El consejero de Sanidad de Castilla la Mancha, Jesús Fernández Sanz, participó en la apertura oficial del XI Foro Iberoamericano de Entidades Médicas (FIEM) que tuvo lugar en Toledo, un encuentro organizado por el Consejo General de Colegios de Médicos (CGCOM) en colaboración con el Colegio de Médicos de Toledo y la Confederación Médica Latinoiberoamericana y del Caribe (CONFEMEL), y señaló que "es difícil encontrar otra profesión con un compromiso tan amplio con el ciudadano”
Fernández Sanz ofreció una conferencia en la que abordó la modernización, justicia y cohesión del Sistema Nacional de Salud y destacó que el modelo español tiene buenos resultados “con buenos resultados si comparamos con los de los países de nuestro entorno, y con un gasto sanitario razonable, proporcional a nuestro nivel de renta. También es verdad que los efectos de los recortes presupuestarios de los últimos años han afectado necesariamente su calidad”.
El consejero subrayó que “parece que hay acuerdo en que las sostenibilidades de los Sistemas Sanitarios Públicos deberían atacar básicamente el control del gasto, el aumento de los ingresos y la desvinculación, desorientación y desafección profesional de los problemas de salud de los ciudadanos, de los problemas del SNS, de la masificación, de la pérdida de equidad y de los desequilibrios territoriales”.
Expuso que el efecto del envejecimiento poblacional “no deja de ser un distractor verosímil, muy útil para explicar el conveniente e inútil incremento del gasto sanitario, ya que los rendimientos marginales en salud y longevidad que corresponde a un mayor esfuerzo asistencial y económico en el SNS son claramente decrecientes”.
Fernández Sanz señaló que “la Atención Primaria precisa refuerzo real, con la dotación presupuestaria y de medios suficientes y ajustados para responder a lo que se espera de ella. Una Atención Primaria capaz de resolver el 90% de la demanda asistencial que atiende, no podía seguir en España con un presupuesto asignado próximo al 50% de lo que le dedica otro país de nuestro entorno” y explicó que “es urgente cambiar a un modelo mucho más social ajustado a las necesidades del paciente, donde todos los que intervienen estén involucrados y coordinados”.
Para el consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, “la supervivencia del servicio necesita también un cambio profundo en la mentalidad del médico por ser el agente principal que custodia el conocimiento esencial y ordena con discrecionalidad el gasto variable. Pasar de una actitud pasiva, asalariada, desafectada por déficit identitario y falta de orgullo de pertenencia y corresponsabilidad con tus propios servicios, a una actitud más vital, de trabajar en cosa y casa propia, de sacar adelante la empresa”.
La profesión médica es una profesión especial en su compromiso público, que mantiene y actualiza las exigencias éticas derivadas de una serie de valores de carácter intemporal, aseguró Fernández Sanz.
Añadió que “un espíritu de servicio y carácter vocacional desinteresado, por encima de intereses personales o de lucro, con actividades que sobrepasan lo legalmente obligatorio y no son reconocidas por el pagador. Un alto sentido del deber, capacidad de sacrificio y entrega en caso de necesidad, que es imposible especificar en contrato público. Una alta confianza al paciente mediante su capacidad de resolver o atender problemas, pero, además de atender genera confianza que junto a la pericia constituyen el eje de la relación especial entre médico y el paciente”.
Además, hizo hincapié en que “es difícil encontrar otra profesión que se comprometa públicamente en mantener el mejor acto profesional, ni mostrar un compromiso tan amplio con el ciudadano y tan reconocedor de sus limitaciones.
El consejero animó a las organizaciones médicas a que “manifiesten juntos y permanentemente su expresa voluntad de conformar, actualizar y defender un contrato social con sus ciudadanos que incluya una renovada apuesta por un Sistema Sanitario Público universal y solidario, de calidad, donde todos los ciudadanos sin condición que los distinga pueda recibir si lo precisa la mejor asistencia posible para el cuidado de su salud”. Este contrato social supone “un claro compromiso con el marco constitucional que todo estado social, democrático y de derecho debería tener y en consecuencia su extensión al modelo sanitario que debe ser construido bajo dicho soporte constitucional”.
