Dos de cada tres quejas en el ámbito de la Sanidad presentadas ante el Defensor del Pueblo en 2015 se refieren a la atención especializada, la mayoría se corresponden a demoras en la prestación sanitaria, según desvela el último informe de esta entidad presentado en el Congreso de los Diputados. El informe manifiesta un elevado número de quejas de pacientes que deben esperar muchos meses, e incluso años, para recibir tratamiento especializado, lo que subyace que la demora en obtener la asistencia sigue siendo la principal causa de insatisfacción de los ciudadanos con la sanidad pública
La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, entregó ayer el Informe Anual de la Institución al presidente del Congreso de los Diputados, Patxi López, y al de la Comisión Mixta para las relaciones con el Defensor del Pueblo, Joseba Agirretxea.
Según refleja el informe la Oficina del Defensor del Pueblo tramitó en 2015 un total de 1.465 quejas sobre temas relacionados con la sanidad, lo que supone el doble de las recibidas el año pasado (743). De ellas, 2 de cada 3 han sido referidas a la Atención Especializada.
“Las quejas en materia sanitaria no son iguales en todas las comunidades autónomas y tampoco todos los centros”, recordó en la rueda de prensa la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, quien destacó que las quejas “fueron muy altas a principio de 2015”.
El resto de las quejas y actuaciones se aglutinan en torno a la atención farmacéutica y medicamentos (7,35%) y, en porcentajes menores, a la seguridad de los pacientes, las cuestiones de salud pública, el derecho a la asistencia sanitaria, los derechos de los usuarios y los problemas relacionados con el tratamiento de la salud mental.
Para el organismo, “la preocupación mayor son retrasos en la fijación de citas para intervenciones importantes, sobre todo quirúrgicas”. No obstante, “sí observamos que tras tener tras la denuncia hay una actuación, se aceleran los tiempos y las citas”, ha advertido.
Concretamente, en la Atención Especializada las quejas se han concentrado en tres colectivos y se han realizado con tramitación agrupada. Por orden, se han formulado quejas relativas al acompañamiento y actuación de las ‘doulas’; a la disconformidad con un proyecto de real decreto referido a las atribuciones de los podólogos; y a problemas derivados de la rescisión del Convenio para la atención del Servicio de Logopedia en el Área del Hospital de Getafe (Madrid).
En este caso se muestra un alto porcentaje de no admisión de las quejas, derivado del hecho de que el colectivo más numeroso planteaba cuestiones tales como que se censurara al Consejo General de Enfermería por emitir un informe que cuestionaba la capacitación de las ‘doulas’ para realizar tareas que estiman que deben llevar a cabo matronas o profesionales sanitarios.
El Defensor del Pueblo informó a las personas interesadas que dicho pronunciamiento no resultaba posible, pues suponía coartar la libertad de difundir libremente opiniones de la que goza dicha corporación y quienes la integran.
El número de actuaciones de oficio iniciadas en este período han sido 43, muy por encima de las 19 abiertas el pasado año. Por otro lado, las materias relacionadas con el derecho a la salud han dado lugar a 129 recomendaciones. Respecto de las admisiones a trámite, los porcentajes varían de forma significativa en función del ámbito que se examine. El mayor, que supera el 57 por ciento, está referido a las quejas sobre derecho a la asistencia sanitaria, muy vinculadas a cuestiones de extranjería y a desplazamientos entre CCAA.
Otras quejas han sido sobre derechos de información y documentación; la prestación farmacéutica -financiación pública de medicamentos y al copago- y, con menor intensidad, sobre otros derechos de los usuarios y con la seguridad de los pacientes.
La distribución de las admisiones de las quejas por organismos está bastante repartida, salvo en atención especializada, en que se aprecia una concentración relevante de expedientes con organismos de las comunidades autónomas de Madrid, Castilla-La Mancha, Cataluña y Galicia, y en atención farmacéutica y medicamentos, donde casi un tercio de las actuaciones admitidas afectan a la comunidad de Madrid y una quinta parte a organismos estatales.
