El Dr. Luis Ángel Oteo Ochoa, profesor Emérito de la Escuela Nacional de Sanidad del Instituto de Salud Carlos III, y el Dr. Juan José Rodríguez Sendín, expresidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), en esta décima y última entrega de la ronda de opiniones bajo el título de "Profesionalismo Médico, Economía y Sociedad", hacen un cierre del ciclo de opiniones en las que analizaron determinados eventos de coyuntura sanitaria, junto con las transformaciones dinámicas en el ámbito de la economía y sociedad que están infiriendo críticamente en la propia identidad y cultura de la profesión médica
Culminamos con esta última entrega los diez artículos de opinión que nos han permitido analizar determinados eventos de coyuntura sanitaria, junto con las transformaciones dinámicas en el ámbito de la economía y sociedad que están infiriendo críticamente en la propia identidad y cultura de la profesión médica.
Tenemos previsto iniciar en el primer trimestre de 2.022 un nuevo ciclo de entregas con un formato diferente con el objetivo de seguir compartiendo con nuestra profesión aquellas inquietudes e interrogantes que están presentes en la realidad vivida y sentida en el ejercicio de responsabilidad ética y social en la práctica asistencial, y que en el momento actual, como consecuencia de la inveterada Pandemia por SARS-CoV-2 (hoy a cuestas con la variante Ómicron), adquieren unas especiales connotaciones que a todos nos intranquilizan, no ya sólo desde la perspectiva clínica y resultados de morbimortalidad, sino de todo aquello que está transformando nuestro modus vivendi y relaciones colectivas en un contexto de desigualdad y estratificación social global.
La idea central, será el tratar de discernir y responder desde nuestra percepción y libre pensamiento, y sin ánimo alguno de ser impertinentes, a aquellas preguntas formuladas y abiertas, que sin suspicacia alguna y con la indulgencia debida, van conformando el itinerario del profesionalismo médico en la realidad postmoderna que hoy vivimos, a sabiendas de que en el análisis crítico que proponemos no caben los eufemismos ni circunloquios.
Porque en nuestra identidad deontológica, que es global pero no inmutable, existen trazos de filosofía perenne aristotélica y kantiana, que nos interpelan y permiten interpretar -sin dejar de ser lo que verdaderamente somos, médicos- los “otros mundos” que se presencializan y coadyuvan (asisten) nuestro quehacer diario: sociología, cultura, ciencia, ética, economía, humanidades, management,….. Una profesión completa, como la nuestra, debe atendercon humildad a todos estos saberes y conocimientos interdependientes con nuestro hábitat natural clínico/ asistencial y personal.
Culminando un año económico incierto
Para bien o para mal, guste o no, la economía va a seguir marcando, no sólo la salud colectiva de los españoles, sino también la capacidad de respuesta del Sistema Nacional de Salud (SNS) y especialmente la calidad de esta. Por ello no debe extrañar que iniciemos todos nuestros trabajos con una revisión actualizada de los determinantes del estado de salud económica de nuestro país. Con esa visión será más fácil entender las respuestas sociales y sanitarias que nos ocupan e inquietan.
En el análisis de los indicadores de la economía española el INE ha revisado el perfil intertrimestral del PIB estimando un crecimiento en 2.021 hasta el 4.9%.
El Banco de España (BE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) han rebajado su previsión de crecimiento de la economía española de 2.021, proyectando, en ambos casos, una aceleración del crecimiento del PIB para 2.022.
Así, el BE ha revisado a la baja sus previsiones de crecimiento de la economía española para 2.021 y 2.022, hasta el 4,5% y el 5,4%, respectivamente. También estima la tasa de paro en el 15% (2.021) y en el 14.2% (2.022) dada la evolución positiva de los datos de empleo. Además, la senda de Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) para el 2.021- 2.024, se proyecta hasta el 3,0%; 3,7%; 1,2% y 1,5% interanual respectivamente, como consecuencia del fuerte aumento de los precios energéticos, disfunciones en las cadenas de suministro (semiconductores, metales, materias primas minerales…,) y alza de precios en la alimentación. Por último, el déficit del conjunto de las Administraciones Públicas se estima para el 2.021 en el 7.5%, acorde con el escenario fiscal propuesto por el Gobierno de España.
