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Dres. Oteo y Rodríguez Sendín: «Profesionalismo Médico, Economía y Sociedad (VIII)»

El Dr. Luis Ángel Oteo Ochoa, profesor Emérito de la Escuela Nacional de Sanidad del Instituto de Salud Carlos III, y el Dr. Juan José Rodríguez Sendín, expresidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), en esta octava entrega de la ronda de opiniones bajo el título de "Profesionalismo Médico, Economía y Sociedad", continuan su análisis a los Presupuestos Generales del Estado para el próximo ejercicio 2022 y consideran que es necesario "un debate estructural y reformista preferente en nuestro SNS, que no es otro que el de la Política de Rentas"

Como ya avanzamos en el número anterior -netamente monográfico- en relación a los presupuestos sanitarios para próximo ejercicio 2.022, el pasado 3 de noviembre la Ministra de Hacienda y Función Pública, Dña. María Jesús Montero, “defendió” el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado en el marco del debate parlamentario. Expuso las prioridades del ejecutivo en materia económica y social para conseguir desde una visión esperanzada según sus palabras, una recuperación justa en todos los territorios, sectores productivos y economías familiares.

En su exposición, se centró preferentemente en la pretensión de revitalizar el Estado del Bienestar, modernizar el tejido productivo para impulsar un crecimiento sostenible, aprovechar los Fondos Europeos para invertir en aquellas políticas y actuaciones que contribuyan a dar respuesta a los grandes desafíos de nuestra época (transición energética, digitalización, medioambiente, innovación y talento operativo,…..), así como a los retos demográficos y de cohesión social de nuestro país. Asimismo, planteó las orientaciones en la política tributaria desde una perspectiva de dinamismo económico que prevé mayores ingresos, sin mayor presión fiscal.

En el día siguiente, 4 de noviembre, los Presupuestos Generales del Estado de 2.022, superaron con mayoría el primer trámite en el Congreso con mayoría, rechazando las enmiendas a la totalidad y haciendo posible que las cuentas públicas siguieran su proceso parlamentario. El día 5 concluyó el plazo para presentar las enmiendas parciales; el dictamen de la Comisión tiene fecha límite hasta el 19 noviembre para ser debatido en la Comisión de Presupuestos la semana del 22 del mismo mes en curso. Una vez aprobado en el Congreso, el Proyecto de Ley seguirá la tramitación en el Senado, con el objetivo de poder cumplir el ciclo parlamentario establecido y aprobar los Presupuestos para su entrada en vigor el próximo 1 de enero de 2.022. Más allá de los intercambios de legítimos intereses -con tenue luz y taquígrafos- en la trastienda del Congreso por los Grupos Parlamentarios afines y proclives a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para el 2.022, casi nadie duda de que los mismos tendrán “fumata blanca”, eso sí, con algunos escarceos y rifirrafes de escaparate en el denominado “intercambio de cromos” ……….porque ya sabemos que todo ello forma parte del indisimulado y previsto  guión de la política actual.

COVID-19 y salud poblacional

El reciente informe del Observatorio de Sanidad de FEDEA en relación al impacto de la Pandemia por COVID-19, tanto en el sector de la salud y los servicios sanitarios, como en el ámbito económico y social de nuestro país, recoge y analiza información técnica de interés para una mejor comprensión de la realidad vivida. (Sergi Jimenez-Martín, Analía Andrea Viola: Especial  impacto COVID-19. Noviembre 2.021; FEDEA).

La crisis sanitaria generada por la aparición del COVID-19 según recoge el mencionado texto ha modificado notablemente la salud de la población, además de un impacto sin precedentes en el sistema sanitario español, en base a la hospitalización masiva y a los ingresos en UCIs derivados de esta enfermedad.

El mayor pico -en la primera ola- de exceso de mortalidad (la medida más completa del impacto de la Pandemia), frente al simple recuento de muertes confirmadas por COVID-19, se manifestó entre el 30 de marzo y el 5 de abril de 2.020 (12.848 muertes adicionales), en comparación con los fallecimientos esperados en condiciones no pandémicas. El exceso de muertes por 100.000 habitantes ha superado en más del 40% en promedio a las reportadas por recuentos simples.

