionales de la salud sea una prioridad, especialmente en el ámbito de la salud mental.
Esta declaración, iniciativa de España (CGCOM), Francia (CNOM), Uruguay (SMU), Brasil (AMB), Sudáfrica (SAMA), Corea del Sur (KMA) y Australia (AuMA), quiere reconocer la lucha de la profesión médica contra la pandemia a través de esta Resolución Urgente en la que aboga por distintas acciones y consideraciones en la lucha frente a la COVID-19 como suministrar equipos y material de protección personal (EPP) suficientes para los profesionales de la salud, que permita la atención médica y garantice la disponibilidad de este material ante una situación de posibles brotes. Asimismo, instan a los gobiernos a adoptar un enfoque multilateral y coordinado a escala global de la crisis para promover la igualdad en las intervenciones, el acceso a los servicios de salud, los tratamientos y las futuras vacunas.
Luz verde a una declaración del CGCOM y la ONT contra el tráfico de órganos
La Asamblea Médica Mundial (AMM), en su 71ª Asamblea General adoptó una Declaración sobre la responsabilidad del médico en la prevención y la lucha contra el tráfico de órganos. Una iniciativa en la que han trabajado conjuntamente el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) y la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) para combatir esta lacra que viola los derechos fundamentales de miles de personas en todo el mundo y constituye un riesgo para la salud individual y para la salud pública.
La Declaración se centra en escenarios en los que puede encontrarse el médico a lo largo de su vida profesional. Uno de ellos corresponde al proceso de evaluación de donantes vivos, que no sólo ha de realizar desde la perspectiva médica, sino también psicosocial, evaluando los motivos de la donación y la relación con el potencial receptor, y asegurando que la donación se realiza de forma altruista y libre de coacción económica o de otro tipo. El médico también tiene el deber de informar a aquellos pacientes que se plantean obtener un órgano ilícito de las consecuencias de participar en esta actividad delictiva, para sí mismos y para su entorno. Han de disuadirles de obtener un órgano en este contexto.
El papel de España en la lucha contra el tráfico de órganos es incuestionable. Nuestro país es líder en donación de órganos y asegura un adecuado acceso de sus pacientes a la terapia del trasplante, la mejor medida de prevención de este delito. La ONT comparte con países de los cinco continentes el denominado “Modelo español”, nuestra fórmula de éxito, a través de su sólido programa de cooperación internacional. España tiene además uno de los marcos regulatorios más garantistas y exigentes para evitar el tráfico de órganos, también muy duro en su persecución, con penas de prisión de hasta 12 años (artículo 156 bis del Código Penal).
La Asociación Médica Mundial considera necesaria una regulación que aborde los riesgos y reduzca los daños de las pseudoterapias
La Asamblea Médica Mundial también aprobó una Declaración sobre pseudociencias y pseudoterapias en el campo de la salud. La iniciativa, impulsada desde el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), recoge que las corporaciones profesionales médicas, las sociedades científicas, las asociaciones de pacientes y las autoridades nacionales deben de llevar a cabo una campaña de concienciación pública sobre el riesgo de las pseudoterapias y las pseudociencias y reclama una regulación adecuada y rigurosa acorde con las mejores prácticas que aborde los riesgos y reduzca los daños potenciales que puedan ocasionar las pseudoterapias y las pseudociencias.
El Dr. Jerónimo Fernández Torrente, coordinador del Observatorio contra las Pseudociencias, Pseudoterapias, Intrusismo y Sectas Sanitarias de la OMC, tesorero del CGCOM e impulsor de esta Declaración, destaca que el texto deja “constancia clara de que el sentir de la profesión médica, en su conjunto, es unánime y firme en contra de estas propuestas, es importante de cara a unos charlatanes que se nutren del silencio de los que saben” – y añade que – “refuerza la conveniencia de iniciar acciones legales y de denuncia expresa a los poderes públicos de estas actuaciones que, en el caso de profesionales sanitarios es la aplicación inmediata de los artículos que correspondan de los Códigos de conducta y deontología profesional que son normas de obligado cumplimiento”.
La Declaración de la AMM recoge que el ejercicio médico precisa un fundamento en la mejor evidencia probada científicamente, disponible y actualizada. Las diferencias entre la medicina convencional y otras prácticas que no están sustentadas en la evidencia científica configuran el complejo universo de las pseudociencias y pseudoterapias.
