Los doctores Fernando Lamata y Carlos Macaya analizaron los aspectos médicos y sociales del medicamento en la ponencia satélite que fue coordinada por el Dr. Carlos Molina, presidente de COM Cuenca, en el desarrollo de la V Convención de la Profesión Médica. Planteamientos y preguntas giraron en torno a riesgos y costes de los fármacos, obligación de los gobiernos en garantizar el acceso a los medicamentos manteniendo el SNS al mismo tiempo y necesidad de mejorar la relación médico-paciente para mantener la adherencia al tratamiento
Los medicamentos curan y alivian enfermedades, pero también comportan riesgos y costes que hay que considerar. Muchos de los problemas de salud tienen un abordaje preventivo y social, no farmacológico, y ésta estrategia debe potenciarse. En muchas situaciones, el elevado precio del medicamento no está en consonancia con las posibilidades del SNS ni con su valor clínico. Los gobiernos deben replantearse nuevas fórmulas que garanticen el acceso al medicamento de alto valor clínico y, por otro lado, el mantenimiento sostenible del SNS. Ante cualquier divergencia en los objetivos planteados debe primar el mantenimiento de la salud del paciente y del SNS amenazado. Seleccionar el medicamento más adecuado a las necesidades de cada paciente supone un ejercicio de elección clínica, ética y profesional. Sin una buena relación de confianza médico –paciente es difícil mantener la adherencia al tratamiento.
La investigación y desarrollo de los medicamentos ha conseguido que vivamos más y mejor pero, ¿nos lo podemos permitir? ¿La medicalización de la vida expone a ciertas personas a riesgos innecesarios? ¿Podemos conseguir fármacos a precios razonables presionando a la industria farmacéutica? Con estas reflexiones abría el Dr. Carlos Molina Ortega, presidente del Colegio de Médicos de Cuenca la ponencia satélite que coordinaba: El uso de medicamentos: aspectos médicos y sociales, y que fue moderada, en sus dos sesiones, por los doctores Pedro Hidalgo Fernández, presidente del COM de Badajoz, y Javier Font Celaya, vicepresidente del Consejo General de Colegios de Médicos, respectivamente. Como preguntadores ejercieron el Dr. Rafael Teijeira Álvarez, presidente del COM Navarra; la Dra. Mercedes Martínez González, vicepresidenta del Colegio de Médicos de Lugo; el Dr. Félix Martín Herguedas, vicepresidente del COM de Burgos; el Dr. Manuel Muñoz García de la Pastora, presidente del COM Ávila, el Dr. José María Borrel Martínez, presidente del COM Huesca; y el último en intervenir fue el Dr. Fernando Vizcarro Bosch, presidente del COM Tarragona.
“En el planeta, una de cada tres personas no tienen acceso al medicamento que necesitan; antes esta era la tendencia de los países pobres pero ahora, en España, por poner un ejemplo, 1.850.000 personas no pueden adquirir el fármaco que precisan”. De esta manera el Dr. Fernando Lamata, primero de los ponentes, puso sobre los mesa uno de los asuntos que más preocupan en la actualidad tanto a clínicos como a gestores. En opinión del Dr. Lamata, “el problema está en el monopolio que los diferentes Estados confieren a la empresa farmacéutica. No hay competencia lo que le permite incrementar el precio para, en principio, incentivar la investigación”.
Los medicamentos no son un bien de consumo, son un derecho humano, pero “en los años sesenta se cedió a la presión de las patentes y el precio de los medicamentos, en algunos casos, ha registrado precios disparatados. Así, un medicamento cuya producción se valora en cien euros, alcanza los ochenta mil euros en el precio de venta”. En los inicios, se añadía un sobrecoste al medicamento para financiar la I+D, pero ahora la industria farmacéutica está controlada por fondos de inversión y su filosofía es ganar dinero. A los directivos se lee exige ganar dinero, y eso ha cambiado la lógica de la negociación, se ha desequilibrado”, explicó el Dr. Fernando Lamata.
La solución pasaría, primero, por “conseguir unos precios relacionados con el coste; si esto no fuera posible, utilizar la licencia obligatoria que permite abrir el mercado y cambiar la negociación y, por último, que la I+D se separe del precio, es decir, generar un convenio internacional donde I+D se produzca por plataformas independientes, un mecanismo alternativo para el desarrollo de medicamentos”.
