jueves, marzo 28, 2024

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El CACM participa en la mesa de trabajo organizada por la Consejería de Salud contra las agresiones

En dicha sesión de trabajo se presentó el plan de propuestas de prevención y atención a profesionales donde el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos tuvo una amplia participación, con el objetivo de plantear medidas de choque como el establecimiento de un proceso sancionador específico contra los agresores, un mayor acompañamiento de las victimas, o medidas específicas y efectivas de prevención

El año pasado hubo 124 casos en Andalucía. Como viene sucediendo en años anteriores estas conductas violentas en el ámbito andaluz, se producen con más frecuencia en Atencion Primaria (55%) frente a la hospitalaria (23%). Entre los tipos de agresiones se han registrado un 12% de lesiones, 46 % de insultos y 42% de amenazas.

Entre los principales motivos de la agresión habría que destacar las discrepancias con la atención médica con un 39 % seguido por el tiempo de espera en ser atendido con un 17 %.  Además, hay que señalar también que la incidencia acumulada de agresiones a médicos por cada 1000 colegiados es superior en Andalucía que en el resto de España.

Por su parte, los facultativos no siempre denuncian estas situaciones, solo un 66% de los agredidos han denunciado los hechos.  Además, el 25% de los facultativos agredidos tuvo que darse de baja laboral.

El Consejo Andaluz de Colegios de Medicos está a disposición de todos los médicos andaluces en la lucha contra este grave problema poniendo siempre a disposición de los mismos todos los medios de los que se disponen.

Recientemente el CACM solicitó el apoyo del TSJ para la modificación del Código Penal, con el objetivo de que vuelvan a penalizarse (delito leve de atentado) las actitudes de insultos, vejaciones que tanto daño causan a la integridad psíquica del médico. 

Asimismo, el CACM  defendió ante el TSJ que sea el acto sanitario el bien jurídico protegido con independencia donde se realice ya sea en ámbito público o privado, agravándose las penas que atenten contra el mismo, debiéndose igualmente promulgar una ley que reconozca la autoridad pública de los médicos en ejercicio de sus funciones, como la que ya existe en otras comunidades autónomas.

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