Junto al confinamiento poblacional aprobado legislativamente en el Parlamento Español, las medidas restrictivas radicales en el comercio general, y más particularmente en el sector de la hostelería y restauración, contribuyeron a frenar la transmisibilidad y expansión del COVID-19.

Merece prestar atención a algunos indicadores de salud poblacional con información actualizada  de 2.020. Así, la esperanza de vida en España el pasado año, cayó hasta los 82,4 años, en comparación con el pico máximo en el 2.019 que fue de 83,9 años. Es decir, 1,5 años menos. Hemos sido, junto a Italia y Bélgica, el país con mayor caída en este indicador de salud en Europa, sí bien mantenemos la segunda posición paneuropea sólo superada muy levemente por Suecia en 0.1 años.

En el primer semestre de 2.020 (INE-2.021), la segunda causa de mortalidad en España la constituyeron las enfermedades infecciosas (20.9% del total) que incluían la enfermedad por COVID-19 (correspondiendo 67.5% casos confirmados y 26.9% casos sospechosos), superando por primera vez en las series analizadas las defunciones por tumores malignos (20.4%). Este aumento exponencial no tiene precedentes epidemiológicos en el grupo de enfermedades infecciosas (1.676%) en nuestro país.

El indicador sobre el estado de salud percibido en España en 2.020 ciertamente sorprende (INE-2.020). Así, el segmento poblacional que considera que su estado de salud es “bueno o muy bueno” es del 75,5 % en el pasado año 2.020, incrementando levemente en 0,3 puntos respecto de 2.019.

Corrobora esta información, la Encuesta Europea de Salud en España -2.020, comparando pre y post Pandemia el estado de salud poblacional percibido.Así es, en el periodo post-Pandemia, el 78.3% de la población consideró su estado de salud como bueno o muy bueno, en comparación con el 74.3%, en el ciclo pre-Pandemia, siendo más notable la valoración positiva en hombres (78.2%) en relación a mujeres (70.7%).

Perspectiva de salud de la población

Por otra parte, la Encuesta Ipsos (Institut de Publique Sondage d´Opinion Secteur)Global Health Service Monitor del 2020 en los 27 países evaluados respecto al indicador percibido de calidad de la salud en atención médica, España está próxima al promedio global, con un 52%, expresando que hay un rango de mejora significativa. Constatando además, que la valoración perceptiva de la calidad  de los servicios de salud en el ciclo pandémico álgido, declinó en seis puntos respecto a la encuesta efectuada en 2.018.

En esta misma encuesta internacional Ipsos-2.021 se constata que el 75% de la población en España considera que el Sistema de Salud Público está “sobrecargado” sobre su capacidad estructural y operativa. Concordante con esta información, el barómetro del CIS del último trimestre de 2.020, refiere que la población considera necesario hacer cambios en la sanidad española, como consecuencia de la presión y complejidad de la demanda.

En las encuestas llevadas a cabo por el CIS (Barómetros desde mayo a diciembre de 2.020), en personas que fueron atendidas por sintomatología COVID-19, el 80.7% valora que la atención recibida por los servicios sanitarios ha sido buena o muy buena, mejorando en 0.4 puntos en la encuesta de julio de 2.021, pero casi 6 puntos menos respecto a mayo de 2.020.

En estos mismos Barómetros de mayo, julio, septiembre y diciembre de 2.020 respecto a la conveniencia de reformar la sanidad española tras la Pandemia COVID-19, entre el 90% y el 95% de la población encuestada consideraba necesario incidir en mejoras: incrementado los recursos económicos, ampliando los profesionales sanitarios, optimizando la coordinación entre CC.AA. y dotando al sistema sanitario de instalaciones apropiadas dedicadas a gestionar eficientemente futuras pandemias.

