Doctores Ares Camerino y Ortega Marlasca: “Otras maneras de trabajar”

 

Ello suponía incorporar a nuestra legislación el mandato de la Directiva Europea 89/391/CEE relativa a la aplicación de las medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud  de los trabajadores en el trabajo, así como Directivas relativas a la protección de la maternidad y de los jóvenes y al tratamiento de las relaciones de trabajos temporales, de duración determinada y en empresas de trabajo temporal.

 

Su extenso articulado habla de los derechos de los trabajadores a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo (art. 14), de la obligación del empresario de garantizar dicha seguridad y salud (art. 14), de la obligación del uso de los Equipos de Protección Individual (EPI) y medidas de protección colectivas (art. 17), del derecho del trabajador a tener una vigilancia de la salud adecuada a los riesgos a los que se encuentran expuestos (art. 22), de las obligaciones de los fabricantes, importadores y suministradores de EPI (art. 41), así como el derecho de la persona trabajadora a interrumpir su trabajo en caso de peligro grave, inminente e inevitable (art. 21).

 

Posteriormente se produjo un extenso desarrollo normativo que venía a desarrollar dicha Ley. Entre ellos el Real Decreto 664/1997, referido a la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. En el mismo se clasifican los agentes biológicos según la gravedad de la enfermedad que puedan producir al ser humano, la probabilidad de propagación a la colectividad y la existencia de profilaxis o tratamiento eficaz (art. 3) y se establecen cuatro categorías. El Grupo de los Coronaviridae los incluye en el Grupo 2 “aquel que puede causar una enfermedad en el hombre y puede suponer un peligro para los trabajadores, siendo poco probable que se propague a la colectividad y existiendo generalmente profilaxis o tratamiento eficaz”. En el mismo se recoge la obligación del empresario de dotar a lo trabajadores de los medios necesarios para evitar la exposición al riesgo, colectivos y EPI (art. 6), así como las medidas higiénicas que se deben garantizar a todos los trabajadores (art. 7), igualmente recoge la obligación del empresario de notificar la exposición a los agentes biológicos a la Autoridad  Laboral con una antelación mínima de treinta días al inicio de los trabajos que conlleven la exposición (art. 10).

 

El RD 773/97 relativo a la utilización de los equipos de protección individual (EPI), indica que estos deben: Responder a las condiciones de trabajo, tener en cuenta las condiciones anatómicas, fisiológicas y de salud del trabajador y adecuarse al usuario con los ajustes necesarios. La necesidad de su uso se debe tener en cuenta aspectos como la elección y adquisición del equipo adecuado. Los EPI serán de uso individual y se supervisará su distribución y uso. Igualmente se establecerán normas para su uso, limpieza, mantenimiento y almacenamiento.

 

En el año 2006 se aprueba en nuevo Cuadro de Enfermedades Profesionales en el Sistema de la Seguridad Social y se establecen los criterios para su notificación y registro. En su Anexo I aparece en el Grupo 3 las Enfermedades Profesionales causadas por agentes biológicos, (Agente A, Subagente 01). Enfermedades infecciosas causadas por el trabajo de las personas que se ocupan de la prevención, asistencia médica y actividades en las que se ha probado in riesgo de infección. 

 

En marzo de 2016 se aprueba el Reglamento 2016/425 relativo a los EPI. En el mismo se dictan normas sobre su comercialización, utilización, protección de la salud y seguridad. Al igual que las obligaciones de fabricantes, representantes autorizados, importadores, distribuidores, identificación de los agentes económicos, reglas de marcado CE, así como los procedimientos de evaluación de dicha conformidad.

 

El 9 de marzo de 2018 entró en vigor la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público , por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 201/23/UE y 2014/24/UE de 26 de febrero de 2014. Sus objetivos son lograr una mayor trasparencia en la contratación pública y conseguir una mejor relación calidad precio.

 

La declaración de Enfermedades Profesionales (EP), según datos del Ministerio de Inclusión, Trabajo, Seguridad Social y Migración, durante el año 2019 aumentaron un 13,5%, siendo los trastornos músculo esqueléticos con un 85% la EP más frecuente con diferencia. Las EP causadas por agentes biológicos se situaban entorno al 5,8%, según el Estudio Epidemiológico de las Enfermedades Profesionales reconocidas en España de 1990 a 2014. Ello supuso un incremento del 65% en el último año del estudio. Con una razón de incidencia entre sexos de 1,4 a favor de las mujeres. Los últimos datos del Ministerio contabilizan las EP con un 8,11% del total declaradas.