(Proyecciones macroeconómicas del Banco de España: https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/BoletinEconomic o/21/T4/Fich/be2104-it-Rec1.pdf).
También el FMI proyecta a la baja la previsión de crecimiento del PIB en España para 2.021 y 2.022, hasta el 4,6% y 5,8%, respectivamente. Prevé que la demanda nacional seguirá siendo el principal motor de expansión; así, el consumo privado impulsará preferentemente el crecimiento, basado en una sólida recuperación del mercado laboral, además del moderado incremento del consumo público, junto a un comportamiento favorable del sector exterior, en donde las exportaciones ganarán cuota de mercado.
Refiere asimismo que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia será un factor determinante para el crecimiento y estima un impacto acumulado de los Fondos Next Generation (NGEU) en el PIB entre 1,5 y 2% a finales de 2.022.
La previsión de inflación elevada, concordante con el análisis del BE, se analiza también como un fenómeno transitorio, como consecuencia de los factores a los que ya hemos hecho referencia. La tasa subyacente (excluyendo productos energéticos y alimentos -frescos- sin manufactura) en 2.021 rondará el 1%.
(FMI Spain: Staff Concluding Statement of the 2021. Article IV Mission: Spain: Staff Concluding Statement of the 2021 Article IV Mission (imf.org).
Cabe también destacar entre otros indicadores de coyuntura económica la favorable evolución del sector manufacturas, la mejora progresiva de la restauración y el turismo nacional e internacional (pernoctaciones en hoteles), trayectoria ascendente del sector inmobiliario, tendencia al alza en la constitución de las hipotecas, estabilización de la dudosidad en el crédito y un leve pero continuado avance en la productividad; todos ellos determinantes positivos para impulsar el crecimiento económico.
En relación a las cuentas públicas, los ingresos consolidados de las Administraciones Públicas, excluyendo las Corporaciones Locales, están presentando una fortaleza notable, tanto en la recaudación impositiva por impuestos corrientes sobre la renta y el patrimonio, como por las cotizaciones sociales, lo que está contribuyendo a un mayor control del déficit público y equilibrio presupuestario.
(Informe mensual y síntesis de indicadores económicos): https://www.mineco.gob.es).
Otras entidades y organismos también contemplan escenarios económicos y sendas de previsión muy similares a lo aquí expuesto.
(AIReF 2.021: Informe Congreso 2021.https://www.airef.es/wp-content/uploads/2021/10/)
(FUNCAS 2.021. Panel de previsiones de la Economía Española. https://www.funcas.es/coyuntura-economica/espana/panel-de-previsiones/)
(BBVA Research: Situación España 2021. https://www.bbvaresearch.com-publicaciones- situación )
La proyección de las cuentas públicas en el escenario presupuestario post- COVID
La panorámica presupuestaria del Estado para el próximo 2.022 acorde con las previsiones de las principales instituciones en el análisis de coyuntura económica, es razonablemente optimista en términos de tasas de crecimiento de los ingresos esperados (recuperación del empleo y rentas del trabajo, recomposición de los gravámenes de bienes de consumo y afloramiento de rentas no declaradas), además del cumplimiento del Plan de Consolidación Fiscal, que evite riesgos de desviación de la agenda prevista de déficit para el período 2.021al 2.024.
Particularmente, el fuerte crecimiento en la previsión de los ingresos no financieros se sustenta preferentemente en la expansión del 6% de las bases imponibles, así como en la inyección de Fondos Europeos al conjunto de la economía con una previsión de ejecución en torno a los 20.000 m€. El Presupuesto del Estado prevé un incremento de los ingresos no financieros en 2.022 del 10.8%, alcanzando la cifra de 279.316m€.
Asimismo, los cambios normativos en materia fiscal derivados desde el 2.020 prevén que los ingresos tributarios en 2.022 se sitúen en 232.352m€, que representan un incremento de 8.1% respecto al avance de liquidación del 2.021 (IRPF 3.5%; Impuesto de Sociedades 11.8%; IVA 9.5%; Impuestos Especiales 8.2%).
