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Escaso avance en racionalización del gasto farmacéutico hospitalario y en mejora de la relación coste-eficacia en Sanidad

España no ha adoptado medidas suficientes para racionalizar el gasto farmacéutico hospitalario y mejorar la relación coste-eficacia en Sanidad, según un informe de los Servicios de la Comisión Europea (CE) que analiza los principales factores que pueden incidir en el crecimiento económico de 2016. El sistema sanitario español, como se advierte, se enfrenta, además, a algunos retos en cuanto a su sostenibilidad

El gasto farmacéutico hospitalario, es decir, el derivado de medicamentos financiados con fondos públicos en hospitales y centros de atención sanitaria y sociosanitaria del Sistema Nacional de Salud (SNS), ha registrado en los últimos años un fuerte incremento que  va a seguir acentuándose, incluso excluyendo el impacto de los nuevos medicamentos contra la hepatitis C. España no ha adoptado medidas suficientes para racionalizar el gasto farmacéutico hospitalario y mejorar la relación coste-eficacia en Sanidad (ver «MedicosyPacientes», edición de hoy).

 
En la Unión Europea, la potestad estatal para fijar el precio de los medicamentos está sujeta a los requisitos de trasparencia y no discriminación que establece la normativa comunitaria. La universalización de la asistencia sanitaria es uno de los logros del Estado del bienestar y su ordenación jurídica es una necesidad internacionalmente sentida.. La normativa comunitaria parte de la premisa de que la ordenación de precios de los medicamentos y la organización de los sistemas de Seguridad Social es una competencia reservada a los Estados miembros, sin que quepa una regulación directa de la materia por parte de la Unión Europea.
 
En ese sentido y como consecuencia de la extraordinaria y urgente situación económica que está sufriendo España desde el 2010, se aprobó el Real Decreto 4/2010, 26 de marzo, sobre la racionalización del gasto farmacéutico con cargo al Sistema Nacional de Salud el cual introduce en sus dos primeros artículos las medidas económicas necesarias para lograr la contención y reducción del gasto farmacéutico con la finalidad última de garantizar la viabilidad del Sistema Nacional de Salud, y las excepciones en la aplicación de tales medidas.
 
Dicho Real Decreto explica que la prestación farmacéutica, según establece la exposición de motivos de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, comprende los medicamentos y productos sanitarios y el conjunto de actuaciones encaminadas a que los pacientes los reciban y utilicen de forma adecuada a sus necesidades clínicas, en las dosis precisas según sus requerimientos individuales, durante el período de tiempo adecuado, con la información necesaria para su correcto uso y al menor coste posible.
 
Por todo ello, las medidas que se aprueban mediante este Real Decreto-ley persiguen el objetivo urgente de modificar la financiación pública de los medicamentos y productos sanitarios prevista en la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, con la finalidad última de establecer medidas que posibiliten, en el ámbito farmacéutico, una reducción inmediata del gasto que asegure la necesaria sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud con las premisas de universalidad y alta calidad en sus prestaciones.
 
Los pacientes y los ciudadanos europeos deben tener acceso a los medicamentos seguros, eficaces y asequibles, mientras que el sistema de atención de la salud debe ser económicamente viable. . Este es quizás el principal desafío para las autoridades nacionales competentes y las Administraciones Públicas. De conformidad con el principio de subsidiariedad, los posibles beneficios de la coordinación reforzada entre los Estados miembros en el ámbito de los precios de los productos farmacéuticos deben ser estudiados para mejorar el acceso de los pacientes a los medicamentos y  generar ahorro en la administraciones públicas; en ese sentido, la Comisión Europea presentó un estudio el pasado mes de diciembre.” Estudio sobre el fortalecimiento de la coordinación entre los países en el ámbito de la regulación de los precios de productos farmacéuticos”en el que  analiza «precio de referencia externo» (PRE) y «precios diferenciales» (PD) de los medicamentos en términos de las consideraciones técnicas, económicas y legales, con el fin de que los Estados miembros se coordinen en el área de precios de productos farmacéuticos. 
 
