La doctora Mª Ángeles Planchuelo, ex presidenta del CNPT, reflexiona en este artículo con motivo del Día Mundial sin Tabaco, sobre la preocupación creciente en organizaciones científicas y profesionales sanitarios por los encuentros entre las industrias tabaqueras y los responsables políticos que podría conllevar cambios legislativos perjudiciales para la salud y para la contención del gasto sanitario
Madrid, 31 de mayo de 2013 (medicosypacientes.com)
La Trascendencia de una decisión correcta
Si algo está claro, es que la industria tabacalera, como cualquier otra industria se marca como objetivo el incrementar su nivel de negocio, para así obtener mayores beneficios; y para ello, los intentos que hace no solo por mantener, sino también por aumentar el número de clientes, pasan por utilizar cualquier estrategia, incluida la de modificar leyes que les impida mantener su cuota de mercado en un país determinado.
En el momento actual, los condicionantes que permiten una mayor o menor maniobrabilidad de esta industria en los diferentes países, viene determinada por el nivel de regulación legislativo adoptado, que en gran medida viene definido por la puesta en marcha del Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT), adoptado por unanimidad por los 192 países que en 2003 configuraban la Organización Mundial de la Salud (OMS), y que en el momento actual ha sido ratificado 174 Partes, con la peculiaridad que ello conlleva: su obligado cumplimiento.
La aprobación del CMCT lleva consigo el dejar atrás la ardua e ineficaz estrategia de intentar neutralizar los objetivos de la industria tabacalera abordando solo las consecuencias del tabaco en los fumadores, para dejar paso a una novedosa estrategia en la que los gobiernos son parte y arte, y al igual que se regula la seguridad del agua, el aire, los alimentos o los productos químicos, los gobiernos mediante el instrumento jurídico que supone el CMCT, han de regular todos los aspectos relacionados con el tabaquismo.
La solidez del CMCT, en el que las Partes están determinadas a dar prioridad a su derecho de proteger la salud pública, basándose en consideraciones científicas, técnicas y económicas, se ve reforzada por la bondad de haber contado y contar, con la voz de la sociedad civil. Una sociedad vulnerable y desprotegida frente a las estrategias directas e indirectas de la industria tabacalera para convertirla en fumadora. Una sociedad vulnerable y desprotegida frente a las consecuencias inexorables del consumo de tabaco. En definitiva, una sociedad castigada por un elemento de venta legal que produce enfermedad y muerte.
España, es uno de los países que firmó y ratificó el CMCT y que ha puesto en marcha importantes medidas para controlar el tabaquismo, entre las que destaca la Ley 28/2005 de medidas sanitarias frente al tabaquismo, y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco, modificada posteriormente por la ley 42/2010, que amplía la prohibición de fumar a todos los espacios públicos cerrados sin excepción.
Sin duda, esta legislación deja poco margen de maniobra a la industria tabaquera, que ve mermada su clientela y por ende sus beneficios económicos. Centrándonos en la regulación del consumo, la prohibición de fumar en el 100% de los espacios públicos sin excepción contemplada en la actual ley, redunda en que más fumadores tomen la decisión e intenten dejar de fumar y en que menos adolescentes se inicien en el consumo de tabaco, como lo demuestran los últimos datos de la Encuesta Nacional de Salud.
La respuesta a esta situación de pérdida de clientela, pasa inexorablemente por dirigir el foco hacia países con una menor regulación o por que las legislaciones más restrictivas se vuelvan más laxas, o por ambas a la vez, y quizá sea este último escenario el que estamos viviendo en estos momentos.
En estos días se están produciendo encuentros entre la industria tabaquera y responsables políticos. Encuentros que están provocando en organizaciones científicas y profesionales sanitarias una seria preocupación, al presumir que se están intentando poner en valor presuntos beneficios económicos y sociales (tan atractivos para los gobiernos en estos momentos de crisis), cuando, si las sospechas se hacen realidad, las únicas beneficiarias serían las empresas tabaqueras.
Sin embargo, los beneficios económicos y sociales se consiguen manteniendo, promocionando e incluso incrementando en algunos aspectos, la actual legislación.
Existen argumentos y vivencias que demuestran que el control del tabaquismo pasa por una legislación eficaz. Si el gobierno cede y se flexibiliza la actual legislación, el status quo existente cambiaria de dirección, los beneficios que en términos de salud está obteniendo la sociedad se verían mermados a favor de un incremento de los intereses economicistas de la industria del tabaco.
Un ejemplo de ello son los datos que ofrece el estudio sobre el impacto de las leyes antitabaco en la salud de la población , 2012, donde se ha puesto de manifiesto como en la Comunidad Valenciana, desde la aplicación de la ley 28/2005 se han producido un 11% de infartos menos de los esperados, lo que representa unos 300 infartos menos al año, con lo que ello lleva consigo en términos de salud y por que no decirlo, también de economía ahorrando en costes sanitarios unos 400 millones de euros al año.
En definitiva, si evitamos enfermedades y promovemos y protegemos la salud de los ciudadanos, evitamos gastos sanitarios y sociales, es decir salimos ganando.
Mª Ángeles Planchuelo
Presidenta del CNPT 2007-2011