 

Con todo este alarde normativo, que tiene como objetivo garantizar la seguridad y la salud de la población trabajadora, ¿qué ha tenido que ocurrir para que España sea el país con más contagios por el Covid-19 entre el personal sanitario?. El 20% de los infectados pertenece a este colectivo, frente al 10% de Italia y 3% de EE UU (El País 25 abril 2020) . Según datos publicados por el Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades (ECDC). Según el Ministerio los contagios ascienden a 48.000 profesionales sanitarios, entre personal médico, de enfermería y técnico). Por Comunidades, Cataluña, Madrid y Castilla-La Mancha están a la cabeza (Redacción Médica 12 mayo 2020)

 

Probablemente todo este drama tenga que ver con las políticas de recortes, que desde hace años, se llevan realizando en nuestro Sistema Público de Salud, especialmente con lo que a la Atención Primaria de Salud se refiere. Según los datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) el 71 % del gasto sanitario que realiza España proviene de fondos públicos, muy por detrás de Noruega, Luxemburgo, Japón, Dinamarca y Suecia. En el ranking de países ocupamos el puesto número veintidós, por detrás de Alemania, Francia, Italia, Irlanda, y hasta un total de 15 países de la UE. En ese informe, de finales de 2017, puntualiza que España disminuyó en un 5% el gasto en inversión en su Sistema Público de Salud. Nos la prometíamos felices con la eficiencia de nuestro Sistema Público de Salud, alabado por Organismos Internacionales. Esta pandemia ha puesto de manifiesto la cruda realidad. Los excelentes resultados de nuestro Sistema son fruto, única y exclusivamente, de esos miles de profesionales que se entregan sin medida y soportan en sus espaldas todo el peso asistencial. De los peores pagados de Europa y a los que el reconocimiento les ha llegado demasiado tarde. Esos que carecen de las medidas de protección deseables a los riesgos a los que se encuentran expuestos. Los que soportan una precariedad laboral no deseada por nadie. Existen centros hospitalarios con más de un 40% de personal con contratos temporales, incluso de días (El record está en manos de un empleado que en 17 años llegó a firmar 578 contratos). Los aplausos pueden durar lo que el miedo apretó y nos planteamos si volveremos a la escasez y a las penurias en un plazo no muy lejano.

 

La inversión en Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I) ha caído a mínimos históricos, situándonos en el puesto número 17 de la UE. Nuestra media se sitúa en el 1,2% de PIB, frente al 2,07 % de media de los países de la UE, según Eurostat (Gasto I+D+I por país 2007/2018. www.eustat.eus). El estado de Alarma ha provocado el cierre de centros de alta tecnología que podrían haber mitigado de forma eficiente la falta de recursos diagnósticos ante esta pandemia.

 

Se atribuye a Miguel de Unamuno la famosa frase “Qué invente ellos”. La dependencia tecnológica nos hace vulnerables y muy frágiles ante situaciones críticas. No hablamos de tecnología puntera, sino de la simple fabricación de productos y bienes de consumo cotidianos. De mascarillas, guantes, batas, pantallas protectoras y resto de equipos de protección individual, necesarios para poder desarrollar un trabajo con la máxima seguridad para los pacientes y los trabajadores. Ahora sería oportuno decir “Que fabriquen ellos”. ¿No existe en nuestro país suficiente infraestructura ni emprendimiento para que podamos ser autosuficientes? Ello generaría empleo y desarrollo. Pero hemos tenido que comprar todo en “los chinos” y hacer de nuestro país un “macro hotel todo incluido”.

 

La Ley de Contratos de la Administración, lejos de convertirse en una garantía de la relación calidad-precio ha pasado a ser una simple garantía de precio. Su lentitud en trámites truculentos la hacen muchas veces ineficaz cunado las necesidades apremian. Siempre el más barato. Las dudas sobre las compras realizadas por las diferentes administraciones sanitarias son más que evidentes. 

 

Esta nueva normalidad a la que nos vamos a enfrentar puede ser una oportunidad única para reformar de manera integral nuestro tan manido estado del bienestar. Nuestro Sistema Público de Salud, nuestro Sistema Socio-Sanitario, sobre todo la atención a nuestros mayores, y La Ley de Dependencia, merecen reformas estructurales que los hagan verdaderamente eficientes y den respuestas a las necesidades reales de la población. Si bien esta caótica crisis nos ha cogido a todos desprevenidos no es menos verdad que las respuestas no han sido del todo las que hubiésemos necesitado para mitigarla con solvencia.

