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Cantabria aprueba una OPE de personal médico con 176 plazas

El Gobierno de Cantabria aprobó en su reunión semanal la oferta pública de empleo (OPE) de personal estatutario de instituciones sanitarias, dotada con 280 plazas, el máximo permitido conforme al límite legal establecido en la tasa de reposición de efectivos impuesta por el Gobierno de España. Del total, 176 plazas corresponden a personal facultativo, 80 a enfermería y 24 a celadores

Se aprobó la Oferta de Empleo Público de Personal Estatutario de Instituciones Sanitarias, con un total de 280 plazas, de las cuales 15 serán para promoción interna y 20 para personas con discapacidad.

Del total, 176 plazas son de personal sanitario de las especialidades de Alergología (2), Anatomía Patológica (6), Anestesiología y Reanimación (22), Aparato Digestivo (10), Cardiología (14), Cirugía General (9), Cirugía Ortopédica y Traumatología (14), Hematología y Hemoterapia (9), Medicina Intensiva (6), Medicina Interna (11), Neurocirugía (3), Neurofisiología Clínica (2), Neurología (5), Obstetricia y Ginecología (16), Oftalmología (10) Oncología Médica (4), Oncología Radioterápica (2), Otorrinolaringología (2), Psiquiatría (10), Radiodiagnóstico (17) y Reumatología (2). También están previstas 80 plazas de Enfermería y 24 de celadores.

Las plazas incluidas en la convocatoria son el límite legal permitido por la tasa de reposición que la consejera de Sanidad, María Luisa Real, ha solicitado eliminar en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y en diversos foros públicos al entender que sólo de esa manera se podrían cubrir la totalidad de las plazas vacantes en todas las categorías del Servicio de Salud.

El objetivo de la convocatoria aprobada es cubrir las necesidades prioritarias derivadas de la demanda asistencial.

La Consejería ya está trabajando en una nueva OPE para 2017, con la que pretende recuperar los derechos que los profesionales sanitarios han perdido en los últimos años y acabar con la interinidad, «siempre que la tasa de reposición que impone el Gobierno central y la disponibilidad presupuestaria lo permitan».

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