El Dr. Carlos Macaya Miguel, presidente de FACME, empezó su intervención haciendo un resumen del documento de trabajo de la OMC sobre la visión social y clínica de los medicamente, cuyo abstract correspondió al Dr. José Antonio González Correa, catedrático de Farmacología de la Universidad de Málaga. Del texto destacó los instrumentos para el mejor uso de medicamentos y de la práctica clínica, y alguna de sus conclusiones, como que la mayor parte de la investigación esté financiada por la iniciativa privada, por lo que hay escaso interés en la prevención. En la misma línea destacó poco interés por parte de la Administración. Los problemas de salud derivados de determinantes sociales deben tener un abordaje preventivo y social sobre el que debe investigarse. Los desafíos que se le presentan a las políticas de salud deben pasar por modelos basados en la promoción de la salud, con la reducción de las desigualdades, el incremento del esfuerzo preventivo y la capacitación de las personas para manejar y afrontar aquellos procesos que limitan su bienestar.
En relación con los medicamentos, y desde una perspectiva ética, toda nueva terapia o tecnología útil debería ser incorporada sin comprometer a otras necesidades de la sociedad, no se puede mirar para otro lado, en palabras del Dr. Macaya Miguel, que incidió igualmente en la prescripción exclusivamente médica. El seguimiento de cualquier tratamiento busca obtener la máxima efectividad y en el caso del fármaco, minimizar los riesgos causados por su uso, mejorar la seguridad farmacológica, contribuir a un uso racional y mejorar la calidad de vida del paciente. Todo ello forma parte de la prescripción, todo ello son objetivos que debe realizar el médico.
El Dr. Macaya también se mostró de acuerdo con que es la simbiosis médico-paciente-medicamento, la que permite que este último cumpla su objetivo y contribuya a lograr la misión primordial del sistema sanitario.
Para finalizar este bloque de conclusiones, destacó cómo el compartir información de los pacientes a través del proceso de gestión del medicamento supone un alto riesgo para la confidencialidad y el secreto médico y es la administración sanitaria la que debe controlar de forma absoluta la ingente información de los pacientes recogida en la historia clínica informativa y bases de datos de prescripción y postdispensación.
De las propuestas incluidas en el documento subrayó la relativa a que la incorporación de nuevos fármacos y/o tecnologías no puede ser penalizada ni puede implicar la detracción de otros elementos del presupuesto sanitario global. Por otra parte, se debe revisar y reformar, con carácter de urgencia, el sistema de patentes y los límites que se otorgan en el sector sanitario para medicamentos y productos sanitarios, así como los criterios para su financiación y establecimiento. El beneficio comercial no debe eclipsar los verdaderos beneficios clínicos para los pacientes ni poner en peligro la viabilidad económica de los sistemas nacionales de salud. Asimismo, es improrrogable implantar la trazabilidad y con ella el seguimiento singular de cada envase del medicamento que evite corrupción y fraude en el sector de la distribución, así como la venta de falsificaciones. En relación a los pacientes, todas las personas deben tener garantizados mediante financiación pública los medicamentos precisos para atender a todas sus necesidades de salud sin copagos que penalizan a los más pobres, los más enfermos, los más viejos y los más vulnerables. Como últimas propuestas incidió en que los médicos de comunicación deben contrastar sus informaciones sanitarias porque pueden causar daño con la ‘propagación’ de enfermedades inventadas o exageradas. En la misma línea, es necesaria una regulación más estricta de la publicidad directa al consumidor de productos sanitarios sujetos o no a prescripción médica.
En otro orden de cosas, el Dr. Carlos Macaya habló de la incorporación de los medicamentos innovadores en el Sistema Nacional de Salud, donde juegan un papel importante las agencias de evaluación que “deben ser solventes, independientes del poder político y sus decisiones tienen que ser vinculantes”.
