Veinte días de multa con una cuota de seis euros diarios (120 euros total) es la condena que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Zamora ha impuesto a una paciente y a su acompañante por una falta continuada de amenazas a 3 médicos de Urgencias a quienes insultaron y amenazaron con “rajarlos” con un bisturí
Madrid, 16 de julio 2015 (medicosypacientes.com)
Veinte días de multa con una cuota de seis euros diarios (120? total) es la condena que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Zamora ha impuesto a una paciente y a su acompañante por una falta continuada de amenazas a 3 médicos de Urgencias a quienes insultaron y amenazaron con “rajarlos” con un bisturí.
Los hechos se produjeron en enero de este año en el Hospital Virgen de la Concha de Zamora, donde los denunciados acudieron a Urgencias. La paciente, que manifestó sentir dolores, solicitó que se le suministrase morfina. La doctora que la atendió consideró más adecuado otro analgésico, ante lo cual, la paciente comenzó a insultarla, llamándola “puta” y “gorda de mierda”, entre otros improperios.
Los hechos se repitieron cuando cambió el turno del Servicio de Urgencias y la paciente fue atendida por otro doctor, con insultos de la paciente y de su acompañante, y amenazas de “rajarlos” con un bisturí tanto a la primera doctora que atendió a la paciente como a otros 2 facultativos de Urgencias. Los denunciados expusieron sus quejas por “disconformidad por la atención prestada” en el Servicio de Atención al Paciente, donde ante las reiteradas amenazas de muerte a todos los doctores, tuvo que acudir la Policía Nacional y el personal de seguridad del Hospital.
La entrada en vigor este mismo mes de julio de la Ley Orgánica del Código Penal que contempla las agresiones a sanitarios como delito de atentado contra la autoridad para los médicos funcionarios y conlleva hasta cuatro años de cárcel, ha sido el logro más importante en la lucha contra las agresiones, pero esta reforma no contempla como delito las amenazas, injurias, vejaciones y coacciones, lo cual supone para la OMC la “gratuidad del insulto y las amenazas al médico”, como lo demuestran ejemplos de sentencias como esta, fallada antes de la entrada en vigor de la nueva Ley- en la que, por 120 ?, un paciente y su familiar pueden amenazar de muerte a un médico.
A ello se suma la gran variabilidad en la falta de unificación de criterios por parte de los órganos judiciales a la hora de tipificar las agresiones, como lo reflejan las sentencias contra agresiones de 2014 analizadas por el Observatorio Nacional de Agresiones de la Organización Médica Colegial (OMC), de las cuales, la mayoría, el 59%, fueron consideradas como faltas (lesiones, daños, maltrato, orden público, amenazas, vejaciones e injurias), mientras que el 41% de las agresiones fueron calificadas como delitos (atentado, lesiones, amenazas, abuso sexual y alteración del orden público).
Las agresiones a médicos son un tema sobre el que la OMC y los 52 colegios de médicos de toda España llevan trabajando desde 2009, a raíz de la muerte de la Dra. María Eugenia Moreno, una residente de 34 años que fue asesinada por un paciente cuando se encontraba trabajando en el centro de salud de Moratalla (Murcia). Se creó entonces el Observatorio Nacional de Agresiones que recoge las agresiones denunciadas a través de las corporaciones médicas, con un computo total en los últimos cinco años de 2.058 agresiones que incluyen lesiones, amenazas, coacciones, maltrato, hurto, injurias y/o vejaciones.
La concienciación a los profesionales que trabajan en el entorno de los servicios de salud, la cooperación con las Administraciones públicas -Ministerio de Sanidad, Consejerías de Salud de las Comunidades Autónomas, Ministerio de Justicia, Fiscal General del Estado, Fiscalías y Cuerpos de Seguridad del Estado – y la sensibilización de la sociedad en general ante este grave problema, ha sido de gran ayuda para abordar esta lacra, que requiere de la unidad de todos.
Por ello, el Observatorio Nacional de Agresiones de la OMC se sigue trabajando para que las agresiones a sanitarios sean consideradas como violencia social, contemplando la consideración de delito contra la autoridad tanto si se producen en el ámbito público como en el privado y para que sean penadas con los mismos criterios en todas las CCAA.
Las acciones del Observatorio están encaminadas, en primer lugar, a evitar en la medida de lo posible estas agresiones que, además de repercutir gravemente en la salud y en la calidad de vida del profesional agredido, afecta de forma sustancial a la actividad sanitaria, uno de los pilares básicos de nuestra sociedad del bienestar.
Por ello, ha auspiciado los convenios firmados con Fiscalías y Administraciones autonómicas en diversas comunidades autónomas que han servido, sin duda, para avanzar en procedimientos judiciales rápidos, expeditivos y ejemplarizantes, en los que la consideración como delito de atentado contra la autoridad pública fue esencial cuando lo reconoció por primera vez, en 2007, una sentencia del Tribunal Supremo.