Tensión asistencial en el ciclo pandémico

En el portal del Ministerio de Sanidad se han venido recogiendo determinados indicadores sobre la capacidad asistencial del sistema sanitario público. Siguiendo esta información, el porcentaje de camas ocupadas por pacientes COVID-19 sobre la de camas instaladas y disponibles no llegó a “niveles de saturación” en el conjunto de las CC.AA, sí bien alcanzó un pico -registrado-  en la tercera ola del 25% de ocupación (febrero2.021). El pasado octubre, la tasa de ocupación de camas COVID-19  en el conjunto del sistema sanitario ha sido del 2.5%.

En cuanto  a la ocupación por COVID-19  de camas UCIs con la misma fuente de información, la situación fue crítica en el mismo período señalado (febrero 2.021), con un porcentaje promedio de ocupación  del 35.6%, y en donde algunas CC.AA. sobrepasaron muy notablemente este valor, como la Rioja (55.2%), Madrid (48.5%), Comunidad Valenciana (46%), Cataluña (43.6%) y Castilla-La Mancha (43.4%).

El impacto del COVID-19 en la salud mental

Está bien documentado que las personas que han padecido la enfermedad por COVID-19 han tenido un mayor riesgo de presentar desórdenes clínicos  de salud mental. Así lo refiere la Confederación de Salud Mental de España en 2.021, que estima que una de cada cinco personas que ha enfermado por la pandemia presenta cuadros clínicos mentales de diversa gravedad. Es inquietante que la idea de suicidio en la población adulta joven se haya incrementado entre el 12.5% y 14%.

También a nivel global, en una muestra de 30 países, según el estudio de Ipsos-2021 para el Foro Económico Mundial, la salud mental y emocional ha quedado afectada según registros en el 45% de los adultos entrevistados (21.000 personas), con un deterioro notable y/o significativo desde el comienzo de la Pandemia. En España, éste porcentaje se eleva al 51% en 2020, con un descenso muy significativo desde principios de 2.021 hasta el 35%, 16 puntos menos desde el inicio del ciclo epidémico.

También la Encuesta Europea de Salud 2.020 recoge datos equivalentes en relación a la salud mental y emocional de la población en nuestro país.

Riesgos y vulnerabilidad en la economía nacional

Las expectativas de crecimiento de la economía en España se está moderando y la recuperación será más lenta de lo esperado de acuerdo con las previsiones para este último trimestre del año (FUNCAS, BE, BBVA Research, AIReF, FMI,….). Las cifras estimadas de crecimiento para éste 2.021 y el 2.022, son del 5.2% y 5.5%, respectivamente, sí bien están siendo revisadas en un momento actual.

Algunas referencias para ampliar esta información: 1.-previsiones económicas de AIReF (informe-PGE- 2022-20211025-1.pdf (airef.es); 2.- previsiones económicas de FUNCAS para España 2021 -2022).

Es cierto que el curso evolutivo en el control de la Pandemia COVID-19 y el satisfactorio proceso de vacunación en nuestro país, así como los estímulos procedentes de los Fondos Europeos, generan/respaldan la esperanza de un dinamismo económico razonable y sostenible, quizás con menos ímpetu de lo esperado, pero en todo caso superior al promedio de crecimiento en la eurozona. A nivel mundial, el crecimiento económico previsto será del 6,1% en 2.021 y del 4,6% en 2.022.

Los expertos explican esta ralentización económica en nuestro país (más allá del buen comportamiento del consumo de los hogares por la utilización del ahorro familiar “embalsado” y de la recuperación de la rentabilidad de las entidades bancarias hasta los niveles prepandemia), en razón al ciclo alcista de los costes energéticos y en consecuencia el incremento del precio de los insumos (electricidad, gas, ….); la lenta ejecución del Fondo de Recuperación Next Generation-EU; los incrementos de la deuda bancaria y del crédito dudoso –dudosidad– en los sectores de la hostelería, el trasporte y la fabricación de automóviles; el ajuste a la baja de la contribución del sector exterior; los “cuellos de botella” o disfunciones globales en las cadenas de producción y suministros con el consiguiente incremento del precio de los insumos y los costes de transporte (el coste agregado de estas perturbaciones en la industria manufacturera ha alterado las cadenas de valor en el comercio internacional); así como un desempeño limitado en la formación de capital -inversión-.