El precio del medicamento
Coincidió con Fernando Lamata en relación al precio del medicamento. El coste de producción es bajo pero el valor añadido lo dispara. Y por último hizo una reflexión sobre el debate existente entre los medicamentos biotecnológicos versus biosimilares. “Los biosimilares son como una alternativa económica para lograr bajar el precio de los medicamentos biológicos. Se puede promover su uso, pero no imponer, y sobre todo no obligar con un paciente controlado que responde bien a su tratamiento”, en este sentido abogó por la elección del tratamiento como una decisión individualizada, lejos de cualquier presión externa hacia el personal sanitario por el uso de biosimilares. Concluyó su intervención citando un artículo de la Declaración de la Comisión Central de Deontología de la OMC sobre la libertad de prescripción del médico: “No son conformes a la ética médica los pactos, contratos o reglamentos que restrinjan la legítima libertad de decisión del médico o que le impongan, por coerción o premio, conductas que el médico encuentra injustificadas según su criterio profesional fundado”.
El Dr. Rafael Teijeira Álvarez, presidente del COM Navarra, inició el turno de preguntas. La investigación con fondos privados debe invertir un porcentaje del presupuesto para la financiación de proyectos públicos, ¿cómo convencer a las compañías farmacéuticas de esto? El Dr. Lamata respondió que actualmente se financia la investigación con un sobreprecio del medicamento pero, como se ha visto, es una solución insuficiente que contribuye a mantener un sistema perverso. No se incrementa un 5% el precio del medicamento que haría viable la idea, sino muchísimo más. Por lo tanto, hay que pensar en un cambio de modelo que no dependa del sobrecoste del medicamente para destinarlo a formación.
La Dra. Mercedes Martínez González, vicepresidenta del Colegio de Médicos de Lugo preguntó si el incremento de la esperanza de vida agrava el incumplimiento terapéutico y que opinión les merecía el sistema de personalización de medicamentos que se hace en las farmacias. El Dr. Macaya afirmó que para hacer el seguimiento hace falta conocer al paciente y que era el tiempo que el facultativo invierte en el paciente el que hace mejorar el incumplimiento terapéutico.
El Dr. Félix Martín Herguedas, vicepresidente del COM de Burgos, preguntó por qué no se había una receta única para todo el Sistema Nacional de Salud, qué dificultades había. El Dr. Carlos Macaya aludió a razones políticas y afirmó ser escéptico en este sentido con los políticos y sus medidas a este respecto. Por su parte, el Dr. Lamata, explicó que nuestro Estado autonómico es el que aprobamos en 1978 y que nuestro servicio de salud era muy bueno. “Durante el recorrido de la democracia se han ido resolviendo todos los problemas y el sistema ofrece, así, más ventajas que inconvenientes. Esta cuestión no justifica tener que plantease el modelo”.
El Dr. Manuel Muñoz García de la Pastora, presidente del COM Ávila, partió de la base de que el paciente es lo más vulnerable del sistema, ¿cómo evitar la medicalización? El Dr. Lamata volvió a aludir al tiempo en la consulta, aunque destacó otros condicionantes como la presión del marketing a la hora de incorporar medicamentos, o el interés de las asociaciones de pacientes en que los medicamentos lleguen lo antes posible. También sugirió otros temas técnicos que pueden ayudar como la deprescripción.
El Dr. José María Borrel Martínez, presidente del COM Huesca, se preguntó sobre la participación y responsabilidad de los profesionales en la polimedicación. Aunque reconoció que no era una tarea fácil, el Dr. Macaya dijo que la solución pasaba por “hacer una crítica severa a las guías de medicamentos, cuestionándolas mucho y haciendo guías propias de cada país independientes, dar tiempo a los médicos para conocer cada fármaco y sus interacciones, e instaurar la polipíldora con la que al menos se reduciría el número de fármacos en pacientes que lo necesiten”.
El último en intervenir fue el Dr. Fernando Vizcarro Bosch, presidente del COM Tarragona con cuestiones relativas al gasto farmacéutico implicando a la industria farmacéutica y a nuestros gobiernos. El Dr. Lamata volvió a referirse a la licencia obligatoria para controlar el precio del medicamente e insistió en que había medios pero que había que ponerlos en marcha. Que se negocie el precio de compra por resultados, por volumen y que se pague en función del precio de coste, pero un precio justo porque si no, no tendría sentido. Para finalizar, el Dr. Carlos Macaya, insistió en que la solución es “tiempo, tiempo y más tiempo para los pacientes”.
