“Las lesiones de accidentes de tráfico no se pueden comparar con buena parte de las derivadas del ámbito sanitario”, según argumenta el presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), Dr. Juan José Rodríguez Sendín, para insistir en la necesidad de un Baremo de Daños Sanitarios que valore las indemnizaciones a pacientes que han sufrido efectos adversos como consecuencia de una actuación clínica y que hasta ahora se equiparan a lo estipulado para compensar los daños causados en accidentes de tráfico
Así lo expresa en una entrevista para Médicos y Pacientes con ocasión de la Jornada sobre Iatrogenia que la propia corporación y la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS) celebran hoy en el marco del congreso mundial Preventing Overdiagnosis, que se celebra en Barcelona hasta el 22 de septiembre.
En esta entrevista, el Dr. Rodríguez Sendín hace un análisis de los efectos adversos que provocan “pruebas diagnósticas innecesarias” o el “exceso de fármacos que tienen interacciones entre sí”, el “uso inadecuado de radiaciones ionizantes” en los procedimientos clínicos e, incluso, los “efectos adversos producidos por los recortes” y relacionados con el incremento de las listas de espera y los retrasos en los diagnósticos.
Teniendo en cuenta de que muchos de estos efectos se pueden prevenir y evitar con mecanismos de seguridad y control, lamenta que las acciones de las Administraciones sanitarias “se queden solo en recomendaciones y propuestas”, lo que provoca una medicina defensiva.
Aboga para que los profesionales “seamos capaces de asumir los errores con transparencia”; por la implicación de las Administraciones, profesionales y pacientes y porque se establezca un Baremo de daños sanitarios que los profesionales llevan pidiendo desde hace más de 20 años.
Iatrogenia, una palabra hasta hace poco casi exclusiva del argot sanitario de la que ahora se empieza a hablar ¿cree que el ciudadano sabe lo que es?
La palabra como tal puede ser desconocida para el público en general, pero no así lo que significa que son los efectos adversos que conllevan en los pacientes los tratamientos, las pruebas diagnósticas o la propia actuación profesional; eso lo entiende todo el mundo y, lamentablemente, lo sufren muchos pacientes.
Por ejemplo, la medicalización de nuestra sociedad y la realidad de la cronicidad con un paciente a menudo fragmentado hacen que a muchos pacientes se les practiquen pruebas diagnósticas innecesarias, o tomen un número importante de fármacos que pueden tener y, de hecho tienen interacciones y efectos secundarios que pueden provocar graves consecuencias incluso la muerte.
Hay otros efectos adversos evitables relacionados con las infecciones nosocomiales o por el uso inadecuado de radiaciones ionizantes en los procedimientos clínicos. Por ejemplo, puede ser tan nocivo o más hacerse una mamografía anual injustificada que no hacérsela en varios años a partir de una determinada edad.
Hay muchos ejemplos pero no podemos olvidar mencionar efectos adversos producidos por los recortes tras la crisis económica, relacionados con el incremento de las listas de espera y los retrasos en los diagnósticos.
A todo ello, habría que sumar las consecuencias que este problema genera sobre el gasto sanitario y que todas las estimaciones lo sitúan en cifras de gran magnitud.
Hay estudios que cifran en el 10% de las actividades en AP y el 18% en hospitalarias con efectos adversos, incluso, con resultado de muerte. ¿Por qué las Administraciones no abordan este grave problema?
Se han hecho diversos estudios -Eneas (2005), Apeas (2007) y el último sobre los efectos adversos en los servicios de urgencia de hospitales españoles de 2009- tanto sobre los efectos adversos como sobre los costes que generan y todo indica un incremento considerable de ambos en la actualidad.
Organizaciones internacionales como la OMS, la Organización Panamericana de la Salud y la propia Unión Europea llevan dando la voz de alarma sobre este problema. Aquí, en España, el Ministerio de Sanidad lo empezó a abordar en el 2005 a través de la Estrategia de Seguridad del paciente, renovada el pasado año, y que en teoría, cuenta con el compromiso de las CCAA para afrontarla y las aportaciones de SSCC y pacientes. Todo son recomendaciones y propuestas, pero, solo eso.