Tampoco ayudan a la recuperación las tensiones inflacionistas que se están observando o una posible subida acelerada de los tipos de interés, porque incrementaría el precio de la deuda.

Además, también genera riesgos y vulnerabilidad en términos macroeconómicos, el elevado nivel de deuda pública alcanzado ante un posible deterioro de las condiciones de financiación, lo que exige una corrección del componente estructural del déficit para conseguir una mayor estabilización de las cuentas públicas. 

Así, a éste objetivo de un mayor equilibrio presupuestario contribuye la fortaleza observada en la recaudación impositiva hasta finales de julio del presente, tanto en impuestos corrientes sobre la renta, como en patrimonio y cotizaciones sociales; por el contrario, la recaudación por IVA  se ha mantenido prácticamente estable. Este incremento consolidado de los ingresos en el conjunto de las AA.PP. ha contribuido en el primer semestre del año a reducir el déficit en 21.900m€, hasta los 52.196 m€.

Luces y sombras en el escenario prospectivo económico

En el Informe de Coyuntura Económica del pasado 5 de noviembre del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital se recoge (tercer trimestre) el crecimiento del PIB real del 2% intertrimestral sustentado en la demanda nacional y exterior, superando además el empleo los 20 millones de personas (EPA tercer trimestre: incremento de la ocupación en 359.300 personas). Ello refleja la recuperación del empleo efectivo perdido al inicio de la Pandemia según los registros de la Seguridad Social en su serie histórica. Además, la tasa de paro se redujo hasta el 14.57% y la confianza de los consumidores se ha mantenido en niveles superiores a los previos a la Pandemia COVID-19 (CIS-Octubre).

Sí resulta por otra parte inquietante el que la inflación haya alcanzado en octubre el 5.5%, impulsada preferentemente por los precios en los productos energéticos, pero también por la alimentación. Excluidos estos componentes, la inflación subyacente ha sido del 1.4%). En la zona euro la inflación en este mismo período ha sido del 4.1%. Asimismo, la reducción del 5.3% en el consumo de electricidad nacional (ajustado en calendario y temperatura), pone de manifiesto una situación crítica en el precio de este insumo de necesidad preferente para la industria y las economías familiares.

Para el conjunto del año 2.021, la previsión de crecimiento se ha rebajado notablemente hasta el 5.1%, [FUNCAS-noviembre 2.021, lo ajusta todavía más a la baja (4.8%)], en razón a que la demanda interna (preferentemente el consumo privado) viene contribuyendo en menor medida al fortalecimiento del PIB, dado que la renta disponible en los hogares se ha estancado como consecuencia del recorte en los ingresos reales (siendo el repunte de los precios señalados el factor determinante más explicativo).

El alza de los costes de producción ha moderado también crecimiento de la inversión. Por el contrario, ha sido el consumo público, fundamentalmente el gasto en personal, el que está contribuyendo al alza en el agregado de la demanda interna. El rebote de los servicios turísticos y el buen comportamiento de las exportaciones dentro del sector exterior, también ayudarán a la mejora del crecimiento económico.

Desde la perspectiva fiscal, la deuda pública calculada según el protocolo de déficit excesivo de la Comisión Europea representa en el tercer trimestre del año en curso un valor de 1.432b€, el 202.1%PIB (Banco de España, septiembre 2021). Conviene tener presente, por lo que directamente nos afecta, que la deuda viva consolidada de las CC.AA., allí donde se asigna y ejecuta el 93% del gasto sanitario público, está próxima a los 320.000m€ (27%PIB).

