El Grupo Parlamentario Popular (GPP) en el Congreso ha presentado una Proposición no de Ley relativa a un nuevo baremo para la determinación de indemnizaciones por daños sanitarios para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales. Esta medida se suma a la moción presentada por el mismo grupo en el Senado para instar al Gobierno a que se regule el baremo indemnizatorio de daños y perjuicios sobrevenidos por la actividad sanitaria
En la exposición de la iniciativa subraya que la disposición adicional tercera de la Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, establece un baremo indemnizatorio de los daños y perjuicios sobrevenidos con ocasión de la actividad sanitaria.
En concreto, esta disposición establece que “el sistema de valoración regulado en esta Ley servirá como referencia para una futura regulación del baremo indemnizatorio de los daños y perjuicios sobrevenidos con ocasión de la actividad sanitaria”.
El texto reconoce que “en la actualidad, las indemnizaciones de los daños ocasionados por la actividad sanitaria se calculan basándose en el baremo de accidentes de tráfico. Sin embargo, este baremo no recoge un gran número de secuelas por malas praxis realizadas en la actividad sanitaria”.
Las reclamaciones por daños ocasionados en la actividad sanitaria han ido creciendo a un ritmo constante en los últimos años. Los casos más habituales se han producido por intervenciones mal realizadas, altas precipitadas, atención deficiente, infecciones hospitalarias o retrasos en ambulancias. Las más frecuentes son por errores en casos de Ginecología, seguidas por las operaciones estéticas y de casos de Traumatología, según el documento planteado por el Grupo Popular.
Con la puesta en marcha de un nuevo baremo para daños sobrevenidos de la actividad sanitaria se ofrecería más seguridad jurídica a los pacientes, mayor transparencia, agilidad, y además, se evitarían conflictos judiciales ya que se fomentarían las reclamaciones extrajudiciales para no llegar a juicio.
En esta línea ha estado trabajando el Consejo Asesor del Ministerio de Sanidad, que en enero de 2013 recibió un encargo para diseñar un proyecto para crear un nuevo baremo que definiese y calculase los daños y perjuicios en la actividad sanitaria. Sin embargo, a día de hoy, este proyecto no se ha realizado. Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular solicita al Congreso de los Diputados que inste al Gobierno a elaborar, en el plazo de tiempo más breve posible, un nuevo baremo para la determinación de indemnizaciones por daños derivados de actividades en el ámbito sanitario con la finalidad de contribuir a una mayor seguridad jurídica, transparencia, agilidad en las indemnizaciones y reducción de la litigiosidad.
Postura de la OMC
La Organización Médica Colegial (OMC) se ha mostrado a favor de una iniciativa que garantizaría la seguridad jurídica y establecería criterios de igualdad basados en aspectos técnicos y científicos, a partir de unas escalas pensadas para cada patología, que recogerían una puntuación en función de la gravedad y las secuelas.
Su presidente, Dr. Juan José Rodríguez, ha participado en siete proyectos de este baremo en los últimos 20 años y siempre ha recalcado la necesidad «imprescindible» de establecerlo cuanto antes porque «no tenemos medidas reales» para paliar una situación que lleva a los profesionales al ejercicio de una «medicina defensiva».
En la actualidad, los jueces tienen libertad a la hora de fijar las indemnizaciones derivadas de un acto sanitario, basándose en los principios de reparación integral y de no enriquecimiento injusto. Sin embargo, la realidad demuestra que existen grandes diferencias en las cantidades indemnizatorias para lesiones o secuelas parecidas, incluso de los mismos tribunales. Por este motivo, los médicos demandan un baremo específico al que ajustarse, para que haya una unificación de criterios y que el montante económico no quede a la interpretación de cada juez.
El baremo de daños para accidentes de tráfico es el que se ha empleado por abogados, peritos valoradores del daño corporal, así como por los médicos forenses, aunque nunca ha terminado de ser la solución por su carácter no vinculante y porque muchas de las lesiones que suceden en los siniestros automovilísticos no se pueden comparar en el ámbito sanitario.
Aunque podría resultar suficiente cuando se trata de lesiones traumáticas, lo cierto es que no resulta extrapolable a otras complicaciones médicas en las que es difícil aplicar esa tabla para las consecuencias derivadas de un tratamiento. En un contexto en el que los profesionales se exponen a demandas por parte de los pacientes y con el miedo a las indemnizaciones, algo que para el presidente de la OMC «incrementa las prácticas innecesarias con el consiguiente aumento de gastos sanitarios que inciden en la sostenibilidad del sistema”.
Por tanto, el baremo de daños específico ayudaría a determinar la restitución del daño en un caso concreto. Es decir, en una medida que aportaría seguridad jurídica por medio de criterios de igualdad con base técnica y científica. Entre los beneficios que supondría también destaca especialmente el descenso de la litigiosidad y una mayor agilidad en la solución de los problemas indemnizatorios.
El Dr. Rodríguez Sendín tiene claro que “el que decida sacar el baremo sanitario adelante hará un gran favor a los pacientes y al propio sistema sanitario público; entre otras razones, porque se pondrá fin a la medicina defensiva y porque se indemnizará tranquilamente a los pacientes por errores que se cometen con ellos, como sucede en tráfico”.
