La consejera de Salud de Baleares, Patricia Gómez, se comprometió a poner en marcha una mesa técnica para estudiar la situación del traspaso de competencias de sanidad penitenciaria al IB Salut tras una reunión reciente entre Administraciones y profesionales sanitarios
El pasado 24 de enero se celebró una reunión en la Delegación del gobierno en Palma de Mallorca a la que asistió la coordinadora de Sanidad Penitenciaria de la Vocalía de Médicos de Administraciones Públicas de la OMC, Dra. Carmen Hoyos, además de la presidenta del Colegio de Médicos de Baleares, Manuela García, y la vocal provincial de Médicos de Admón Públicas, Dra. Nieves Monroy. También estuvo presente la delegada del Gobierno en Baleares, Rosario Sánchez, la consejera de Sanidad, Patricia Gómez, además del subdirector médico de la prisión de Palma de Mallorca.
Se abordó la transferencia de la Sanidad Penitenciaria a Baleares, en cumplimiento de la Ley de Cohesión y Calidad del SNS. Dicha normativa, en su disposición adicional sexta asegura que: “Los servicios sanitarios dependientes de Instituciones Penitenciarias serán transferidos a las Comunidades Autónomas para su plena integración en los servicios autonómicos de salud”.
“Esta disposición daba 18 meses para realizar la transferencia y sin embargo 15 años después aún no se han transferido”, lamentó la Dra. Hoyos quien defendió que el tema económico “no debe suponer una limitación para la transferencia de esta materia.
Baleares dispone actualmente de cuatro centros penitenciarios con 1.588 interno, de los cuales 516 son extranjeros y no están dotados de tarjeta sanitaria, según datos aportados por la representante de la Vocalía de Médicos de Admón. Pública.
En la reunión se analizó la situación actual de la asistencia sanitaria que se presta a los internos y los problemas actuales de RR.HH. y retributivos que soporta el personal médico de las prisiones. Una problemática, según la Dra. Hoyos, que “afecta a todo el sistema, puesto que médicos ajenos a la institución penitenciaria se están viendo obligados a prestar asistencia a los reclusos debido a la escasez de personal, sin que forme parte de sus competencias, con la correspondiente carga de servicios además de las dificultades técnicas que supone atender a este tipo de pacientes”.
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