Para algunas CC.AA., la situación financiera de sus cuentas no puede ser más preocupante, razón por la que el Fondo de Financiación del Estado en el tercer trimestre ha ascendido a 11.785m€,  2.038.6 m€ provenientes del compartimento o Fondo de  Facilidad Financiera y 9.746,39m€ con origen en el Fondo de Liquidez Autonómica. La desagregación de esta deuda por CC.AA. está recogida en las series del Banco de España -Boletín Estadístico (2.021).

Para enfrentar este incierto escenario económico el Gobierno de España ha puesto su prioridad institucional preferente en los objetivos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que como ya  mencionamos recibió la máxima calificación por los servicios técnicos de la Comisión Europea en 10 de las 11 métricas que fueron evaluadas, y al que han sido asignados un volumen de recursos global de 140.000m€. Nuestro país ha sido el primero de la Unión Europea en acordar con la Comisión las Disposiciones Operativas del mencionado Plan, que agilizará el primer desembolso semestral por un importe de 10.000m€ que se sumaría a los ya 9.036 m€ que España ya ha recibido en forma de prefinanciación en correspondencia al cumplimiento de lo que determina el Plan de Recuperación. El monto total para este ejercicio 2.021 será por tanto de 19.036m€.

El calendario de las solicitudes de pago acordadas se establecerá por el Ejecutivo Comunitario  y el Gobierno de España a través de intercambios trimestrales para garantizar la coherencia y el cumplimiento en el desarrollo de los objetivos sobre inversiones y reformas comprometidas.

Enlaces: https://lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/hacienda/Do cuments/2021/101121_Countersigned_ES-RRF-OA1_1.pdf – https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/haciend a/Documents/2021/101121_Countersigned_ES-RRF-OA1_2.pdf- https://lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/hacienda/Do cuments/2021/101121_Countersigned_ES-RRF-OA1_3.pdf

Para el próximo año 2.022, si el Plan de Recuperación se ejecuta eficientemente, se corrigen las disfunciones globales en la cadena de suministros y se normalizan las tensiones inflacionarias, es esperable un crecimiento del PIB que ronde el 6%, siendo la demanda interna el mayor factor de propulsión de la economía (5.4%). Los tres factores del agregado nacional tendrán un alza considerable; consumo público (incremento del gasto en los Presupuestos Generales del Estado), consumo privado (mayor renta de las familias en términos reales) e inversión, preferentemente este último factor como consecuencia de la aplicación de los Fondos Europeos. La aportación de la demanda externa al crecimiento económico también será significativa como consecuencia de la recuperación del turismo internacional y de la evolución positiva y sostenible de las exportaciones.

Por otra parte, en según las previsiones señaladas, se estima que los salarios se proyecten hacia la moderación y que la senda del deflactor del consumo privado tienda hacia la normalización, más allá del encarecimiento de los productos energéticos (en mayor medida la electricidad), y de otros tipos de suministros e insumos para el sector industrial. Por ello, la inflación esperable para el 2.022 se sitúa en torno al 2.2%.

El saldo positivo de la balanza corriente seguirá mejorando una vez que se recupere el turismo internacional y se incremente la capacidad de financiación por las trasferencias europeas del Programa Next Generation. Es posible que el ahorro nacional alcance un hito -máximo histórico-  de  crecimiento en relación al PIB.

En cuanto al mercado laboral, en métricas EPA, el número de ocupados alcanzará niveles de precrisis a finales del 2.022; sin embargo, la tasa de paro en relación al crecimiento tendencial esperado de la población activa esperado, se mantendrá en torno al 14.6% en el último período del próximo año, teniendo presente los riesgos de desempleo de los trabajadores que todavía permanecen en ERTE.

Respecto al escenario fiscal, de mantenerse los incrementos en los ingresos públicos, es previsible una mejora nominal del saldo presupuestario, siempre que se estabilice el actual rendimiento de los bonos públicos a través de la compra de deuda a bajos tipos del Banco Central Europeo (BCE). Aún cumpliendo estos supuestos, el déficit público en el conjunto de las AA.PP. rondará el 6%PIB, y la deuda pública agregada superará el 200%PIB.

