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El Defensor del Pueblo realizó 29 recomendaciones a Sanidad en 2017

De las 1.812 recomendaciones y sugerencias emitidas por la Oficina del Defensor del Pueblo durante 2017, y destinadas a las diferentes Administraciones para proponer cambios normativos y mejoras a favor de los ciudadanos, un total de 29 fueron dirigidas al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, según se desprende del balance anual de la institución 

El Defensor del Pueblo tramitó, además, un total de 24.750 quejas de los ciudadanos en 2017, un 50,1% más que en 2016, cuando fueron 16.485; gestionó más de 25.550 expedientes, superó las 750 actuaciones de oficio y remitió 2.175 resoluciones a las distintas administraciones del Estado.

En el ámbito sanitario las principales recomendaciones dirigidas al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad pasaron por la modificación de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos para ampliar la protección de los colectivos vulnerables y garantizar que estas personas puedan acceder a la medicina que necesitan, solicitando en esta materia que la exención del copago o la aplicación de un porcentaje mínimo para los crónicos, graves y pacientes de enfermedades raras, degenerativas y oncológicas, entre otras, especialmente cuando se trate de menores de edad.

Esta institución también propuso eximir del copago a las personas con discapacidad con grado reconocido y a las personas con ingresos económicos de cualquier naturaleza que no superen un umbral mínimo, a determinar en función de los indicadores de riesgo de pobreza.

Además, el Defensor consideró insuficientes los actuales tramos de renta (de 0 a 18.000, de 18.001 a 100.000 y de más de 100.000 euros) y por ello pide que se fijen nuevos tramos y porcentajes de copago que se correspondan mejor con los principios constitucionales de progresividad y equidad.

Asimismo, la insitución solicitó que se fije la obligación de reservar un porcentaje mínimo de plazas de máster y doctorado para los estudiantes con discapacidad, asunto sobre el que está investigando a las universidades públicas.

En el ámbito socio-sanitario recomendó que los alumnos con problemas de aprendizaje y TDAH puedan beneficiarse de las ayudas dirigidas al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.

En línea con su preocupación por proteger a los colectivos más vulnerables de la sociedad, el Defensor inició en 2017 una actuación de oficio con todas las Comunidades Autónomas y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla para examinar las características y dotación de las residencias de mayores.

El Defensor del Pueblo mostró inquietud especialmente por la situación de estas personas y considera que la edad de la población y la aplicación de la Ley de Dependencia convierten a los servicios de atención residencial en un elemento fundamental en la atención a estas personas. Por este motivo, trabajó para detectar las dificultades existentes para que estos ciudadanos accedan a servicios adecuados a sus necesidades.

También mostró gran preocupación por la violencia machista, en este sentido, la institución instó a que las distintas Administraciones luchen contra esta lacra con dos enfoques: género e infancia. En este marco, organizó el pasado mes de noviembre la Jornada “Avanzando hacia la protección efectiva de los hijos de las mujeres víctimas de violencia de género” en la que reclamó mejoras en la protección de los hijos de las mujeres víctimas de violencia de género.

A la contaminación atmosférica también dedicó su labor en 2017 el Defensor del Pueblo. Como se recuerda desde dicho organismo, varias localidades españolas superaron los niveles aconsejados de contaminación por partículas en suspensión, según las últimas estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre contaminación atmosférica urbana. Por ello, el Defensor del Pueblo mantiene abierta una actuación de oficio ante 15 municipios españoles -A Coruña, Avilés, Barcelona, Bilbao, Ciudad Real, Gijón, Granada, León, Madrid, Murcia, Santander, Sevilla, Toledo, Valencia y Zaragoza- para conocer las medidas que contemplan para atajar la contaminación atmosférica urbana y la información proporcionada a la población.
 
La Oficina del Defensor del Pueblo está dirigida, en la actualidad por Francisco Fernández Marugán, en funciones que, tras ser el adjunto primero, sustituyó a Soledad Becerril cuando en el pasado mes de julio acabó su mandato tras cinco años en el cargo y renunció a una posible renovación. La ex diputada del PP fue la quinta Defensora del Pueblo de la Democracia española y la primera mujer en ocupar este puesto.

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