El secretario general de la Organización Médica Colegial (OMC), Dr. Juan Manuel Garrote, reconoce que “falta que las comunidades tengan una mayor comunión con el Observatorio de Agresiones en la transferencia de datos” y considera que es una asignatura pendiente, "porque dimensionar el problema adecuadamente permite ponerle soluciones"
El secretario general de la corporación clausura hoy, Día Nacional contra las Agresiones a Sanitarios, la serie de entrevistas a miembros del Observatorio Nacional de Agresiones de la OMC reivindicando el importante trabajo de este organismo desde su puesta en marcha en 2010 y analizando los retos o desafíos pendientes para conseguir una verdadera “tolerancia cero” ante esta lacra.
¿Cuál es el balance que hace desde la puesta en marcha del Observatorio de Agresiones en 2010?
Antes de la puesta en marcha del Observatorio de Agresiones había un absoluto desconocimiento. Conocíamos que en 1981 un paciente mató en la consulta a un urólogo, que años después mataron a tiros en Salamanca a una médico inspectora porque el agresor no estaba de acuerdo con su baja laboral y desgraciadamente en 2009 ocurrió la muerte de una doctora de urgencias de Atención Primaria tiroteada con un escopeta. Hasta entonces eran los únicos datos que sabíamos de las agresiones a los médicos. Ahí descubrimos que nadie conocía las agresiones que se producían en los entornos laborales de cualquier ámbito y se catalogaba este tipo de violencia como un suceso más.
En este momento, la referencia cuando se habla de este ámbito son los datos que genera el Observatorio de Agresiones constituido por la Organización Médica Colegial (OMC) y que llevamos siete años construyendo.
Todas las cifras que se tienen de las agresiones han partido del trabajo del Observatorio, aunque bien es cierto que gracias a la comisión que se creó junto al Ministerio de Sanidad, que fue transferido a las comunidades autónomas, propició que desde las autonomías se abordara este problema y se hayan conseguido muchos avances, entre ellos, que las consejerías registren las agresiones a los sanitarios. Es un paso, pero falta que las comunidades tengan una mayor comunión con el Observatorio en la transferencia de datos y en este sentido debemos seguir trabajando.
¿Qué coordinación existe entre la Administración y los Colegios de Médicos en lo referente a las agresiones que se producen en el ámbito sanitario?
Falta una total comunicación con la Administración. Todos tenemos la misma voluntad que es evitar las agresiones, pero solo tres comunidades autónomas intercambian los datos con el Observatorio. Es una asignatura pendiente, especialmente de las comunidades porque dimensionar el problema adecuadamente nos permitiría ponerle soluciones.
¿Qué ha supuesto la catalogación de la agresión como delito de atentado contra la autoridad en el ámbito público?
Ha supuesto que disminuya la magnitud de la agresión. Percibimos que al tratarse de una pena mayor en la agresión más grave desciende el número de casos de gran trascendencia. Es una ventaja muy relevante y estamos especialmente satisfechos que el médico que trabaja en el ámbito público sea considerado ‘autoridad’ para su ejercicio profesional. Sin embargo, sí es cierto que las penas son menores en aquellos casos en que la agresión es un insulto o amedrentamiento.
En este sentido, ¿la protección de los profesionales del ámbito privado sigue siendo la asignatura pendiente?
Efectivamente, es una asignatura pendiente. Por un lado, está el médico que trabajando en el sector privado, desarrolla su profesión con una encomienda de la función pública. Es decir, aquellos profesionales que trabajan para mutuas y que sin ser funcionarios públicos, como su comisión delegada es para un trabajo público, deberían ser considerados como delitos de atentado aquellos que se refieren a ellos. Sobre esta premisa deben trabajar los jueces. Por otro lado, está el facultativo en ejercicio privado, que representa a un tercio del total en ejercicio de España. Uno solo de ellos sería suficiente para no dejarlos al margen, pero que haya tantos lo hace todavía más necesario.
¿Qué medidas son las más efectivas para evitar las agresiones?
Dentro de las labores para evitar las agresiones todas las prevenciones son importantes. Sobre todo cuando detectamos en la información con las comunidades los puntos especialmente conflictivos. No todos los puntos tienen la misma intensidad de agresiones, pero los que son más problemáticos deberían de ser protegidos. Entre las medidas disuasorias está el botón antipánico, la seguridad en los centros y cuando se desempeña una actividad que conlleva un mayor riesgo de agresiones, nunca se debería estar solo.
Por ejemplo, los médicos que están en un Punto de Atención Continuada y están solos realizando la urgencia durante 24 horas y que si les sucede algo puede pasar mucho tiempo sin que nadie les auxilie. Es un riesgo laboral importantísimo.
¿Cómo se pueden prevenir este tipo de actos violentos?
La prevención abarca varios aspectos. El médico debe aprender a evitar situaciones conflictivas y cuando se producen, eludir una posible agresión. Por su parte, la Administración o el empleador tienen la obligación de poner los medios necesarios para la defensa y protección del facultativo. En este punto, el diseño de la consulta es relevante, así como las medidas de protección interna y externa con avisadores.
¿Cómo se puede conjugar que haya seguridad en las consultas con el respeto a la confidencialidad del paciente?
El paciente debe estar seguro dentro de la consulta y con el nivel de confidencialidad adecuado, pero en los aledaños del consultorio o los centros de salud sí que se pueden utilizar medios preventivos, como cámaras de seguridad, vigilantes y medidas de seguridad a las autoridades.