El gasto consolidado del Estado en 2.022 llegará a los 458.970 m€, es decir, un 0,6% superior al año 2.021, de los cuales el 52,6% será gestionado por el Estado Central. Estos Presupuestos totales de Gasto incluyen los Fondos Europeos Next Corporation y el Plan de Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa (REACT-EU), por un importe total de 27.633 m€. La mayor parte de los Fondos asignados en el ejercicio 2.021 (26.643m€), no han sido hasta la actualidad ejecutados y por consiguiente, es esperable que se materialicen en el 2.022.
El componente social del gasto público representará en el presupuesto total el 54,1%, siendo la partida referente a pensiones la que alcanzará un valor récord de 171.165m€ (compensación por la desviación de la inflación prevista respecto de la real en 2.021, e incremento de las pensiones públicas contributivas +2.5% y no contributivas +3%), lo que incrementará el componente estructural del gasto público.
El monto de gasto público agregado en bienes sociales preferentes (educación, sanidad y cultura: 13.218m€), que sufre un descenso del 1.1% respecto al 2.021, representa un peso reducido en el total de gasto consolidado (2.9%), como consecuencia de las transferencias sanitarias y educativas a las CC.AA. Esta minoración del gasto en bienes preferentes, se debe fundamentalmente a que la partida correspondiente para vacunas COVID -19 en 2.022, que refiere un valor de 1.172m€, representa un descenso del 50% respecto a 2.021.
El Gobierno de España ha presupuestado para el 2.022 un gasto en intereses de la deuda pública de 30.175m€, ligeramente inferior al de 2.021 (31.675m€), dado el descenso en los tipos de interés, y no en el nivel de deuda creciente que alcanzará una cota histórica a finales del actual ejercicio 2.021, en el entorno de 1.45b€.
Por otra parte, es cierto que el Cuadro Macroeconómico previsto por el Gobierno de España en los Presupuestos Generales del Estado del 2.022 se sustentaba en determinados factores (consumo privado, inversión, exportaciones …,) que han sido revisados a la baja por los think tanks expertos y otras instituciones de análisis de coyuntura a las que ya hemos hecho referencia en el texto.
Incluso, con el crecimiento de la recaudación prevista y una ejecución eficiente de los Fondos Europeos NGEU, existe incertidumbre sobre el cumplimiento de la senda de déficit y deuda prevista en el Gobierno que contempla una reducción de unos cinco puntos de PIB hasta el 2024 (8.4%PIB -2.021 a 3.2%PIB -2.024). Estas cifras se contemplan en la Actualización del Programa de Estabilidad remitido a Bruselas el pasado mes de marzo.
No debemos olvidar que las proyecciones económicas han sido evaluadas conforme a un escenario de Pandemia COVID-19 suficientemente controlado y por tanto, sin fondos adicionales sustantivos y específicos como ya aconteció en 2.020, que representaron un monto de 9.000m€ para hacer frente a los gastos derivados de la crisis sanitaria y económica.
Es cierto que en la última Conferencia de Presidentes extraordinaria (22 de Diciembre), el Gobierno de España adquirió el compromiso de aportar 360m€ para sostener la contratación de personal sanitario en el actual ciclo álgido de la sexta ola pandémica con la nueva variante Ómicron. Sin embargo, las CC.AA. exigen que se prorroguen los Fondos COVID no reembolsables, demanda que no está contemplada en los Presupuestos Generales del Estado 2.022.
El otro factor a contemplar es el comportamiento de la inflación que sigue estando muy elevada, y que si bien se estima que éste alza será transitorio, también puede contribuir a incrementar los gastos públicos de naturaleza más estructural, tales como las pensiones públicas. Sabemos por ejemplo, que cada punto de inflación representa estimativamente un montante adicional de recursos económicos para la Seguridad Social de 1.600 m€.
No olvidemos por otra parte que el nivel de deuda pública en el conjunto de las CC.AA. ha superado en éste 2.021 la cifra del 120% PIB (en 2.019 alcanzó el 95.5% PIB).