Y el caso es que, en este mismo Plan o Estrategia, se recogen datos de diversos estudios que ponen sobre la mesa la magnitud del problema, pero lo peor es que se asegura que de los porcentajes registrados de casos de efectos adversos, el 50/70 % se podrían evitar siendo el resto inherentes a la propia actividad sanitaria.
Pero sigue sin abordarse la epidemiología de los errores y efectos adversos; no hay comunicación entre los distintos niveles asistenciales; no se forma a los profesionales y apenas existe cultura de este problema en la ciudadanía.
Se estima en un 15% el personal sanitario que se ve implicado, anualmente, en problemas asociados a efectos adversos. ¿Qué papel juega la OMC como máxima representación de la profesión médica?
Nosotros lo que tratamos, precisamente, es de sensibilizar, trasladar a todos los profesionales y a todos los pacientes este problema que es un problema de salud pública de gran magnitud. Por ello y siendo conscientes del importante papel que desarrolla la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS), firmamos el pasado año un convenio de colaboración y constituimos un grupo de trabajo conjunto para trabajar y contribuir en la mejora continua de la calidad de las actuaciones sanitarias, en la prevención de los efectos adversos y en mejorar la cultura de este problema en la población en general.
Fruto de esta colaboración, en abril de este año, celebramos una jornada técnica para debatir sobre la iatrogenia, centrada en avanzar en el análisis y prevención de los efectos adversos y en las consecuencias que tienen para los profesionales y los pacientes.
¿Debe de ser la profesión médica quien lidere esta causa?
Es trabajo de todos los implicados, pero la profesión médica juega un papel esencial. Una de las funciones que legitiman el papel de las corporaciones médicas, tanto de los colegios como de la propia OMC es precisamente el control deontológico de la profesión, velar por la buena praxis y la defensa del paciente por encima de cualquier otra consideración.
Es muy fácil mirar para otro lado cuando se nos presenta un efecto adverso como consecuencia, por ejemplo, de una actuación clínica, pero tenemos que ser capaces de asumir los errores con transparencia, aprender de ellos para no volver a cometerlos y pedir perdón a los pacientes. Pero para ello precisamos cambios legislativos que garanticen que salvo en caso de responsabilidad manifiesta el profesional deje de sentirse amenazado por su reconocimiento y el paciente dañado reciba con rapidez las indemnizaciones que le correspondan por los daños sufridos disminuyendo la litigiosidad injustificada que tanto daño hace.
Por el contrario los errores y efectos adversos se siguen desde la cultura de la culpa, de la pena de banquillo, desde la perdida de reputación; y ante ello la reacción de los médicos y del SNS sigue siendo el ocultamiento y encubrimiento y, ante la incertidumbre y la falta de medidas para afrontar estas situaciones, los médicos se refugian en la práctica de una medicina defensiva que no beneficia a nadie: ni a las instituciones, ni a los pacientes, ni a los propios profesionales.
¿La medicina defensiva es entonces una consecuencia de la iatrogenia?
La medicina siempre ha sido una profesión de gran responsabilidad y también de riesgo porque hay que hacerse cargo de las consecuencias de lo que el médico hace. Y la medicina defensiva es una respuesta viciada ante los riesgos determinados y miedos profesionales a las consecuencias de los efectos adversos y de las pérdidas de todo tipo que algo involuntario le pueda ocasionar; es una práctica que cada día crece más. Si a ello le sumamos la fascinación que existe por las nuevas tecnologías, la presión de la industria, incentivos perversos… tenemos un cóctel molotov difícil de desactivar.
¿Se pueden evitar los efectos adversos?