Los impactos específicos de un posible sistema de precios diferenciales (PD) en el mercado europeo aún no están claros. Sin embargo, es evidente que la aplicación de un sistema de TD sería extremadamente difícil y requeriría una enorme voluntad política de cara a la resolución de las restricciones legales y llegar a acuerdos entre los Estados miembros. La implementación de TD parece ser inviable en la UE a corto plazo. Sin embargo, el reto de garantizar el acceso del paciente a los  medicamentos se ha convertido en una necesidad urgente a la luz de nuevos medicamentos de alto costo.
 
En 2015, a excepción de Alemania, Suecia y el Reino Unido, todos los demás Estados miembros de la UE más Islandia, Noruega, Suiza y Turquía, fijan los precios de sus productos farmacéuticos. En un futuro, los Estados miembros de la UE podrían considerar la exploración de otras nuevas políticas  como la de compra conjunta de medicamentos.
 
Riesgo de sostenibilidad
 
El informe de la Comisión Europea advierte además de los retos de sostenibilidad a los que se ha de enfrentar el sistema sanitario español. El sistema sigue obteniendo buenos resultados tanto en eficacia como en accesibilidad, al tiempo que mantiene un nivel relativamente bajo de gastos. No obstante, tiene ante sí un problema de sostenibilidad presupuestaria a medio y largo plazo, según se destaca en el informe.
 
Por otra parte, considera necesario mejorar la transparencia de la contratación de los servicios de asistencia sanitaria a nivel autonómico, que con frecuencia adolece de una falta de competencia entre licitadores.
 
La nueva normativa presupuestaria sobre el gasto en asistencia sanitaria de aplicación a nivel autonómico limita el crecimiento del gasto farmacéutico y en asistencia sanitaria en 2015 y 2016 al tipo de referencia del crecimiento económico a medio plazo de la economía española. Si el gasto subvencionable supera dicho tipo se impedirá a la Comunidad Autónoma en cuestión ofrecer servicios de asistencia sanitaria distintos de los incluidos en la cartera de servicios sanitarios y se le pedirá que aplique medidas que aumenten la eficiencia. Las Administraciones autonómicas pueden adherirse a la normativa manera voluntaria, y los ministerios de Hacienda y de Sanidad, en consulta con el sector sanitario, han diseñado incentivos financieros para que participen. 
 
Sin embargo, por el momento no queda claro, tal como indica el informe, cómo van a cumplir muchas Comunidades Autónomas esta nueva normativa ni, en consecuencia, cuál será su eficacia a la hora de afrontar los retos de sostenibilidad a largo plazo que tiene ante sí el sector de la sanidad pública.
 
Se prevé que el aumento del gasto en asistencia sanitaria y cuidados de larga duración, derivados del envejecimiento de la población, se compense con reducciones en otros factores relacionados con el envejecimiento (pensiones, educación y prestaciones de desempleo).
 
La nueva norma presupuestaria voluntaria que debe limitar el crecimiento del gasto sanitario en 2015 y 2016 debe ser ejecutada por las Comunidades Autónomas. Asimismo, el acuerdo con la industria farmacéutica debería limitar en 2016 el crecimiento del gasto en farmacia de receta original no genérica en referencia a la tasa de crecimiento del PIB.
 
Investigación
 
Respecto al gasto en I+D en España en relación con su PIB (es decir, la intensidad de I+D), tanto en el sector público como en el privado, siguió disminuyendo en 2014, situándose en el 1,2 % del PIB (2 % en la UE). La brecha con respecto a la UE es especialmente visible en la inversión en I+D del sector privado (un 0,6 % en España frente a un 1,3 % en la UE), según datos aportados por este informe. En este contexto, alcanzar el objetivo nacional de un 2 % de intensidad de I+D para 2020 se presenta como un reto.
 
La política de investigación e innovación, como se recuerda, es una competencia compartida con las Comunidades Autónomas, por lo que, como en cualquier otro país descentralizado, es preciso coordinar las políticas de la Administración Central y las de las Administraciones Autonómicas para optimizar su impacto económico.
 
Por otra parte, la interacción entre la investigación pública y privada es débil. En 2013, la I+D pública financiada por empresas privadas se redujo aún más, situándose en el 0,037 % del PIB, por debajo de la media de la UE (0,052 %). En este contexto, aumentar los incentivos a los investigadores del sector público para que trabajen en el sector privado y para la explotación de los resultados de la investigación pública en el sector privado podría reforzar la cooperación público-privada.
 