Desempeño de los Fondos de Recuperación versus Reformas estructurales
En la entrega VII monográfica, analizamos con una cierta amplitud el tema de los Fondos Europeos y su implicación en el sistema sanitario público de nuestro país.
Recordamos que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) de España contempla un volumen de recursos de hasta 140.000m€, con una ejecución prevista que se extiende hasta el 2.026. En su primer tramo, ya en proceso de implementación, las transferencias contempladas procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MER) por un importe de 69.528 m€, bajo la modalidad de subvenciones/transferencias a fondo perdido, deberán ser comprometidas en un 70% en el ciclo temporal 2.021- 2.023. La movilización de los restantes 71.700m€ hasta el año 2.026, tendrán la naturaleza de créditos y podrán solicitarse a partir del próximo año 2.022.
Conviene también señalar, que en el período Presupuestario de la Unión Europea 2.021-2.027 España recibirá procedente de los denominados Fondos Estructurales un volumen de recursos próximo a los 44.000m€.
Más allá del grado de eficiencia en ejecución de los Componentes del mencionado PRTR, los importes agregados procedentes del MER en el 2.021 y en los Presupuestos Generales del Estado para 2.022 (26.990 m€), representan la magna cuantía inversora próxima a los 50.000 m€. De cumplirse los objetivos previstos, en 2.023 se ejecutarán dos nuevos desembolsos semestrales por importes de 10.000 m€ y 7.000 m€, respectivamente, un desembolso adicional anual del 8.000 m€ en 2.024, 3.486 m€ en 2.025 y por último, una transferencia de 4.000 m€ en el 2.026, que dará por concluido el MRR.
La inmensa mayoría de los Fondos Europeos procedentes de la Iniciativa NGEU, se movilizarán en el período señalado 2.021-2.026 a través del MER (90%), con el objetivo de contribuir a la recuperación económica y dar respuesta eficiente a la crisis sanitaria, mejorando la salud pública tras la Pandemia COVID -19.
Una vez aprobado el pasado 16 de junio por la Comisión Europea el PRTR, que focaliza su desarrollo en 4 grandes ejes: transición ecológica, transformación digital, igualdad de género y cohesión social y territorial, su implantación y desarrollo se articula en 9 Políticas Palanca y en 30 Componentes o Líneas de Actuación. La consecución de las metas o hitos que se contemplan en el PRTR determinarán los desembolsos efectivos procedentes de la Comisión Europea (2 pagos anuales hasta 2.024).
No contemplamos en este trabajo el grado de ejecución del PRTR en todos sus Componentes (Cantalapiedra C, Domínguez AM. El desempeño reciente de España en la implementación de los fondos de recuperación y expectativas para 2.022. Cuadernos de Información Económica, Nº285, N-D, 2.021. https://www.funcas.es/).
Sólo una breve referencia a la Política Palanca VI por un importe de 1.860m€ (Pacto por la ciencia y la innovación. Refuerzo a las capacidades del Sistema Nacional de Salud -SNS). El nivel de implementación efectiva en el 2.021 del Componente “Renovación y ampliación de las capacidades del SNS” supera el 90%. Para el 2.022, esta Política Palanca VI, tiene asignado un presupuesto de 2.289m€, que representa el 8,5 % de los 26.900m€ del MER en este próximo ejercicio.
Las reformas estructurales contempladas en el PRTR y en la Agenda España Digital 2.025, y que se sustentan en determinadas Políticas Palanca y en el desarrollo de sus Componentes, tienen como fin último mejorar la productividad total de los factores que contribuyen al crecimiento de la economía a través de la inversión, en aquellos determinantes principales de conocimiento, ciencia e innovación (capital humano, tecnológico, productividad, valor público y social… ) que nos aproximen a los estándares de los países más avanzados de la Eurozona, siendo el proceso de digitalización -transformación digital- el que contribuirá preferentemente a mejorar la eficiencia de los sectores económicos incrementando la productividad y mejorando el nivel de renta.
Las reformas que nos exige la Comisión Europea, como por ejemplo el sistema de pensiones o el mercado de trabajo, junto a los ajustes fiscales para reducir el elevado déficit estructural, forman parte del proceso de transformación para mejorar el output potencial de nuestra economía.