El Dr Rafael Bañares, Jefe del Servicio de Digestivo del Hospital General Gregorio Marañón, escribía en El País un artículo titulado “Las otras esferas de la pandemia” (El País 28 abril 2020). La más profunda del SARS-Cov-2 ha conseguido penetrar en la vida de cada médico, ya no basta con sacrificarse en la atención, sino que se puede morir en el intento. La intermedia es la profesión médica, nunca lo suficientemente valorada, ni por la clase política ni por la propia ciudadanía. Y la más externa, la que compete a la sociedad en su conjunto. Con la que la relación médico-paciente precisa de unas nuevas maneras.

 

Se precisa urgentemente de un aumento del PIB destinado a la financiación de nuestro Sistema Público de Salud.

 

Se necesita con premura de un aumento considerable de inversiones en I+D+I, fomentado la transferencia público-privada. Promover una Ley de Mecenazgo que potencie y consolide el papel de Fundaciones y Entidades sin ánimo de lucro, como una de las claves para el desarrollo económico y la colaboración social.

 

Es obligatorio cambiar las políticas de Recursos Humanos de nuestro Sistema Público de Salud, evitando la precariedad laboral con criterios de contratación operativos y de rápida actualización de los datos coordinados con los deseos puntuales de los profesionales. la actual tecnología lo permite y los profesionales lo demandan a diario. Establecer un sistema de retribuciones con sueldos dignos y acordes con la excelente cualificación,  profesionalidad de los mismos y la vinculación tangible real de su actividad diaria en su vertiente asistencial, docente e investigadora, contando siempre con el apoyo de la administración.

Incrementar la dotación de medios de protección de alta calidad al personal para poder realizar el trabajo en condiciones óptimas de seguridad, salud y bienestar personal y profesional. 

 

Supervisar la extensa normativa, de obligado cumplimiento, en materia de seguridad y salud en el trabajo. Empoderar a los Comités de Seguridad y Salud en el Trabajo del protagonismo real que les otorga la normativa en cuanto a garantizar la salud de la población trabajadora, así como la obligación de todos sus integrantes de ser transmisores de la obligación del cumplimiento de la normativa vigente en todas sus actuaciones en las visitas en los puestos de trabajo y ser los ejemplos en su cumplimiento con formas y modos correctos al desempeño de sus funciones. 

Establecer cambios en las políticas educativas universitarias que se anticipen a las necesidades reales de profesionales sanitarios y socio sanitarios a medio y largo plazo.

 

Incentivar la formación continuada de nuestros profesionales sanitarios y socio sanitarios de forma real y accesible en la jornada laboral.

 

Impulsar la Educación para la Salud entre la población, estimulando su emponderamiento y promoviendo el uso responsable de los recursos sanitarios disponibles, así como la toma de medidas que sean de obligado cumplimiento para todos los ciudadanos, especialmente en tiempos de pandemia como los que nos ha tocado vivir.

 

Ya hemos podido comprobar de primera mano que hemos tenido a nuestro alcance otras formas asistenciales de alto poder resolutivo como han sido la asistencia telefónica, la videoconferencia y la notificación telemática o por correo electrónico. No hacía falta tanto desplazamiento a los centros sanitarios ni saturar los servicios de urgencias. Aprendamos y dejemos bien gravada en nuestra memoria esta experiencia, pues nos hemos podido dar cuenta que nuestro buen juicio y los autocuidados combinados con una ocasional llamada telefónica nos ha reforzado a todos como personas en una situación hostil, de la que podremos sacar mayor provecho cuando regresemos a la normalidad. Si bien iremos a otra “situación de normalidad”. No seremos los mismos, ni estaremos los mismos…

 

Los profesionales que han velado para que nuestro confinamiento sea seguro, y sobre todo aquellos que han estado en primera línea, han estado a la altura. La ciudadanía ha sabido comportarse, aceptando sin reparos las instrucciones que se le han dado para garantizar que la pandemia no se extendiera más allá del caos. Ahora le toca a nuestra clase política saber gestionar con acierto este desconcierto. Entre muchas de sus tareas estará impulsar, sobre todo el sector sanitario y socio-sanitario, “Otras maneras de trabajar”.