Servicios sociales
 
El informe también analiza una serie de aspectos relacinados con los Servicios Sociales, destacando la limitada coordinación entre los servicios sociales y de empleo, que merma la eficacia de las medidas de activación. Por otra parte, se echan en falta «ventanillas únicas» para gestionar la ayuda social o los programas de activación.
 
Un apartado que se analiza con más detalle es el relativo a la prestación de cuidados de larga duración, y que, según el documento de la CE, sigue planteando problemas y dificulta, entre otras cosas, la participación femenina en el mercado laboral.
 
El número de beneficiarios de servicios de cuidados de larga duración disminuyó en 2014 en más de 37 400 personas, debido en parte a los retrasos en el registro de las personas con dependencia moderada. 
 
La reducción de las contribuciones del presupuesto central a los regímenes ha afectado a los niveles de cobertura y a la intensidad de los servicios, además de acarrear un aumento significativo de los costes asumidos por los propios dependientes y por sus familias. 
 
España es uno los Estados miembros con mayor porcentaje de cuidadores informales. Esta circunstancia dificulta la participación de la mujer en el mercado laboral, porque el informe prevé que las necesidades de asistencia sigan aumentando debido al envejecimiento de la población y porque las mujeres representan aproximadamente el 83 % de los cuidadores no profesionales con una dedicación estimada de más de veinte horas a la semana. 
 
Empleo
 
La situación del empleo es uno de los factores en los que más se profundiza en el informe, partiendo que pese a su disminución en 2015, sigue estando entre los más elevados de la UE por encima del 20 por ciento de la mano de obra, con el riesgo de exclusión que afecta particularmente a los más jóvenes y a las personas menos cualificadas. No en vano, casi una de cada dos personas de edades entre 15 y 24 años sigue desempleada.
 
Por otra parte, el porcentaje de titulados superiores en España está muy por encima de la media de la UE. Sin embargo la tasa de empleabilidad de los titulados recientes es una de las más bajas de Europa y se sitúa en el 68,6 %, con una proporción significativa ocupando puestos de trabajo que no requieren un grado universitario.
 
Una mayor cooperación entre la universidad y la empresa sigue siendo también una prioridad para aumentar la empleabilidad de los graduados universitarios en todos los sectores y para fomentar la innovación como motor del crecimiento sostenible.
 
La dualidad del mercado laboral entre contratos permanentes y temporales sigue siendo elevada, lo que repercute negativamente en las condiciones de trabajo y de cohesión social. En 2014, sólo el 12% de los trabajadores temporales pasó a tener un contrato indefinido, frente a un 23% en la UE.
 
Asimismo, la movilidad laboral intrarregional sigue una tendencia descendiente (3,7% de desempleados cambió de municipio en 2015, mientras en 2010 fue de un 5,6%). A dicho descenso contribuyen una serie de obstáculos, tales como la transferibilidad de las prestaciones de la Seguridad Social, información sobre el mercado laboral, la vivienda.
 
De cualquier forma, la coordinación entre las instituciones del mercado laboral de la Administración central y las autonómicas no está resultando eficaz a la hora de facilitar el acceso o la reincorporación al mercado laboral.
 
Además, el gasto en políticas activas de empleo sigue siendo reducido, pese a la previsión para este año de un incremento en dicho gasto de un 10% con respecto a 2015.
 
Exclusión social-pobreza
 
Sin embargo, la reciente evolución de la situación del mercado laboral no se ha plasmado todavía en una mejora de los indicadores de pobreza ni de la exclusión social que se acentúa por el desempleo de larga duración.
 
La crisis ocasionó un marcado aumento de la proporción de población en riesgo de pobreza y de exclusión social, sobre todo entre 2013 y 2014
 
El aumento de la proporción de trabajadores en empleos a tiempo parcial (del 14,5 % en 2012 al 15,6 % en 2015) y temporales (del 23,4 % en 2012 al 25,7 % en 2015) en los últimos años fue de la mano de un creciente riesgo de pobreza entre los trabajadores a tiempo parcial (del 18,7 % en 2013 al 22,9 % en 2014), y los trabajadores temporales (del 17,5 % en 2013 al 22,9 % en 2014). Junto con la moderada evolución de los salarios, ello contribuyó al aumento general del número de ocupados pobres observado entre estos dos años.
 
 
 
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