Sabemos por otra parte que en el 2.020 (el PIB cayó un -10.8% -INE-) ha sido el factor empleo el que ha contribuido en mayor medida a la caída del PIB en nuestro país (entorno al 55%) y que en el 2.021, la recuperación de la empleabilidad, justificaría razonablemente el 45% del crecimiento de la economía. Asimismo, las ganancias de productividad, explican próximo al 40% la recuperación del PIB (The Conference Board).
Escenario Evolutivo de las Cuentas Públicas Autonómicas
A la espera de la revisión del Sistema de Financiación Autonómico prevista para el primer semestre de este año 2.022, y con un horizonte post COVID incierto, las CC.AA. tendrán dificultades para aliviar la carga de la deuda más allá de los apoyos de la Administración Central, tal como ha ocurrido en los ejercicios de 2020 y 2.021, y que vienen exigiendo su continuidad como así lo han manifestado en la última Conferencia de Presidentes.
De persistir la crisis sanitaria como consecuencia de la situación pandémica de la COVID-19 y con los resultados esperados en el ejercicio pasado y para el 2.022, una vez culminen las ayudas extraordinarias de la Administración Central y se apliquen nuevamente las reglas fiscales, es previsible que las CC.AA. vuelvan a registrar un déficit persistente que necesariamente precisará transferencias extraordinarias una vez concluida la liquidación de los ejercicios 2.020 y 2.021.
Dado el curso evolutivo epidemiológico con la nueva variante Ómicron y la repercusión asistencial consiguiente, no es tarea fácil determinar las sendas esperables de déficit y deuda pública en el ámbito autonómico.
En todo caso, y con los registros actualizados, cabe señalar que el cierre provisional de las cuentas públicas autonómicas en 2.020 generó un déficit atípico del 0,2% PIB, muy por bajo con respecto a años precedentes, pero que está justificado como consecuencia de que las CC.AA. recibieron una transferencia “one off” sin contraprestación equivalente al 1,5% PIB en concepto de Fondos- COVID, para afrontar los gastos en sanidad y educación derivados de la pandemia, además de compensar la reducción de ingresos en las arcas públicas autonómicas (caída de la recaudación impositiva en 2.020 del 7.81%), lo que también exigió adicionalmente un adelanto en las entregas a cuenta a las CC.AA.
En el 2.021, se prevé un gasto autonómico próximo al 18% PIB, ligeramente inferior al observado en 2.020. El déficit previsto se mantendrá relativamente estable en torno al 7,4% PIB en el cierre del ejercicio. Ello es debido también a los ingresos extraordinarios procedentes de los fondos REACT-EU (10.000m€ ingresos extra), de los que se asignan 3.000 m€ a este ejercicio, además de 13.486m€ de déficit autonómico (1.1% PIB) que asume el Gobierno de España y que se distribuyen con criterio de población ajustada (http://bit.ly/3ktf8qe). En total, una suma de 1.4% PIB de ingresos adicionales en 2.021.
Las líneas fundamentales en las políticas gubernamentales y el marco tributario para el actual ejercicio 2.022 se contemplan en los Presupuestos Generales del Estado ya aprobados, así como en los informes de la AIReF sobre la ejecución presupuestaria efectiva de las CC.AA. en el 2.021 (https://bit.ly/39rPXxl).
Los diferentes escenarios evolutivos 2.022 en relación al gasto autonómico están en relación con el curso de la COVID-19 en términos de impacto asistencial, el manejo de las reglas fiscales hasta 2.023, la coyuntura económica en términos de crecimiento potencial y las estimaciones evolutivas previstas de las partidas presupuestarias principales respecto al PIB regional.
