Lunes, 22 Julio 2019

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Fernando Magro: "Consumo de medicamentos en el Sistema Nacional de Salud (2010-2013)"

El autor de este trabajo, Fernando Magro, ofrece una pormenorizada revisión sobre la evolución del consumo de medicamentos en el ámbito del Sistema Nacional de Salud (SNS) entre los años 2010 y 2013, ilustrado con gráficos que contienen datos de interés

01/04/2014 medicosypacientes.com

 

Madrid, 2 de abril 2014 (medicosypacientes.com)

Una de las partidas más importantes del total del gasto del SNS lo representa el gasto farmacéutico. Es el segundo detrás, lógicamente, del gasto en personal.

Pero  a pesar de tratarse de un servicio público muy consolidado las cifras reales del SNS son dispersas, confusas y de difícil conciliación en función de la fuente que se consulte.

El problema se debe fundamentalmente al sistema de financiación y de presupuestación, especialmente de este último. Seguramente por la cultura procedente del INP primero y del INSALUD después, en que la sanidad pública formaba parte del conjunto de prestaciones sociales financiadas con las cuotas de la seguridad social casi en su totalidad y, por tanto, compartía prepuesto inicial con las pensiones contributivas, el desempleo y parte de otras prestaciones sociales, a la vez que no era la primera prioridad que correspondía al pago puntual de las pensiones. De ahí que el presupuesto asignado a la sanidad pública era "residual" y ello significaba que su previsión inicial era solo una aproximación condicionada a la evolución de la recaudación por una parte y del gasto en pensiones, por la otra. El resultado era que el gasto final real podía desviarse de las previsiones iniciales de forma importante y sobre todo, de que en momentos de ajuste, acumulaba desfases entre el gasto comprometido y el realmente atendido, lo que en la práctica se resolvía o con créditos extraordinarios, en pocas ocasiones, o más habitualmente lo financiaban involuntariamente los proveedores al ir acumulando retrasos en los cobros de los bienes y servicios aportados al sistema.

El proceso de transferencias a las CCAA se produjo de forma no programada respondiendo a demandas fundamentalmente políticas. Comenzó tempranamente por Cataluña, a la que se unió Andalucía y prosiguió con la Comunidad Valenciana, Canarias y  País Vasco, hasta que en 2002 se produjo la transferencia a todas la CCAA.  Desde 1985 con la aprobación de la Ley General de Sanidad que crea el SNS este debería haberse financiado directa e íntegramente por los presupuestos generales del Estado, pero no fue así hasta 2002, con lo que para muchos efectos presupuestaros se mantuvo la sanidad pública como una prestación de la seguridad social y por ello la universalidad tenía un cierto carácter virtual. El mecanismo de financiación era simple. Proporcional al número de "cartillas", que se aproximaba al porcentaje de población, con relación al presupuesto total del INSALUD. Como históricamente este presupuesto presentaba habituales desfase entre el presupuesto inicial y el gasto real ejecutado, también se transfería proporcionalmente este desfase a las distintas CCAA. Como financiar ese desfase empezó  a ser una responsabilidad de dichas CCAA que lo abordaron de distintas formas. Cuando el problema se hacía poco soportable se demandaba una "derrama" excepcional al Estado que se repartía de nuevo proporcionalmente y así hasta la próxima emergencia o coyuntura política excepcional.

El hecho es que desde 2002 hasta la fecha poco se ha avanzado.  Es cierto que las CCAA elaboran y aprueban sus propios presupuestos sanitarios que  representan un porcentaje muy significativo de su presupuesto general, siempre el mayor, ya que si a nivel estatal la partida de gasto mayor son las pensiones que siguen constituyendo la única caja de ingresos y gastos del país y la sanidad el segundo, pero sin caja única, el gasto sanitario pasa lógicamente al primer lugar en los presupuestos autonómicos. Como el derecho a la protección de la salud es universal y siempre la demanda va a superar a la oferta, no es de extrañar que los responsables de hacienda de las CCAA, de acuerdo con los responsables del área sanitaria, tengan que recurrir con frecuencia a cuadrar a la baja el presupuesto sanitario para que los desequilibrios exigidos por la hacienda central no se sobrepasen. Es a lo largo de la ejecución del presupuesto y del conjunto de factores que la condicionan; ingresos, disponibilidades, prioridades y demandas, como se llega a un  gasto final, que generalmente es mayor que lo previsto inicialmente y que se  sustancia habitualmente con el retraso en el pago a proveedores, lo que deteriora la calidad de gestión presupuestaria, la encarece y pone en riesgo, en ocasiones, la liquidez y viabilidad de determinadas empresas suministradoras.

El nuevo gobierno ha tomado este asunto  con interés y además de poner en marcha una nueva normativa de morosidad que pretende poner freno o impedir estos poco eficientes sistemas de gestión, ha acometido el pago de los atrasos acumulados por las Administraciones autonómicas y locales en tres sucesivos tramos a lo largo de 2012 y 2013. La cifra a las que se ha elevado el pago a proveedores ha sido importante; cercana  a los 30.000 M?, a la que si se le unen los fondos gestionados por el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) para afrontar el conjunto de déficit o de deuda de la CCAA que no podían recurrí a financiación exterior, las cifras se duplican. Esto ha hecho que las empresas cobren deudas que de otra manera tardarían en cobrar más tiempo lo que les ha venido muy bien en momentos en que el crédito está muy restringido. A las Administraciones afectadas les ha saneado la gestión, pero no gratuitamente, ya que esas deudas privadas o mercantiles ahora la tienen con el Ministerio de Hacienda en forma de crédito a largo plazo y que como contrapartida las somete a un  control mucho más directo y riguroso, lo que algunos consideran que forma parte de un proceso político recentralizador por la vía de hecho.

En este proceso el sector sanitario ha ocupado un principal protagonismo como era de esperar, tanto por ser el que compromete más recursos, como por lo que se ha explicado y   presentar en estos años un mayor desfase entre lo presupuestado y lo realmente ejecutado. Las cifras han estado próximas a los 20.000 M?. Los principales acreedores eran las empresas farmacéuticas y las tecnológicas y suministradoras de productos y diversos servicios que se concentran en FENIN. También las empresas han tenido que renunciar para acogerse al sistema de pago a proveedores a los intereses de demora y al mantenimiento de las reclamaciones por la vía judicial, en su caso. Ambos instrumentos para determinadas empresas no eran desdeñables aunque no sea el momento de entrar en estos pormenores.

Esta larga introducción se considera necesaria para entender la importancia del consumo de medicamentos por el sistema y su complejidad y diversificada casuística.

El trabajo íntegro en PDF se puede consultar al inicio de esta página