El Dr. Rogelio Altisent, profesor de la Universidad de Zaragoza, subraya en este artículo que las compañías farmacéuticas que están fabricando vacunas contra la COVID19 deberían pasar filtros deontológicos para aportar garantías de rigor al ciudadano a la ahora de comunicar sus avances
La carrera por el logro de vacunas eficaces para la COVID 19 está en una fase de gran expectación. Hay muchas esperanzas puestas en la prevención mediante la inmunidad vacunal. Sin duda, los avances de las empresas farmacéuticas con proyectos en este campo son un bálsamo que los medios de comunicación nos aplican con benevolencia y, a la vez, sin ocultar los intereses que acompañan estas noticias. Recordemos que tras el anuncio de Pfizer, su consejero delegado Albert Bourla procedió a la venta de 132.508 acciones de la compañía a un precio unitario de 41,94 dólares, que justo antes del anuncio a la prensa cotizaban a 36,40 dólares. Sally Susman, vicepresidenta de Pfizer, hizo una operación similar vendiendo un paquete accionarial de 43.662 títulos.
Cualquiera puede torcer la nariz al leer noticias de este cariz. Y no sería bueno para nadie que estas operaciones generaran una sombra de desconfianza sobre las vacunas, que por su trascendencia deben estar avaladas por el rigor de la ciencia.
Hay, sin embargo, una aclaración que conviene hacer. Al menos en España, el Código de Deontología Médica establece en su artículo 46 que “el médico tiene el deber de comunicar en primer lugar a los medios profesionales los descubrimientos que haya realizado o las conclusiones derivadas de sus estudios científicos”. De igual modo en el artículo 59 se dice que “el médico investigador tiene el deber de publicar los resultados de su investigación por los cauces normales de divulgación científica, tanto si son favorables como si no lo son. No es ética la manipulación o la ocultación de datos, ya sea para obtener beneficios personales o de grupo, o por motivos ideológicos”.
No es difícil entender que estos preceptos deontológicos son una clara defensa de la sociedad para amparar a los ciudadanos ante anuncios científicos que no han pasado por la criba y el análisis de expertos, así como por los procedimientos de evaluación oficial. En otras palabras, generan inquietud las declaraciones públicas sin haberse sometido previamente al escrutinio de expertos independientes en la materia, como es la norma de las revistas científicas. Todo ello agravado por el acompañamiento de operaciones millonarias, que al parecer han sido legales (las operaciones citadas estarían avaladas por el mercado de valores estadounidense, que fija las condiciones para que los ejecutivos de empresas cotizadas puedan operar sin infringir las normas sobre el uso de información privilegiada), pero en mi opinión de perfil ético bajo, cuando se juega de este modo con una opinión pública atemorizada. Me han sorprendido las declaraciones de Margarita del Val, experta viróloga del CSIC que ha expresado sus dudas ante los anuncios de Pfizer y Moderna.
Es evidente que una empresa farmacéutica no está sometida al Código de Deontología Médica, pero me parece que la autoridad sanitaria debería compartir el “espíritu” de estos principios y exigir que, cuando se hacen estos anuncios a los medios de comunicación, existan unas garantías de rigor para el ciudadano lego. A mi me gustaría que estas declaraciones, si no han pasado por el filtro de una publicación científica de prestigio, al menos fueran valoradas por un comité de expertos cuya composición sea de conocimiento público.