Al respecto, el informe señala que “la agilidad en la respuesta por parte de los organismos responsables puede calificarse de globalmente adecuada”. El porcentaje de actuaciones en los que hay que emitir un primer requerimiento no llega al 25 por ciento y la emisión de segundos requerimientos no supera el 10 por ciento de las tramitaciones. Los terceros requerimientos pueden considerarse inusuales, dado que en 2015 se emitieron siete, todos han sido respondidos.
En cuanto a los resultados obtenidos con las actuaciones tramitadas, en lo que se refiere a la atención especializada, en el 66,42 por ciento de los expedientes concluidos en 2015, se observó la existencia de una actuación inicial irregular que fue corregida por la Administración. A ello hay que unir que en otro 9 por ciento las Administraciones concernidas actuaron correctamente, pero solo tras la intervención del Defensor del Pueblo.
Atención a inmigrantes, listas de espera
Nuevamente estudian quejas sobres la atención de inmigrantes sin autorización de residencia en España, en estos casos recuerda que “el derecho a la protección a la salud debería amparar a toda persona, con independencia de su situación administrativa”. Destaca la recomendación a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid para suprimir tal práctica de emitir facturas a estos pacientes, que fue aceptada y la recomendación dirigida al Ministerio de Defensa para suprimir las emitidas por la atención en el Servicio de Urgencias del Hospital Central Gómez Ulla y que no ha sido acogida.
Un elevado número de quejas son referentes a demoras en la prestación sanitaria que pone de manifiesto la existencia de un elevado número de pacientes que deben esperar no pocos meses, e incluso años, para recibir tratamiento especializado. En estas quejas subyace que la demora en obtener la asistencia sigue siendo la principal causa de insatisfacción de los ciudadanos con la sanidad pública. Así denuncia espera quirúrgicas superiores a los 10 meses – incluso los más de tres años y medio para la realización de una cirugía bariátrica en el Hospital Doctor Negrín de Las Palmas de Gran Canaria.
En este caso afirma que el hecho de que los pacientes rechacen la opción de ser intervenidos en un centro alternativo concertado, “no puede justificar, a criterio de las instituciones sanitarias de las comunidades autónomas, que permanezcan durante amplios períodos de tiempo en espera de la realización de los procedimientos programados”.
Por otro lado, la estructura, organización y funcionamiento de los centros de atención especializada han dado lugar, un año más, a un elevado número de quejas y de actuaciones de oficio, sobre aspectos dispares y no fácilmente sistematizables. A modo ilustrativo, se detalla problemas en la asistencia en cuidados paliativos, la implantación de la ‘Estrategia en Ictus del Sistema Nacional de Salud’, o problemas en la derivación de pacientes a centros nacionales de referencia en determinadas patologías.
Compensación entre CCAA
El Defensor recuerda que es necesario que se publique el gasto del Fondo de Garantía Asistencial, cuya finalidad es la de facilitar la compensación entre comunidades autónomas por la atención a pacientes otras regiones, ya sean desplazados temporalmente o residentes en zonas limítrofes.
La efectividad de este Fondo está aún pendiente de la publicación de la disposición reglamentaria que determine el importe a liquidar a cada servicio de salud. “El retraso de esta publicación puede condicionar la adopción de acuerdos entre comunidades autónomas con relación a la movilidad de los pacientes en la sanidad pública”, afirma.
Servicios hospitalarios de urgencia
Por lo que concierne a los servicios hospitalarios de urgencia, las quejas planteadas siguen incidiendo en situaciones de saturación de estos servicios y, como consecuencia de ello, en la vulneración de la intimidad y dignidad de los pacientes; las dificultades de acceso de los usuarios a nuevas vacunas también ha sido objeto de algunas de las quejas tramitadas en 2015; con cierta regularidad, y más frecuentemente durante los períodos vacacionales, se reciben quejas sobre problemas para la dispensación de medicamentos.
El copago farmacéutico continúa siendo objeto de un número destacado de quejas de aquellos ciudadanos que se ven perjudicados por las carencias o deficiencias del mismo; además, continúan recibiéndose quejas de pacientes con hepatitis C cuyo grado de desarrollo de la enfermedad aún no alcanza el previsto en la estrategia de priorización; y continúan recibiéndose quejas por un funcionamiento defectuoso del servicio de transporte sanitario no urgente, referidas al ámbito de la Comunidad de Madrid.
(Se adjunta el Informe Anual)