Si el gasto extraordinario generado con la COVID-19 se consolida -estructural- en las CC.AA. y las transferencias “one off” de apoyo de la Administración Central no se reactivan, es esperable en un escenario prudencial un desequilibrio en las cuentas autonómicas próximo al 1.1% PIB y una reducción de la ratio del gasto sobre PIB en la mayoría de las regiones autonómicas, y todo ello, más allá de la aportación de los fondos europeos a los que se ha hecho referencia. Ésta nada improbable previsión reactivaría el desajuste financiero de las CC.AA. que se traduciría en un deterioro del saldo público, persistente déficit estructural y estabilización de la deuda. Es más, si el coste incurrido derivado de la pandemia no sólo se consolida, sino que además se mantiene una política de gasto expansiva e inercial, el déficit autonómico podría elevarse hasta el 2.5% PIB (sin la liquidación negativa de 2.020), y el gasto autonómico superaría el 18% PIB, según las estimaciones del BBVA Research.
Es importante señalar que en comparación con la crisis global financiera de 2.008, la situación económica actual es bien diferente no sólo en cuanto a las causas y comportamiento diferencial en los sectores y segmentos de empleabilidad, sino que también es esperable una rápida recuperación a los niveles previos a la pandemia por COVID-19.
La senda de reequilibrio en las cuentas públicas en la crisis actual se explica por la intervención sin precedentes -en magnitud- del Gobierno Central, transfiriendo a las CC.AA. ingresos que representaron en 2.020 un aumento de 3.3 puntos sobre PIB (un incremento de la ratio de ingresos ordinarios de 1.8 puntos deI PIB más los ingresos extraordinarios vinculados a la pandemia de 1.5 puntos del PIB).
La sobrefinanciación ordinaria de las CC.AA. en 2020, junto al declive de la actividad económica regional que ha exigido apoyos gubernamentales a sectores estratégicos, ha generado también un incremento de 3.4 puntos de la ratio de la deuda autonómica, situándose en el 27,1% PIB, siendo muy heterogénea en la comparativa regional. Si bien en “previsiones optimistas” para éste 2.022 se contempla una reducción de la ratio de ésta macrovariable de endeudamiento en torno al 25% PIB, dada la elevada sensibilidad de la deuda a las variaciones del gasto en las CC.AA. y en ausencia de reglas fiscales exigentes, tampoco es improbable el incumplimiento de este objetivo propuesto por el Gobierno Central a la Comisión Europea.
No debemos olvidar que el 60% del total de la deuda autonómica está financiado por el Estado Central, y que más allá de la dinamización económica regional y de los reducidos tipos de interés, serán también exigibles actuaciones de los gobiernos autonómicos para mejorar la eficiencia en el gasto público para garantizar la consolidación y sostenibilidad de las cuentas públicas regionales.
Las coordenadas del Nuevo Modelo de FinanciaciónAutonómico
La aprobación y publicación en el Boletín Oficial del Estado de los Presupuestos Generales y su entrada en vigor el pasado 1 de enero, tienen como objetivo principal según el Gobierno de la Nación impulsar y asentar la recuperación económica y consolidar la inversión social, aprovechando la llegada de los fondos europeos.
Sin duda, entre los cuatro grandes objetivos en la política del Gobierno de España para este primer semestre, están además de la Revisión del Sistema de Financiación Autonómico, al que dedicaremos brevemente este apartado, la presentación del Libro Blanco sobre la Reforma Tributaria, la Actualización del Programa de Estabilidad 2.022-2.025 para su remisión a la Comisión Europea y la aprobación del Anteproyecto de Ley de Institucionalización de la Evaluación de Políticas Públicas.
El pasado 3 de diciembre el Gobierno de España remitió a las CC.AA. de régimen común una propuesta sobre población ajustada, base principal para la asignación de los recursos, y que se enmarca en el desarrollo de los principios y reglas esenciales para el diseño e implementación del Nuevo Modelo de Financiación Autonómico.
El texto (Informe del Grupo de Trabajo sobre el Cálculo de la Población Ajustada), nada desdeñable, de 240 páginas, trata de responder y cuantificar con una metodología identificativa de las variables determinantes del gasto y su ponderación por bloques competenciales, a las necesidades de financiación de las CC.AA. De los cuatro bloques competenciales de clasificación de gasto nos centraremos exclusivamente en la función sanidad.
