Dr. Andreu Segura: “La competencia de la protección colectiva de la salud comunitaria corresponde desde 1986 a las CC. AA. y administraciones locales”

 

 

Por dos razones. Rendir cuentas es justo y necesario para cualquier institución de ámbito colectivo respecto de la sociedad de la que forma parte. Y aunque se ponga la mejor voluntad siempre es posible mejorar. Nos centramos en tres aspectos que nos parecieron relevantes: la información; la comunicación y el liderazgo. 

 

 

No todas las epidemias ni pandemias me parece que sean evitables. Del mismo modo que no todas las enfermedades son prevenibles. Aunque algunas probablemente sí. Precisamente gracias al análisis crítico de episodios anteriores. 

 

En estos casos, el papel de la Salud Pública –de las tres dimensiones que puede adoptar: la administrativa, como instrumento gubernativo; la profesional, como actividad regular del sistema nacional de salud y la comunitaria– que consiste en contribuir a la promoción y a la protección colectiva de la salud de las comunidades. 

 

Una contribución que abarca también el papel que se debe jugar frente a un problema colectivo de salud, como una epidemia o una pandemia.  En este caso, la salud pública debería ser capaz de

 

1) valorar –todo lo objetivamente posible– el impacto directo (presente y a medio plazo) del problema mediante la vigilancia y monitorización de las variables relevantes  2) comunicar –lo más comprensiblemente posible– a la población el significado de los indicadores epidemiológicos, respetando unas normas deontológicas mínimas, que limiten la influencia indeseable de sesgos y 3) contribuir –activamente– a la respuesta de la sociedad para controlar el problema:  valorando la proporcionalidad, la efectividad y la equidad de las medidas a adoptar; explicando comprensiblemente las razones que las justifican y contribuyendo a su evaluación.  

 

 

Obviamente se trata de variables que favorecen la aparición y la propagación de agentes etiológicos de epidemias y pandemias, aunque estos problemas se vienen produciendo desde la antigüedad. Es decir que sin globalización y sin cambios climáticos también pueden aparecer. Argumento que no se contrapone a la necesidad de tratar de controlar ambas situaciones. Sobre todo, la parte del cambio climático que depende del comportamiento humano.  

 

 

La protección colectiva de la salud comunitaria es competencia, desde la promulgación de la Ley General de Sanidad del 1986, de las comunidades autónomas y la administración local. 

 

La vigilancia y el control de las enfermedades epidémicas es competencia de los órganos correspondientes de las administraciones responsables.  Que, en general, son los servicios de vigilancia de las direcciones generales –o equivalentes– de las administraciones autonómicas. Algunos ayuntamientos, particularmente los grandes y los decididos –también desarrollan estas funciones en las que participan –de un modo u otro– todos los recursos sanitarios del país.

 

La administración general del estado dispone de un centro de alertas y emergencias –adscrito a la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad– y del Instituto de Salud Carlos III al que pertenece el centro nacional de epidemiologia. 

 

 

Oficialmente solo existe la especialidad médica de medicina preventiva y salud pública, titulación que se obtiene actualmente al superar el programa oficial de cuatro años que forma parte del programa MIR 

Una titulación que solo se exige en los servicios de medicina preventiva de los hospitales públicos. En cambio, las administraciones responsables no acostumbran a exigirla. Quizás también porque ni farmacia, ni veterinaria, profesiones que tradicionalmente, junto con medicina y enfermería, completaban las plantillas de funcionarios sanitarios locales, tienen acceso a esa especialidad. Y todavía menos otros titulados cuyo papel en la salud pública es del todo pertinente. Y todo eso, a pesar de que la naturaleza de la salud pública es multidisciplinaria.    

 

 

Como salubrista con cuarenta años de dedicación estoy convencido que no. Claro que soy arte y parte. De modo que convendría que la pregunta la respondiera también la ciudadanía. Aunque como igual que de Santa Bárbara, de la Salud Pública nos acordamos solo cuando truena, por lo que tal vez no sea factible. En tiempos de tormenta Santa Bárbara era imprescindible, en tiempo de pandemia lo es la Salud Pública, pero en cuanto aclara nos olvidamos de una y de la otra.    

 

 

Dadas las circunstancias era difícil que pudiera jugar un papel más decisivo y más pertinente.  La precariedad de sus recursos y la hegemonía de profesiones más sofisticadas no ayuda. Tengo la impresión que los esfuerzos –que buena parte del personal ha dedicado– no han sido –en muchos casos– suficientemente aprovechados. 

 

 

Según puede verse en el post del blog de Gaceta los sistemas de información y vigilancia en salud pública deberían dotarse de manera adecuada y promover la intersectorialidad de tal manera que se optimice la recogida de datos y su análisis, así como la comunicación de los resultados tanto al sistema sanitario, para la racionalización en la priorización de actividades, como a otras administraciones públicas, responsables de la ejecución de las políticas de protección y promoción de la salud comunitaria.

 

La comunicación durante una situación epidémica es fundamental para transmitir a la población general, a los medios de comunicación y a los distintos profesionales la importancia del problema con la suficiente credibilidad y veracidad, persiguiendo así que las medidas que se adopten sean más eficientes, equitativas y seguras. Para ello, es necesario intervenir tanto en la elaboración del mensaje, como en su emisión adaptada al interlocutor y en la evaluación del efecto obtenido.

 

En lo que respecta al liderazgo, la institución gestora debería disponer de un mapa lo más preciso posible sobre los agentes relevantes en la toma de decisiones de prevención y control, diseñando una estrategia de respuesta coordinada que fomente la participación de la ciudadanía y en la que los aspectos técnicos estén definidos de antemano y claramente separados de los criterios políticos. Para ello, habría que reformar el Consejo Interterritorial de Salud en lo que a la vinculación y el compromiso de los acuerdos adoptados se refiere e impulsar la creación y el desarrollo de la Agencia Estatal de Salud Pública.