Visión de futuro e incertidumbres

De persistir el actual ciclo alcista de precios y perdure la incertidumbre en el mercado energético -gas, electricidad.,..-, junto a una posible depreciación del euro frente al dólar, no es improbable que el sector empresarial y las economías familiares pudieran sufrir nuevos ajustes a la baja de su poder adquisitivo.

Esta situación inflacionista  sostenida tendría una repercusión en términos de riesgo para el crecimiento económico y la recuperación deseable se prolongaría en el tiempo; por ello, para sostener un dinamismo creciente en los factores impulsores de la demanda interna, se requiere una reducción significativa en los precios energéticos que contribuyan a moderar la inflación.

Otro factor de riesgo tampoco descartable es que el BCE revise con mayor exigencia las condiciones monetarias en el programa de compra de bonos, con la propia repercusión en los costes financieros, no sólo en las Administraciones Públicas, sino también en sectores económicos en estado vulnerable o crítico.

Dado que el BCE tiene un “techo de compra” de deuda en función de la cuota de capital de los países de la eurozona, un cambio en la programación llevaría a tener que colocar más deuda en el mercado, con la repercusión incremental derivada en costes por mayor carga de intereses.

Sin duda, una gestión eficiente de los Fondos Europeos, y una apuesta reformista siguiendo las directrices de la Comisión Europea, recogidas en el Plan de Recuperación, ayudaría a minimizar los riesgos señalados y su impacto en la recuperación económica.

 

Reflexiones derivadas

  1. Una vez concluyan los procesos parlamentarios obligados -que hemos comentado en el texto- en el ciclo de tramitación de los Presupuestos Generales del Estado 2.022, creemos que los mismos, más allá de las conjeturas políticas, serán aprobados para su entrada en vigor el próximo 1 de enero.
  2. Ya disponemos de evidencia suficiente para conocer el impacto que la crisis sanitaria generada por la Pandemia COVID-19 ha generado en la salud de la población, en los servicios asistenciales del sistema sanitario y en el propio ámbito social de nuestro país. Merece significar el exceso de mortalidad por 100.000 habitantes, la caída de la esperanza de vida, el dominio epidemiológico del segmento de patologías infecciosas (que incluye el COVID-19) y la alta incidencia de determinados desórdenes clínicos mentales de diversa gravedad, preferentemente en la población adulta joven.
  3. La calidad percibida por la población de los servicios de salud y la atención recibida ha declinado notablemente en el transcurso del ciclo pandémico, fundamentalmente en el período más álgido de las primeras olas.
  4. La presión asistencial, tanto en el ámbito de la atención primaria como hospitalaria, no tiene precedentes en de historia sanitaria de nuestro país, llegando al límite de la saturación en determinados momentos del ciclo epidémico, con diferencias notables entre CC.AA.., al menos en la tasa de ocupación de camas de hospitalización y UCIs por COVID-19.
  5. En los sucesivos Barómetros del CIS, la población española se vuelve  a pronunciar mayoritariamente (en torno al 90%) sobre la conveniencia de reformar con preferencias concretas que ya mencionamos la sanidad en nuestro país tras la Pandemia COVID-19.
  6. Todos los organismos nacionales e internacionales que evalúan la coyuntura económica y establecen previsiones, vienen señalando (pronosticando) para nuestro país una recuperación más lenta de lo esperado, con estimaciones de crecimiento (PIB) para este presente año rondando el 5% y para el próximo 2.022 del 6%, notablemente más bajos de lo esperado. Los factores explicativos están recogidos en el apartado correspondiente de este texto.
  7. Merece una especial atención el comportamiento inquietante de la inflación, ya que sí bien ninguna institución experta prevé un ciclo de estanflación (bajo crecimiento económico junto a una elevada inflación), no es descartable una prolongación de las tensiones inflacionistas, máxime si se mantiene el continuado ciclo alcista en los costes energéticos (aspecto que tiene un componente geopolítico importante -conflicto Polonia/Bielorrusia en la política de refugiados- como estamos constatando en el comportamiento colusivo de Rusia respecto al gas, en relación a Europa).
  8. No debemos olvidar, más allá de que las reglas fiscales estén transitoriamente suspendidas en la eurozona, nuestros objetivos de estabilidad financiera y consolidación presupuestaria. EL déficit público del conjunto de las AA.PP., con un componente estructural importante, sigue siendo elevado,  y la deuda pública ya supera el 200%PIB.
  9. El “maná” de los Fondos Europeos (con letra pequeña conviene atender asu vínculo con determinadas reformas estructurales exigibles por la Unión Europea) es sin duda una de las grandes esperanzas para revitalizar la economía de nuestro país, pero que nos obliga a una implementación/ejecución efectiva y eficiente de los mismos, teniendo siempre presente que estos recursos financieros provenientes del Fondo de Recuperación, tienen la calificación de transferencias no reembolsables. En “román paladino” queremos decir que estas subvenciones no consolidarán en términos presupuestarios gasto -orgánico-. Lo señalamos, porque los borradores de presupuestos sanitarios que se están configurando en las CC.AA. para el próximo año, con inversiones que derivarán en gasto corriente sostenido, contemplan crecimientos en algunos casos próximos a los dos dígitos. Además, en aras a fortalecer nuestro SNS, consideramos inapropiado el tratar de estabilizar las muy ajustadas plantillas de personal sanitario con los eventuales y transitorios Fondos Europeos, a sabiendas de que necesitamos crecimientos presupuestarios estructurales y sostenibles reforzando el capital humano y las rentas salariales.
  10.  Por ello, y respecto a las rentas de trabajo, ya nos hemos venido pronunciando claramente sobre la política retributiva o salarial. Es claramente insuficiente y distractivo centrar exclusivamente en el marco de las relaciones laborales, el mantenimiento de la capacidad adquisitiva, vinculando el incremento salarial de los profesionales de la salud al IPC armonizado.