La Comisión de Expertos para la Revisión del Modelo de Financiación Autonómica considera en la población ajustada que la métrica “población protegida equivalente”, articulada en 7 tramos de edad y calculada estimando los coeficientes de gasto sanitario per cápita, es apropiada siempre que se actualice periódicamente y se revisen las ponderaciones para refinar el perfil de gasto con la edad (Informe de la Comisión de Expertos para la Revisión del Modelo de Financiación Autonómica, Capítulo 4,pág. 69, Julio 2017). Esta metodología proviene del Grupo de Trabajo para el Análisis del Gasto Sanitario y del propio Comité Técnico Permanente de Evaluación que refrenda la posición de la Comisión Europea.(https.//www.mscbs.gob.es/estadEstudios/estadísticas/sisInfSanSNS/infAnalisGasto.htm).
Los cálculos para evaluar cada tramo de edad y en cada tipo o función de gasto sanitario, el coste estimado por habitante protegido, se han sustentado en las funciones y distribución del gasto total sanitario en las mismas; en la determinación de la población protegida y clasificada por grupos de edad; y en el reparto del gasto total de cada función entre cada grupo de edad. El coeficiente final aplicativo a cada tramo de edad se obtiene del gasto medio per cápita que cada función, ponderando los índices de todas las funciones de gasto en base a su peso relativo sobre el total de gasto sanitario. Todos los cálculos se han efectuado con datos consolidados de 2.017.
Un cambio significativo en esta propuesta se refiere a que la población protegida equivalente se distribuye en grupos de edad quinquenales, y por tanto, la población protegida pasaría de clasificarse en 7 grupos de edad a 20, siendo la consecuencia de una calidad más refinada en los indicadores de gasto obtenidos en los últimos años.
El texto aporta un desglose de datos de población protegida general con los nuevos tramos quinquenales propuestos tanto para Sanidad como Farmacia. Asimismo se distribuye el gasto por funciones asistenciales (https://www.mscbs.gob.es/estad/Estudios/estadisticas/inforRecopilaciones/gastoSanitario2005/home.htm); se exponen indicadores de coste por tramo de edad y función asistencial -atención hospitalaria y especializada- (https://www.mscbs.gob.es/estadEstudios/estadisticas/estHospilnternado/inforAnual/homeESCRl.htm); indicadores de coste y/o indicadores de consumo en los servicios primarios y comunitarios de salud (https://pestadistico.inteligenciadegestion.mscbs.es/publicoSNS/Comun/ArbolNodos.asps?idNodo=6413); así como otros indicadores y coeficientes de gasto referidos a hospital de día, cirugía mayor ambulatoria, actividad de consultas, consumo en farmacia, prótesis, traslados y equipamiento terapéutico. Por último, se aportan los coeficientes por tramos de edad aplicables en el cálculo de la población protegida equivalente, acorde con la metodología estandarizada referida.
Con esta metodología de consenso y con una mejor estructura de costes reales en el sistema sanitario, ha sido posible actualizar los coeficientes (para 20 tramos de edad quinquenales) aplicables a la población protegida para establecer la población protegida equivalente por tramos de edad.
Una vez analizados los cuatro bloques competenciales otorgando un peso entre el 96% y el 97% de la población ajustada al conjunto de las variables poblacionales, y con los datos del gasto (financiación neta específica e intereses) de las CC.AA. de régimen común, la ponderación de la horquilla sanitaria representa un peso relativo entre el 40%-45% del gasto total autonómico.
Un factor de distorsión en el análisis comparado en la contabilización del gasto, proviene de la existencia de diferencias cuantitativas notables en los datos obtenidos de la Contabilidad Presupuestaria y la Contabilidad Nacional, tanto en lo referido al total de gasto de cada Comunidad Autónoma, como a los importes imputables a cada bloque competencial. Estas diferencias señaladas en las fuentes de información se explican pormenorizadamente en el documento referido, y se ha optado por la Comisión de Expertos y el Comité Técnico Permanente de Evaluación por la fuente de datos proveniente de la Contabilidad Nacional, por su mayor homogeneidad temporal y funcional, como así se contempla en la clasificación funcional del gasto de las CC.AA.