Más que evitar yo hablaría antes de que se pueden prevenir en muchos casos. Los sistemas sanitarios son muy complejos y los errores médicos se producen por la interacción de múltiples factores. Y cuando eso ocurre, lo importante no es quién se equivocó, sino saber cómo y porqué se produjo el fallo y, en consecuencia, el efecto adverso y contar con mecanismos para prevenirlo y, por consiguiente, evitarlo.
Porque lo que si hay que tener claro es que es un problema de salud pública muy importante por su magnitud y trascendencia. Y asumir que todos los actores implicados tenemos una gran responsabilidad: administraciones sanitarias, profesionales, corporaciones médicas, sociedades científicas, industria y, por supuesto, los pacientes que tiene que saber que la práctica asistencial, los medicamentos y las pruebas diagnósticas siempre tienen riesgos que en buena parte se pueden evitar con mecanismos de seguridad y control.
Cuando se habla de iatrogenia, se vincula al Baremo de daños sanitarios. ¿Qué aporta a este problema?
Es clave y fundamental, precisamente para luchar contra la medicina defensiva. Cuando se produce un proceso adverso evitable, además de detectarlo y conocer como se ha producido, se debe compensar inmediatamente a los pacientes, pero la realidad es que llevamos más de 20 años intentando establecer por Ley un Baremo de daños sanitarios y no se consigue. Yo mismo he participado en 7 proyectos al respecto, todos fracasados. El último con la ministra Ana Mato para que se incluyese en la Ley que se aprobó el pasado año para la Reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de tráfico, que es el baremo que se utiliza con carácter orientativo pero que es insuficiente e ineficaz en muchos casos; no es la solución adecuada porque muchas de las lesiones que suceden en los siniestros de tráfico no se pueden comparar con buena parte de las derivadas en el ámbito sanitario. Por lo cual quedan totalmente dependiente de la interpretación judicial y sometidas a la litigiosidad de larga duración.
La propuesta de añadir este Baremo a la citada reforma se rechazó una vez más. ¿Por qué? ¿A quién beneficia que no exista un Baremos de daños sanitarios?. Desde luego, los profesionales lo llevamos demandando desde hace años porque consideremos que eso disminuirá la medicina defensiva y favorecerá la seguridad de los pacientes, de los propios profesionales y de las instituciones y entidades del sector sanitario. Además, aportaría seguridad jurídica al establecer criterios de igualdad con base técnica y científica y se produciría una mayor agilidad en la solución de las indemnizaciones. Así que en los políticos está la respuesta si es que se ponen de acuerdo en algo.
Cuáles son los retos y la “hoja de ruta” a seguir para afrontar este problema?
Teniendo en cuenta esto último, en relación al Baremo de daños sanitarios no podemos quedarnos parados seguiremos sensibilizando e insistiendo. Los más interesados en el momento en el que nos encontramos y máxime teniendo en cuenta la evolución del problema en otros países, deberían ser las Administraciones sanitarias y esperemos que con su ayuda lo logremos pronto.
Por supuesto, es preciso conocer la epidemiologia de los errores y procesos adversos sanitarios para prevenirlos; la implicación de los profesiones y profesionales sanitarios, formación, cultura, es decir, que es un conjunto de factores humanos, organizativos y de formación. Porque todo suma. Hay que tener en cuenta que vivimos en una etapa de fascinación por las tecnologías y, valorando los avances conseguidos, es preciso recuperar el humanismo perdido e involucrar a los pacientes porque muchos sobrestiman los beneficios de los medicamentos y las intervenciones y subestiman los riesgos y consecuencias que esto conlleva.
Mientras tanto, a nosotros, los representantes de la profesión médica, nos corresponde asegurar una correcta práctica médica, ayudando a los médicos con información, formación y programas de atención en salud. Y analizar e investigar los factores que inciden en la seguridad clínica con los pacientes. Y, por supuesto, siempre dispuestos a la colaboración con las Administraciones sanitarias, profesionales y pacientes para afrontar un problema que es de todos.