Creemos que un debate estructural y reformista preferente en nuestro SNS, no es otro que el de la Política de Rentas. “Dado el persistente estado de anomia en esta materia de la representación política y sindical en el sector sanitario, tiempo ha habido para rectificar/despertar y asumir el liderazgo agencial y la responsabilidad social que les corresponde, creemos que debe ser el mundo profesional de la salud en su representación colegial y asociativa en el marco de la sociedad civil organizada, el verdadero impulsor y garante en esta materia laboral sensible, tanto por equidad y justicia distributiva, como por el incuestionable aprecio ciudadano y la contrastada reputación social del colectivo profesional sanitario”, reconocimiento de la sociedad civil que no pueden avalar otros agentes económicos y sociales del sector.

Dejamos para un próximo númeroun  análisis más pormenorizado sobre este tema, al entender que son los profesionales sanitarios, como únicos y verdaderos agentes orgánicos del SNS, los que están exclusivamente contribuyendo con sus “techos de gasto salarial” a la sostenibilidad financiera y social del sector sanitario público, mientras los epulones del mercado  -extramuros al sistema- operando en sus diferentes cadenas de valor,  “capturan” sin prácticamente riesgos de competencia el “veteado magro” de los presupuestos sanitarios públicos.

Como “muestra un botón”, la deflación salarial promedio en el SNS próxima al 10% desde el inicio de la crisis financiera global en 2008 hasta el 2.014, a día de hoy, está pendiente -por responsabilidad política y social- de recuperación o resarcimiento retributivo. Todos sabemos, sin ser especialmente conspicuos, dónde han sonado y lo siguen haciendo las cajas registradoras; NO precisamente en las economías familiares de los profesionales del SNS.

Este desamparo de los sintientes profesionales sanitarios del sector público por la persistente hambruna salarial, será otra de las materias que abordaremos con mayor sistematización; porque bien sabemos, que presupuesto agregado del SNS no hay más que uno y los agentes comensales que se nutren del mismo son/somos muchos, y muy desigualmente tratados. Algunos, como los compañeros MIR, están en “lista de espera” para ser tratados con dignidad laboral desde tiempo inmemorial.

 

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