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La coordinadora de Sanidad penitenciaria de la OMC pide en Andalucía el cumplimiento legislativo de las transferencias

La coordinadora de Sanidad penitenciaria de la Organización Médica Colegial, la Dra. Carmen Hoyos, se reunió recientemente con la Viceconsejería de Salud de la Junta de Andalucía y con todos los portavoces de los Grupos Parlamentarios a los que trasladó la preocupación existente por el incumplimiento legislativo de las transferencias en materia de Sanidad Penitenciaria

En estos encuentros estuvieron presentes, además de la Dra. Hoyos, el vocal de Médicos de Admón. Públicas del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, Dr. Luis Enrique Ramos, la Dra. Inmaculada Faraco, en representación de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria (SESP) y Dr. José Veirás Vicente secretario general del Sindicato Profesional de Sanidad Penitenciaria (SPSP) junto a Natasha Todic Ljobiac representante autonómica de dicho sindicato y Marian Perez-Bernal en representación de la Asociación Proderechos Humanos de Andalucía (APDHA).

 
En declaraciones a “MedicosyPacientes”, la Dra. Hoyos ha explicado que se les ha trasladado la preocupación de la profesión médica por el incumplimiento legislativo y sus consecuencias desde nuestro prisma asistencial”. Además,  -ha añadido- “se les intentó demostrar la ineficacia en los resultados de los convenios establecidos hasta los últimos tiempos, y en estos momentos suspendidos, entre Administración Penitenciaria y CCAA”.
 
Como ha recordado la Dra. Hoyos, el pasado mes de junio se debatió en la Comisión de Sanidad de la Asamblea de Andalucía una proposición no de ley, a instancia del Grupo Socialista, que fue aprobada por todos los grupos parlamentarios por la que se instaba al Gobierno Central a que se abonara la deuda contraída con esta Comunidad Autónoma que asciende desde enero del 2014 a mayo del 2016 a un total de 4642611 euros como consecuencia del gasto generado por la Sanidad Penitenciaria en el Servicio Andaluz de Salud. 
 
Junto a ello se solicitaba la transferencia de la Sanidad Penitenciaria a esta comunidad autónoma como ordena la Ley General de Sanidad de 1986 y la Ley de Cohesión y Calidad del SNS.
 
Desde la OMC, subraya su responsable de Sanidad Penitenciaria, “no paramos en el empeño de que se cumpla la mencionada legislación que está ocasionando graves perjuicios en la asistencia de la población penitenciaria y en las condiciones laborales y profesionales de los sanitarios encargados de su atención”.
 
En este sentido, la Dra. Hoyos ha instado a que “se cumpla de una vez por todas la legislación al respecto y se creen las comisiones interministeriales que pongan en marcha el proceso transferencial”. 
 
 
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