Otro aspecto que merece atención en la configuración de un Modelo de Financiación Autonómica es la exclusión en el gasto computable de cada bloque, la denominada Financiación Específica (Fondos estructurales de la Unión Europea, Financiación de competencias singulares por la Administración Central, Fondo de compensación interterritorial, Competencias no homogéneas incluidas en el Fondo de suficiencia global, convenios y contratos programa con el Estado Central ….), además de los intereses por el pago de la deuda, siguiendo los criterios de la Comisión Europea. A este respecto, la propuesta del Gobierno España contempla la financiación específica de cada Comunidad Autónoma, así como por bloques competenciales, así como el gasto en intereses en el período 2.015-2.017.
Entendemos que también es de interés conocer con la metodología señalada la distribución del gasto sanitario considerando los 5 tipos de funciones asistenciales (Hospitalaria, A. Primaria y Ambulatoria, Farmacia, Prótesis y Traslados, Administración y Salud Pública), con los coeficientes respectivos según el peso sobre el gasto sanitario total. https://www.mscbs.gob.es/estadEstudios/estadisticas/inforRecopilaciones/gastoSanitario2005/home.htm.
Por último, los indicadores de coste y/o consumo de estas 5 funciones señaladas, así como las diferentes alternativas metodológicas para su análisis están adecuadamente recogidas en términos de Contabilidad Nacional en este Informe del Grupo de Trabajo para revisar el Modelo de Financiación Autonómico.
Inquietudes permanentes que avanzamos
Hemos venido analizando en las entregas precedentes determinados problemas institucionales y sanitarios inveterados, muchos de ellos de naturaleza estructural, que debieran ya haber sido abordados desde el ámbito de responsabilidad de la Autoridad Sanitaria y de las políticas de gobierno. La cultura dominante desde la perspectiva política ha estado marcada en las últimas décadas por el cortoplacismo y la renuencia a impulsar las reformas sanitarias necesarias para fortalecer el contrato social de ciudadanía y las bases identitarias de legitimación de nuestro SNS, garantizando preferencialmente su equidad y sostenibilidad.
En sucesivas aportaciones para la reflexión y el debate sanitario desde la perspectiva del profesionalismo médico, prestaremos especial atención a aquellas áreas temáticas que quedan más entreveradas, y no es casual, en el debate político, profesional y social, y que formularemos, como ya hemos mencionado en el inicio del texto, a través de preguntas abiertas e incondicionales en donde nadie ha dicho la última palabra. Desde el conocimiento y la veracidad en el análisis, a buen seguro, será posible encontrar fundamentos y bases explicativas para asentar y ordenar nuestro pensamiento crítico en asuntos, ideas en cuestión, interrogantes, postulados, …… Así por ejemplo:
- -La Autoridad Sanitaria como entelequia agencial en el gobierno y formulación de políticas sanitarias de utilidad pública.
- -La mansedumbre y menesterosidad de la Profesión Médica en la co-gobernanza y configuración de las políticas sanitarias y profesionales.
- -La subordinación de la Agenda Sanitaria Gubernamental a la preponderancia y dominio del mercado lobbista y cartelizado de la manufactura y distribución del sector.
- -Los Fondos Europeos provenientes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y del REACT-UE no contribuirán a la sostenibilidad financiera y social del SNS.
- -El debate interesadamente oculto de la imperfecta e ineficiente redistribución de rentas en el sector sanitario.
- -El “buenismo” anacrónico de la legítima representación sindical que opera en el SNS.
- -La marginación sutil y entreverada de las críticas discrepantes -avaladas por la honestidad intelectual- en el vocerío sanitario.
- -La tenebrante y amarillenta función social de la gran mayoría de los medios de comunicación tentaculares presentes en el sector sanitario al servicio de los grupos de presión económica actuando sobre el SNS.
- -Los principios de equidad y cohesión social como “relicarios” del SNS.
- -La obsolescencia e inaplicabilidad de la mayor parte del articulado de nuestra genuina y grandiosa Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.
- -Quién es quién en el “lado oscuro” del sector sanitario…. Necesidad de luz y taquígrafos por principios de buen gobierno.
- -El SNS: administración burocrática versus nueva gestión públicaç
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