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AVITE se opone al RD que regula las indemnizaciones de la talidomida por “discriminatorio”

La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social informó en el Consejo Interterritorial a los consejeros del Proyecto del Real Decreto por el que se regula el procedimiento de concesión de ayudas a las personas afectadas por la Talidomida en España durante el periodo 1950-1985. Ignacio Martínez, abogado de la Asociación de Víctimas de la Talidomida en España (AVITE), detalló a esta publicación que este proyecto “no respeta el principio de igualdad al no contemplar la exención fiscal, lo que supondría perder más de la mitad de las indemnizaciones pensadas para responder a situaciones extremas de los afectados”

El jurista explicó el profundo malestar que existe en la asociación y manifestó que “nos oponemos frontalmente al proyecto de Real Decreto, que esperemos que no se apruebe, entre otras cosas, por falta de tiempo”. El Real Decreto amplía el periodo inicial de reconocimiento a las personas afectadas por la sustancia activa “talidomida” establecido entre los años 1960-1965.  Además, actualiza las cuantías de las ayudas previstas en el año 2010, dado el periodo transcurrido desde entonces, a quienes durante el periodo 1950-1985 sufrieron malformaciones corporales durante el proceso de gestación, compatibles con las descritas para la talidomida.

El importe de la ayuda a percibir será el resultado de multiplicar doce mil euros por cada uno de los puntos porcentuales de discapacidad reconocida a la persona afectada, compatibles con las descritas para la talidomida, por los organismos competentes, a la fecha de presentación de la solicitud de la ayuda.

Sin embargo, el Gobierno no concederá la exención fiscal a las ayudas de los afectados por la talidomida, una reivindicación histórica de las asociaciones de afectados, según confirmó la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, este lunes tras el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS). Carcedo reconoció que esta es la petición del colectivo de afectados por la talidomida, “pero no es posible”, añadió. 

Martínez argumentó que “no es de recibo un trato discriminatorio con respecto, no ya a nuestros homólogos europeos, sino incluso a españoles afectados por otros males, como los indemnizados a consecuencia de responsabilidad civil por daños personales, los infectados por VIH o las víctimas de actos terroristas». El abogado señaló que “se llega 60 años tarde a un daño que hemos acreditado que el Estado ha sido corresponsable y ahora pretende quitar la mitad a los afectados por impuestos”. 

También lamentó que el RD tampoco incluya enfermedades derivadas de la talidomida, “como por ejemplo la escoliosis propiciada por la asimetría corporal, entre otras, de tal manera que la indemnización es menor de la que debería”. Además, Martínez indicó que las ayudas según la normativa “deberían ser complementarias a las ya recibidas, pero este nuevo texto propone que se reste a las cantidades percibidas, algo que va en contra de la propia ley”.

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